La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha impuesto su criterio en lo que respecta a la ley de educación en el Pleno que el órgano ha celebrado este jueves. Así, las pocas objeciones que había planteado el ponente de la sentencia que dictaminará la constitucionalidad de la norma han decaído, por lo que el magistrado Ricardo Enríquez redactará un nuevo texto en el que se avalará íntegramente la también conocida como 'ley Celáa'.

Enríquez solo ponía un par de pegas a la ley de educación aprobada por el Gobierno de coalición. Una de ellas es que no está de acuerdo con que la norma obligue a la Administración a tener en cuenta la voluntad de las familias de estudiantes con necesidades especiales cuando quieren educarlos en centros ordinarios, pero no en los casos en los que quieran elegir un centro de educación específica. 

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Asimismo, el magistrado pone objeciones al rechazo de cualquier ayuda pública dirigida a centros privados que segreguen a niños y niñas. Según Enríquez, este aspecto debía ser declarado inconstitucional, pero los siete magistrados progresistas -frente a los cuatro conservadores- han impuesto su criterio y han votado en contra de que este planteamiento figure en la ponencia. 

A diferencia de otras ocasiones, en las que el ponente de la sentencia descartaba redactar una nueva acorde a la mayoría si no estaba de acuerdo con esta, ahora Enríquez se ha prestado a modificar su texto con la posibilidad de emitir luego un voto particular discrepante con el mismo.

Con este paso, el Tribunal Constitucional avanza sin tomar apenas ningún desvío hacia el objetivo que el presidente Cándido Conde-Pumpido planteó al ser investido a principios de año: quitarle el polvo a los recursos más trascendentes y poner al día el tribunal. Sus primeras y más importantes decisiones han sido dar luz verde a leyes tan paradigmáticas para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos como esta de educación.

El primer paso que dio el TC liderado por Conde-Pumpido fue avalar la ley del aborto, recurrida por el Partido Popular hace más de doce años. Y esta semana se han estudiado dos normas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ley de la eutanasia y, ahora, la ley de educación, ambas respaldadas por la mayoría progresista que compone el actual tribunal. 

La ley educativa que recibe el nombre de la exministra socialista Isabel Celáa fue recurrida por el grupo parlamentario Vox. El nuevo escrito, que según confirman fuentes del órgano a 20minutos podría llegar después de Semana Santa, rechazará íntegramente el recurso de Vox y confirmará, por ende, la constitucionalidad de la norma educativa del Gobierno.