El Tribunal Constitucional ha avalado por mayoría de 9 votos frente a 2 la ley de eutanasia impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, rechazando así el recurso que había presentado Vox.

El resultado implica una ruptura de los denominados bloques progresista (ahora mayoritario, con siete magistrados) y conservador (cuatro) del tribunal, ya que solo los magistrados del segundo Enrique Arnaldo y Concepción Espejel se han opuesto al dictamen que había preparado Ramón Sáez Valcárcel.

El ponente, un togado progresista, expuso ya la semana pasada su posición al respecto del recurso de Vox, adelantando su concepción de la eutanasia como un derecho que no deja "desprotegida" la vida, a diferencia de lo que la formación denunciaba en su recurso de 87 folios, presentado en 2021. 

El partido de Santiago Abascal solicitó, a los pocos días de aprobarse la norma, la suspensión cautelar de la misma, alegando que mientras el Constitucional deliberaba sobre su contenido se podrían dejar desprotegidas muchas vidas. Sin embargo, el tribunal de garantías rechazó desde el principio las cautelares y se ha mostrado hoy contrario al criterio de Vox, que considera que la ley es "radicalmente inconstitucional" y supone "el sacrificio del derecho fundamental a la vida". 

El articulado, que salió adelante con el voto en contra del PP, Vox y UPN, va dirigido a aquellos mayores de edad que sufran una enfermedad grave, incurable e imposibilitante, a los que permite solicitar "asistencia" al Estado para morir de forma "autónoma, consciente e informada". Un derecho que Vox interpretó como una "derrota de la civilización" y una "victoria de la cultura de la muerte" y de "quienes han arrojado la toalla" ante la posibilidad de aplicar cuidados paliativos. 

El partido de Abascal impugnó la norma por dos cuestiones principales. La primera, de carácter formal, es el procedimiento de aprobación de la ley. En este sentido, Vox denunciaba que el origen del articulado fue una proposición de ley orgánica en el Parlamento, lo que a sus ojos constituía un fraude de ley por eludir los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Comité de Bioética, restringiendo de esta forma el debate de las Cámaras. 

A este respecto, el tribunal recuerda que "el Comité de Bioética elaboró un informe de público conocimiento" y que "las proposiciones de ley de origen parlamentario no requieren" de estos informes. La segunda impugnación de los de Abascal se centraba en la vulneración del derecho a la vida que (a su parecer) implicaba la norma. 

El debate que han librado los magistrados de la corte de garantías, por tanto, se centraba en una cuestión muy concreta: debían considerar si este derecho adquirido en virtud de la ley de la eutanasia entraba en conflicto con el derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Carta Magna. El precepto constitucional dice que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". 

Unas líneas que, según el criterio del Tribunal Constitucional, no impiden la posibilidad de practicar la eutanasia, dado que "la Constitución ampara un derecho de autodeterminación que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones medicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes". 

Para ejercer este derecho, agrega el tribunal, debe producirse "una petición expresa y reiterada del paciente" en un contexto "médicamente verificado" cuando el padecimiento "no ha podido ser mitigado por otros medios". "No cabe aceptar el marco de análisis que proponen los recurrentes al considerar única y aisladamente el derecho fundamental a la vida", zanja la corte de garantías. Queda amparada, por tanto, "la decisión individual, libre y consciente de darse muerte por propia mano, en un contexto de sufrimiento extremo como el que describe la ley orgánica cuestionada". 

Los magistrados contrarios a la decisión del Constitucional (Enrique Arnaldo y Concepción Espejel) han anunciado que presentarán los respectivos votos particulares discrepantes contra la sentencia aprobada por el Pleno, "por entender que la misma excede el alcance y los límites del control que corresponde al tribunal". Ambos togados objetan a su vez la calidad de la norma, que a su parecer "contiene múltiples imprecisiones en varios preceptos". 

El acelerón del Tribunal Constitucional

El rechazo al recurso de la ley de eutanasia se enmarca en un contexto de desatasque de las cuestiones más trascendentes que el tribunal debe abordar y que, según el plan de choque impulsado por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, abordará en cuestión de meses. El próximo de estos asuntos ya se ha comenzado a debatir y se trata de otro recurso de Vox (que presume de haber presentado decenas de ellos), esta vez contra la actual ley de educación, conocida como 'ley Celáa'. 

El ponente que tratará este recurso es Ricardo Enríquez, un conservador que es, a día de hoy, el más veterano de los togados del tribunal. Enríquez, según adelantó El Español, tiene previsto rechazar el recurso de Vox a excepción de dos puntos. 

Acorde con la formación de Abascal, el togado pone objeciones al rechazo de cualquier ayuda pública dirigida a centros privados que segreguen a niños y niñas. Según Enríquez, este aspecto debe ser declarado inconstitucional.

El ponente tampoco está de acuerdo con la ley porque sólo obliga a la administración a tener en cuenta la voluntad de las familias de estudiantes con necesidades especiales cuando quieren educarlos en centros ordinarios. Después de que Vox presentara este recurso, el Partido Popular presentó otro en la misma línea, con lo que las conclusiones que se extraigan ahora podrán ser reiteradas en el futuro.

La propuesta de Ricardo Enríquez podría ser rechazada por un pleno en el que hay siete magistrados progresistas y cuatro conservadores. Si la mayoría decide, efectivamente, denegar la ponencia del magistrado, este se verá en la tesitura de decidir si la modifica -en cuyo caso podrá presentar un voto particular discrepante- o si rechaza la ponencia.