La exconsejera de Educación de la Generalitat y europarlamentaria Clara Ponsatí regresó el martes a España tras pasar cinco años a caballo entre Bélgica y Escocia, prófuga de la Justicia española junto a sus compañeros Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluis Puig, Marta Rovira y Meritxell Serret y Anna Gabriel, que ya regresaron al suelo español en 2021 y 2022 respectivamente.

Tras atravesar la frontera francoespañola y llegar a Barcelona, Ponsatí celebró una rueda de prensa para denunciar "la violación sistemática de los derechos de los catalanes" por parte del Estado español. Acto seguido, la eurodiputada salió a pasear por la ciudad, dejándose acompañar por una marabunta de periodistas y adeptos, en busca de una primera foto que simbolizase la "represión" del Estado español: su detención pública pese a no estar expuesta a una pena de cárcel. 

Fue un mosso d'esquadra el encargado de detenerla entre los gritos de los allí presentes, "Deixeu a la Clara (deja a Clara)", y los de la propia exconsejera, que le preguntaba: "¿Usted sabe que esta detención es ilegal? tengo inmunidad parlamentaria". A diferencia de Anna Gabriel y Meritxell Serret, Ponsatí había decidido no acudir voluntariamente al Tribunal Supremo, que mantenía una orden nacional de detención contra ella. En consecuencia, fue detenida y trasladada esa misma tarde al juzgado de Instrucción 4 de Barcelona, que la dejó en libertad en torno a las 23 horas. La exconsejera, que deberá declarar en el Supremo el 24 de abril, ya ha regresado a Bruselas. 

¿Por qué regresa ahora?

El momento escogido por Clara Ponsatí para volver a España no es en absoluto casual, es consecuencia directa de la derogación del delito de sedición, una reforma legal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que entró en vigor a principios de año. Tanto la supresión de este delito como la reforma de la malversación fueron pactadas con ERC con el pretexto de "adecuar" la legislación a las normas de la UE, pero con la intención de allanar el camino a los independentistas y desjudicializar el conflicto. 

Pero el instructor del caso del procés, Pablo Llarena, dio un vuelco a la situación al considerar que la sedición debe sustituirse por un delito de desobediencia (en vez de acudir a los desordenes públicos agravados que el Ejecutivo diseñó). Su auto estableció además que los delitos de malversación por los que se condenó a parte de los líderes independentistas y se imputó a los fugados permanecen intactos, sin rebaja de pena. 

Para Clara Ponsatí y Marta Rovira, esto supone pasar de enfrentarse a una pena que podría superar los diez años de cárcel a saber que pueden entrar a España sin riesgo de quedar presas, pues el delito de desobediencia (el único que se les imputa) se castiga con multa e inhabilitación. Ponsatí ha sido la primera fugada en regresar tras la derogación de la sedición, a dos meses de las elecciones municipales. 

¿Cuál es su situación judicial?

Una vez Ponsatí ya estaba detenida en Barcelona, el juez de guardia de incidencias de Barcelona dejó el asunto en manos de Llarena, que firmó un auto decretando la puesta en libertad de la exconsejera y anulando la orden de detención nacional contra ella. Además le llamó a comparecer el 24 de abril y le requirió que diera un teléfono y un domicilio donde ser "localizada de inmediato". Ponsatí deberá comparecer cuantas veces sea necesario, según el auto. Su negativa, advierte Llarena, "conllevará la modificación de su situación personal y su conducción ante este tribunal por la fuerza pública".

Pero la defensa de Ponsatí, a cargo del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, tiene intención de dar la batalla. Boye ha declarado ya en varios medios que su clienta no tiene "ninguna intención" de acudir voluntariamente al Supremo, cuya autoridad no reconoce. 

Es más, el abogado ha anunciado que recurrirá el auto de puesta en libertad así como la resolución dictada la semana pasada en la que se confirma el procesamiento de los huidos. Boye prevé además que Puigdemont regrese a España "antes de que acabe el año", a pesar de que él corre el riesgo de ser encarcelado. 

¿Que implica la inmunidad parlamentaria?

Clara Ponsatí, igual que Carles Puigdemont y Toni Comín, goza a día de hoy de la inmunidad que le otorga su condición de eurodiputada. El expresident y su exconsejero de Salud llegaron al Parlamento Europeo en 2019, cuando ya estaban siendo investigados, y Ponsatí en febrero de 2020, cuando a causa del Brexit se adjudicaron a España cinco escaños adicionales. Sin embargo, la Eurocámara estudia a día de hoy la legalidad de sus escaños, dado que no acudieron a jurar la Constitución española en su toma de posesión, un requisito que, a priori, es indispensable. 

La inmunidad es una garantía que se da a los aforados para que puedan ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecuciones políticas arbitrarias, según recoge la propia Eurocámara. Lo que implica es que si un tribunal quiere procesar a un eurodiputado, antes debe emitir un suplicatorio, es decir, una solicitud para que el Parlamento Europeo lo avale y retire la inmunidad. 

No obstante, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha afirmado este miércoles que "existen disposiciones que permiten efectuar detenciones" de eurodiputados a pesar de su inmunidad.

¿Cuál es la situación de los demás huidos?

El horizonte de Puigdemont y Comín es muy distinto al de Ponsatí, dado que ambos están reclamados por malversación además de por desobediencia. La cuestión es que, dado el criterio expresado por Llarena, se debe aplicar una versión agravada del delito de malversación por apreciarse ánimo de lucro, por lo que ambos podrían ser condenados hasta a 12 años de prisión y 20 de inhabilitación. 

Mientras el Tribunal de Justicia de la UE no se pronuncie sobre su inmunidad y Llarena no reactive las euroórdenes, Puigdemont y Comín podrán circular libremente por los países miembros. Pero si entran en España, serán detenidos y juzgados. 

La situación de Lluis Puig, que no es eurodiputado, es bastante similar por el momento, ya que está perseguido por un delito de malversación. Al estar las euroórdenes suspendidas de momento, Puig sigue residiendo en Bélgica. Y Marta Rovira no parece tener intención de salir de Suiza, donde reside con su familia, pese a que actualmente está en la misma situación que Ponsatí, reclamada por un delito de desobediencia y sin ningún riesgo de ser encarcelada.