Ratifican la prisión sin fianza para el funcionario de carreteras de Cantabria
La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la prisión provisional comunicada y sin fianza para Miguel Ángel Díez Barrio, el jefe de servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, supuesto cabecilla de una trama de adjudicaciones irregulares en ese departamento.
Según han informado fuentes jurídicas, la Audiencia ha desestimado el recurso de la defensa de este funcionario, cuya prisión provisional fue ordenada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que lleva esta causa.
Este funcionario fue detenido el 22 de febrero junto a su mujer, sus dos hijas y cuatro empresarios, que supuestamente fueron beneficiados por este jefe de servicio en la adjudicación de contratos de mantenimiento y servicios de carreteras.
Riesgo de fuga
Tras declarar ante la juez dos días después, todos los detenidos fueron puestos en libertad con cargos, excepto Miguel Ángel Díez Barrio, cuyo abogado solicitó dos semanas más tarde su salida de prisión.
La investigación que llevó a estas detenciones se inició en enero de 2022 por parte de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que realizaron los registros de la Consejería de Obras Públicas, los domicilios particulares de los detenidos y las sedes de las supuestas empresas implicadas.
La juez justificó la entrada en prisión de Miguel Ángel Díez Barrio por los "sólidos indicios de comisión delictiva" a los que apunta la investigación y su elevado riesgo de fuga, ya que contaría con un patrimonio estimado en "varios millones de euros".
Este funcionario tuvo en 2022, según señalaba ese auto del Juzgado, entradas en sus cuentas por casi tres millones de euros, además de poseer un cuenta en un banco de Luxemburgo y operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros. También la juez apunta donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importe de 775.000 euros.
La defensa de Miguel Ángel Díez Barrio, que pidió ante la Audiencia su salida de prisión, alegó que el riesgo de fuga no era tal porque sus cuentas están bloqueadas y además, negó la existencia de esa cuenta en Luxemburgo.
Una trama familiar
La investigación apunta que ese jefe de servicio de carreteras era cabecilla de una trama familiar, que a través de una empresa de fotocopias ficticia, introducía en el curso legal el dinero que recibía de manos de empresarios, presuntamente, a cambio de adjudicaciones de obras.
Todo ello supondría, según la juez, la comisión de delitos de cohecho, prevaricación, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La detención de este funcionario ha llevado a la dimisión del consejero de Obras Públicas, el regionalista José Luis Gochicoa, de su número 2, el director general del ramo Manuel del Jesus, y del subdirector Sebastián Martín, porque supuestamente tenía agenda, dos días después de las detenciones, una comida en el Celler de Can Roca con Miguel Ángel Díez Barrio, su esposa y dos de los empresarios detenidos.