Se prepara una semana intensa para el Tribunal Constitucional, que desde principios de año aprieta el acelerador para zanjar sus tareas pendientes. El presidente de la corte de garantías e impulsor de esta estrategia de desatasco, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado un pleno para abordar durante los próximos días los recursos de Vox contra la ley de la eutanasia -que previsiblemente será avalada en su totalidad- y la ley de educación, conocida como 'ley Celáa' porque así se apellida la ministra socialista que la promovió. 

La primera de estas normas, publicada en marzo de 2021, fue recurrida por Vox en junio del mismo año, días antes de su entrada en vigor. Los diputados alegaron en su recurso que la corte de garantías debía suspender la ley de forma inmediata para evitar el riesgo de pérdida de vidas hasta que el recurso fuera abordado, pero el tribunal lo rechazó. Y en el pleno que comienza el próximo día 21 sus magistrados deberán tomar en consideración la ponencia de Ramón Sáez, un togado progresista que prevé avalar en su totalidad la norma del Gobierno, según confirma Europa Press.

Durante el anterior pleno, que tuvo lugar el día 9 de marzo, Sáez expuso brevemente a sus compañeros el contenido del recurso de la formación de ultraderechas. Después les facilitó la ponencia, en la que el magistrado avala por completo la ley de la eutanasia. Por tanto, la ponencia de Sáez recibirá previsiblemente el respaldo íntegro de la mayoría progresista del tribunal de garantías.

El camino no está tan claro en el caso de la LOMLOE, también recurrida por el partido de Santiago Abascal, que la considera "nefasta", en marzo de 2021. Será el conservador Ricardo Enríquez, el más mayor de todos los magistrados de la corte, quien se encargue de presentar la ponencia sobre el recurso de Vox contra la norma de educación. Según adelantó El Español, Enriquez prevé dar el visto bueno a todos los preceptos de la ley a excepción de dos de ellos. Acorde con la formación de Abascal, el togado pone objeciones al rechazo de cualquier ayuda pública dirigida a centros privados que segreguen a niños y niñas. Según Enríquez, este aspecto debe ser declarado inconstitucional. 

El ponente tampoco está de acuerdo con la ley porque sólo obliga a la administración a tener en cuenta la voluntad de las familias de estudiantes con necesidades especiales cuando quieren educarlos en centros ordinarios. Después de que Vox presentara este recurso, el Partido Popular presentó otro en la misma línea, con lo que las conclusiones que se extraigan ahora podrán ser reiteradas en el futuro. 

La propuesta de Ricardo Enríquez podría ser rechazada por un pleno en el que hay siete magistrados progresistas y cuatro conservadores. Si la mayoría decide, efectivamente denegar la ponencia del magistrado, este se verá en la tesitura de decidir si la modifica -en cuyo caso podrá presentar un voto particular discrepante- o si rechaza la ponencia. 

En este último caso, el presidente Conde-Pumpido deberá decidir a qué otro magistrado le otorga la nueva ponencia, que se deberá preparar desde cero. En todo caso, el debate sobre la ley educativa no llegará a una conclusión clara durante el pleno de esta semana, y probablemente deba continuar más adelante.