Los asalariados son indiscutiblemente los grandes perdedores de la crisis inflacionaria que lleva más de año y medio erosionando el poder adquisitivo de los españoles. Desde que en 2020 la pandemia hiciera acto de presencia, los sueldos de los empleados públicos y privados han sufrido una fuerte devaluación. Al mismo tiempo, las empresas han recuperado los márgenes de beneficio anteriores al covid y la renta de los pensionistas ha quedado blindada por la vuelta a la revalorización conforme al IPC.

Desde 2019 hasta 2022, los salarios negociados por convenio colectivo han registrado una subida del 5,9%. Un incremento que si tenemos en cuenta el alza registrada hasta ahora en los convenios con efectos en 2023 (del 2,89%), alcanza el 9%. Mientras que en ese mismo periodo los precios del consumo se habrán disparado hasta el 15,5% (si se cumple la proyección del Banco de España, que apunta a que la inflación interanual cerrará en un 3,7% de media en 2023). 

No obstante, los trabajadores podrían llegar a recuperar algo del poder adquisitivo perdido este año. Los últimos convenios firmados en 2023 —que cubren a 245.000 trabajadores— recogen subidas del 5,2% que en caso de consolidarse en los próximos meses podrían superar la inflación prevista para este año. 

En lo que respecta a los empleados públicos, la subida de sueldos acumulada desde ese año alcanzará en 2023 el 9,6% en el mejor de los casos, pues del 3,5% de subida prevista para este año, un punto porcentual depende de la inflación y el crecimiento del PIB que se registre. Lejos también de la senda endiablada que marcan los precios. 

Al margen del efecto de la subida de precios, también hay que tener en cuenta que la mayoría de los hipotecados son asalariados, sobre todo quienes más años de préstamo tienen por delante. La subida del euríbor ha llegado a disparar las cuotas de las hipotecas variables hasta un 55% lo que asfixia aún más a unos 4 millones de hogares en los que el dinero que entra procede fundamentalmente de rentas salariales.

Sin embargo, mientras los 17,4 millones de asalariados que hay en España han perdido poder de compra, las empresas ya han recuperado los márgenes de beneficios que tenían antes de la pandemia. Según un análisis del Banco de España elaborado con datos del INE, los márgenes empresariales medidos sobre el valor añadido bruto —es decir, el valor total de todo lo producido en la economía española descontados los costes de producción— ya están 4% por encima de lo que se registraba en el cuarto trimestre de 2019. 

No obstante, fuentes del Ministerio de Economía apuntan a que no hay evidencias de que los beneficios estén alimentando la inflación. Algo que sí creen los sindicatos y reconocen internamente en el Banco Central Europeo (BCE), tal y como publicaba la agencia Reuters a comienzos de mes. Además, las mismas fuentes advierten de que ampliar beneficios en un entorno como el actual es "pan para hoy y hambre para mañana" y recuerdan que estarán vigilantes de que las empresas mantengan sus márgenes.

Los otros dos colectivos que han conservado sus rentas son los pensionistas y los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI). Ambos grupos se han visto favorecidos por la política de protección de rentas del Gobierno, que ha optado por blindar su poder de compra. 

En el caso de los pensionistas —alrededor de 9 millones y medio de españoles— las prestaciones habrán crecido un 16,9% entre 2019 y 2023 siempre que se cumplan las proyecciones de inflación del Banco de España. Un aumento ligeramente superior al de los precios, debido a que en 2020 se produjo una ligera bajada del IPC, mientras que las pensiones se revalorizaron un 0,9%.

Y en lo tocante al SMI, las cuatro últimas subidas han elevado esta renta en un total de un 18,7% desde 2019. Gracias al último incremento, aprobado por el Gobierno a finales de enero, el poder de compra de los salarios más bajos del escalafón ha quedado protegido.

Sin pacto de rentas

La brusca devaluación de los salarios es una de las consecuencias de la ausencia de un pacto de rentas. Una iniciativa para establecer un reparto equilibrado de los costes de la crisis que organismos como el Banco de España o el propio Gobierno han intentado promover hasta ahora sin éxito. El problema con el pacto de rentas es que todos coinciden en que es necesario, pero cada uno lo entiende de una manera. 

El Banco de España ha pedido en reiteradas ocasiones que un eventual pacto de rentas incluya también a los pensionistas, una opinión que comparten los empresarios y la oposición, pero que Gobierno y sindicatos rechazan de plano. También se ha hablado de que el acuerdo debería incluir igualmente los beneficios empresariales, pero sin desarrollar de qué manera.

Sindicatos y empresarios concluyen sin acuerdo la primera reunión para negociar los salarios en casi un año

En la medida en que ya se han alcanzado acuerdos de rentas sobre el salario mínimo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios, la gran asignatura pendiente son los salarios privados y los beneficios. El escenario en el que se estaba negociando este asunto era la mesa del Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), un acuerdo marco en el que sindicatos y empresarios pactan unas recomendaciones para negociar los convenios colectivos.

Las negociaciones para renovar el AENC, caducado desde 2020, se rompieron en mayo del año pasado y se han retomado esta semana con un encuentro entre sindicatos y empresarios en la sede de la patronal. Las posiciones siguen siendo antagónicas. Los sindicatos han propuesto una subida de salarios del 14% entre 2022 (de forma retroactiva) y 2024 con cláusulas de garantías vinculadas al IPC y a los beneficios empresariales en cada sector. La patronal se siente cómoda con su enfoque de llevar la negociación al ámbito sectorial, negociando convenio a convenio, mientras que las centrales sindicales acusan a los empresarios de estar aprovechando la coyuntura para aumentar beneficios a costa de los salarios.

Aunque un pacto de rentas se antoja difícil, no es un objetivo imposible. Sin ir más lejos, en Portugal el Gobierno, los empresarios y los sindicatos firmaron el año pasado un acuerdo para fijar unas subidas salariales mínimas hasta 2026. El pacto estableció que los salarios crezcan un 5,1% en 2023; un 4,8% en 2024; un 4,7% en 2025 y un 4,6% final en 2026.