Andalucía da luz verde al recurso ante el TS contra el recorte del trasvase Tajo-Segura

Ya es oficial. Andalucía ha dado luz verde al recurso contra la decisión del Gobierno central de recortar el trasvase Tajo-Segura, sumándose así a las otras dos comunidades autónomas afectadas por esta medida, la Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, que eleva hoy su recurso ante la justicia, y Murcia, cuyo presidente, el popular Fernando López Miras, tiene previsto aprobarlo mañana.

Así, el Consejo de Gobierno de la Junta dio este martes el visto bueno en su reunión semanal al recurso que presentará ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobado el pasado enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y que incrementa el caudal ecológico del río hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo. 

Esto, señaló la Junta, supone un "recorte de 105 hectómetros cúbicos" de agua para una zona de la península ibérica "especialmente afectada por la sequía". Y "pone en riesgo, por un lado, la supervivencia de 23.000 hectáreas de cultivo; y, por otro lado, los aportes que diversos municipios del Levante de Almería reciben del trasvase Tajo-Segura para abastecer a alrededor de 150.000 personas".

Una medida "arbitraria"

El Gobierno de Juanma Moreno alega en su recurso, al igual que las comunidades de Murcia y Valencia, la "falta de respaldo científico" a la medida que el Estado ha adoptado de forma, denuncian, "unilateral" y "arbitraria". Así como el hecho de que no existe una "obligación judicial" para elevar el índice del caudal ecológico hasta la antes mencionada cantidad. En este sentido, la Junta mantiene que, como se trasladó en la reunión del Consejo Nacional del Agua, los informes establecen que seis metros cúbicos por segundo "serían suficientes para garantizar el buen estado del río".

"El recorte del trasvase supone un auténtico disparate", ha lamentado en rueda de prensa el portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, que calificó la decisión del Gobierno central de "sinrazón que va a abocar a la ruina a un inmenso porcentaje del sector productivo de esta zona de Andalucía". Por tanto, "serán los tribunales los que tengan que pronunciarse", continuó el portavoz del Ejecutivo andaluz, que reiteró que "con el agua no se juega, es demasiado importante como para que frivolicemos".