La Generalitat catalana abrió expediente a 1.024 menores de edad de menos de 14 años y, por lo tanto, inimputables, derivados de los Mossos d'Esquadra o de la Fiscalía durante 2022 por posibles delitos. Un 10% de estos casos, 103, estaban relacionados con delitos contra la libertad sexual, como abusos, violaciones o la grabación y difusión de imágenes sexuales sin permiso de la víctima.
Esta cifra supone casi el doble que en 2015, cuando hubo 53, y representaban el 5,4% de los 975 menores inimputables vinculados a comportamientos delictivos. También han aumentado considerablemente los casos de acoso escolar, que pasaron de los 109 de 2016 a 171 en 2022, y saltaron del 10% de los caos al 16%.
Los hechos delictivos contra personas supusieron el 27,3% del total, con 280 casos, de los que 202 fueron graves. En 2015 este tipo de delitos eran el 36,5% del total y sumaron 356 casos. La violencia filioparental llegó a los 28 casos, cifra similar a los 30 de 2015.
Han aumentado considerablemente los casos de acoso escolar, que pasaron de los 109 de 2016 a 171 en 2022, y saltaron del 10% de los caos al 16%
Por último, los hechos delictivos contra la propiedad supusieron el 37% del total, con 378 casos: 231 robos sin violencia, 102 fueron daños en propiedades y 45 fueron robos con violencia. En 2015 suponían el 52% de los casos, con un total de 509.
El servicio de atención a menores inimputables de la DGAIA (EMI-14) es el que lleva a cabo el programa 'Educant en la responsabilitat' (Educando en la responsabilidad). El programa tiene como objetivo dar una respuesta desde el sistema de protección a los menores de 14 años que tienen comportamientos que se considerarían delito si fuesen mayores de esta edad. La actuación de la DGAIA está centrada en una perspectiva preventiva y restaurativa: atención de factores de riesgo de conductas disociales, responsabilización del infractor, reparación del daño a la víctima y restauración de las relaciones sociales rotas por el delito.
En el marco de este programa, el equipo valora el caso y hace un estudio del presunto agresor y de su situación personal, social y familiar para abordar los factores de riesgo que puedan generar conductas disociales en el futuro. Se pueden citar a los padres y al menor para valorar la situación familiar (adivinar si hay situación de desprotección y sobre todo valorar el riesgo de que presente conductas disociales en el futuro).
En caso de que sea necesario, se inicia un acompañamiento educativo terapéutico desde el mismo servicio (que de media dura un año) o se activan los recursos más adecuados para atender las necesidades detectadas (por ejemplo, atención a la salud mental).
Como última opción, y si se detecta una posible situación de desamparo, la DGAIA asume la tutela del menor y deriva la guardia y custodia a la familia extensa, a una familia de acogida o a un centro residencial.
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