El Gobierno y los letrados judiciales mantienen el pulso tras casi dos meses de huelga con 330.000 juicios suspendidos

A falta de una semana para que se cumplan dos meses desde el comienzo de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, la solución del conflicto parece estar aún más alejada que en enero. Las negociaciones están completamente varadas entre el cuerpo de funcionarios y el Ministerio de Justicia, a pesar de los graves perjuicios que sufre el sistema judicial español. Las cifras que aportan las asociaciones de letrados hablan por sí solas: más de 325.000 juicios suspendidos, 1.184 millones de euros paralizados y 392.000 demandas pendientes de reparto. Pero las exigencias del comité de huelga son (a parte de inamovibles) maximalistas a ojos del ministerio de Pilar Llop. 

Durante la comisión de Justicia celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados, la propia ministra ha reiterado el planteamiento que su cartera mantiene desde el inicio del conflicto. "Quiero incidir en que las propuestas maximalistas, como las que suponen un incremento de 1000 euros por nómina no suponen la base para un entendimiento mínimo", ha sentenciado ante el descontento de los partidos presentes en la comisión.

La mayoría de los grupos parlamentarios han empleado su turno de palabra en reprochar a Llop su postura frente a los antiguamente conocidos como secretarios judiciales. Entre ellos, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha hablado de "un desastre" de negociación planteada "bajo los postulados del agotamiento de la parte contraria".

"Le suplico que se siente a negociar. ¿Por qué ha mandado al secretario de Estado de Justicia? que no ha estado muy acertado", ha apuntado Bal en referencia a Tontxu Rodríguez, que en muchos casos ha puesto cara al ministerio en la mesa de negociaciones y ha llegado a plantear que las funciones de los letrados judiciales son excesivas y quizás deberían retirar "alguna de ellas".  También el grupo parlamentario Vox ha incidido en la cuestión de la huelga de letrados y ha instado a Llop a que "coja el toro por los cuernos" y cese una actitud que implica, a su parecer, "una violación del derecho a la negociación colectiva". 

La ministra, por otro lado, ha destacado que el Ejecutivo ha decretado una subida de 206,87 euros mensuales para los letrados judiciales, lo que supone un 5,26% de incremento salarial que, unida al aumento del 9,5% que experimentarán todos los funcionarios públicos implica un 14,76% más de salario. "Todo el mundo está en su derecho de adoptar medidas de conflicto colectivo si considera que sus condiciones de trabajo no son adecuadas, pero quizás tengan que explicar qué no es adecuado de una subida salarial de un 14,76%", ha zanjado Llop. 

Perjuicios a ciudadanos y profesionales de la Justicia

Durante la comisión de Justicia celebrada este jueves, Edmundo Bal ha hecho hincapié en uno de los asuntos más espinosos en relación a la huelga: los profesionales de la Justicia perjudicados por el paro en los tribunales. Dado que sin la presencia de los letrados no es posible celebrar juicios ni vistas y tampoco se reparten las demandas, el trabajo de jueces y abogados se ve directamente afectado por la huelga. En muchas ocasiones, la notificación de la suspensión de juicios no llega hasta el mismo día de la cita, por lo que los profesionales no pueden afrontar la situación con antelación. 

La ministra Llop se ha referido a este asunto y ha afirmado que el ministerio ha mantenido varias reuniones con el Consejo General de la Abogacía Española y con el Consejo de Procuradores de España. "Les hemos explicado nuestra postura y la de los letrados de la Administración de Justicia. Vamos a hablar con otros cuerpos y espero que podamos encontrar un acuerdo", ha subrayado, para concluir que "los ciudadanos no merecen estas paralizaciones en los procedimientos". 

A pesar de que los huelguistas responsabilizan al ministerio de cualquier perjuicio causado, la ministra ha incidido en que los letrados "tienen un salario de entre 40.000 y 60.000 euros al año más retribuciones, complementos y sustituciones". Un hecho que los propios miembros del comité de huelga reconocen y que implica, según alegó la semana pasada el secretario de Estado de Justicia, que esta es una huelga "de privilegiados". 

Los letrados se manifestarán el sábado frente a Ferraz

El desencuentro entre las partes es total. Tras la última reunión presencial, que tuvo lugar hace unas semanas y que como el resto de encuentros no contó con la presencia de Llop, el Ministerio de Justicia se ha negado a sentarse con el comité. Alegan que tras aquella negociación se envió una propuesta a los letrados judiciales en la que se incluían subidas salariales a los funcionarios con sueldos más bajos. Aseguran, además, que no han obtenido respuesta alguna, lo cuál parece lógico en tanto que los huelguistas siguen exigiendo una conversación cara a cara. 

Desde entonces ya se ha celebrado una manifestación frente a la sede de la cartera de Llop -tuvo lugar el pasado 9 de marzo- y los letrados planean protestar de nuevo este sábado, esta vez frente a la sede del PSOE durante la celebración de la ejecutiva federal del partido. Ya han solicitado permiso a la Delegación de Gobierno y han animado a través de un comunicado a que "todos los compañeros de Madrid y de toda España mantengan una concentración" en reclamación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y (aseguran) incumplidos por el Gobierno.

Este mismo jueves, mientras Llop era la diana de todas las críticas durante la comisión celebrada en la Cámara Baja, a las puertas del Congreso se escuchaban los gritos de protesta de una decena de letrados que alzaban sus pancartas contra la ministra.