Después de 63 días, más de 350.000 juicios suspendidos, 1.280 millones de euros bloqueados y 424.000 demandas pendientes de reparto, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia llega ahora a su final. Los encuentros entre el comité de huelga y el Ministerio de Justicia -tras dos meses de enfrentamiento y descalificaciones- han dado sus frutos y los letrados han acordado por medio de votación asamblearia aceptar la última oferta del Ejecutivo.
Según ha comunicado el Colegio de Letrados, la mayoría ha decidido cesar la huelga a cambio de una oferta que incluye una retribución (por medio de "complemento de eficiencia") de hasta 450 euros al mes por letrado. La suma varía en función de las atribuciones de estos funcionarios, se impondrá de manera gradual hasta julio de 2024 y tendrá carácter consolidable. El 76% de letrados ha votado a favor de aceptar la oferta, frente a un 21% que ha votado en contra. El 3% restante se ha abstenido.
Queda así respaldada la decisión de cesar la huelga, que se materializará este martes a las 11 de la mañana a través de una reunión con el Ministerio de Justicia, si bien el comité de huelga advierte de que quedan por aclarar "algunos términos del acuerdo final".
"La propuesta del ministerio asume la trascendencia de las letradas y letrados de la Administración de Justicia para desarrollar los proyectos del ministerio", subraya el comunicado publicado recién entrada la tarde de este lunes. El Colegio de Letrados ha señalado que "la entidad de tareas" adjudicadas al cuerpo se ven reconocidas "con una propuesta que no llega adonde gustaría a todos", pero que estos funcionarios valoran "en beneficio del servicio público" que prestan.
Para la inmensa mayoría de los letrados, la subida será de 430 euros mensuales, a excepción del 3% que está destinado en los Servicios Comunes Procesales y el otro 3% que ejerce en las Secretarías de Gobierno de Coordinación Provincial y en las direcciones de servicio común. Para estos dos grupos, la subida será de 440 y 450 euros, respectivamente.
Queda descartada, por tanto, la cláusula de reenganche salarial que los letrados situaban como condición indispensable para el cese de la huelga. Esta exigencia, que consistía en subir el sueldo de los letrados hasta equipararlo al 85% del salario de los jueces, ha sido rechazada desde el inicio por la cartera de Pilar Llop, que la consideró siempre "imposible" por implicar un aumento lineal de 1.100 euros al mes por nómina. Dado que los salarios de este cuerpo de funcionarios oscilan entre los 39.000 y los 60.000 euros anuales, Justicia siempre consideró que el aumento era una exigencia "de privilegiados".
Tras cuatro reuniones fallidas, el equipo de Llop trasladó por escrito una propuesta que contempla subidas a los sueldos más bajos pero que, según reprocharon desde el comité, "no llega al 30% de lo que se prometió en abril". Y hasta la semana pasada no hubo ningún contacto nuevo entre las partes. Este pasado domingo, la ministra de Justicia subrayó que se han celebrado más de 30 reuniones desde el comienzo de la huelga e instó a los letrados a bajarse de "maximalismos" y descartar una subida "completamente inasumible" como la que proponían desde un inicio.
El conflicto de los letrados de la Administración de Justicia tiene su raíz en dos reformas legales sucedidas en 2009 y 2015 que otorgaron a estos profesionales una mayor carga de trabajo no acompañada de una adecuación salarial, según denuncian. En aquel entonces, según relató uno de los representantes del comité de huelga a 20minutos al comienzo de los paros, los letrados asumieron aquel desequilibrio.
Pero en 2022, comenzaron a exigir subidas salariales y un estatuto acorde con los cientos de funciones que habían asumido en los últimos años. Convocaron dos paros en enero y marzo y plantearon uno más en abril, pero finalmente no se realizó porque el Ministerio de Justicia respondió a las demandas y se comprometió a asumir una serie de compromisos.
La cartera de Pilar Llop aseguró, al cabo de unos meses, que se había cumplido el grueso de los acuerdos. Una afirmación con la que los letrados se mostraron en claro desacuerdo, denunciando especialmente la falta de adecuación salarial. Desde septiembre del año pasado se cortó el contacto entre las partes, y tras dos breves paros convocados a finales de 2022, los letrados decidieron comenzar este enero una huelga indefinida.
Y dado que los 4.300 funcionarios que componen este cuerpo son los encargados de dar fe pública, dirigir la oficina judicial, dictar resoluciones y gestionar los pagos en la Administración de Justicia (desde las pensiones alimenticias hasta los embargos o las indemnizaciones) manejando hasta 4.500 millones de euros al año, los paros han tenido un gravísimo impacto en el funcionamiento de la Justicia española.
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