El TSJC condena a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo a un amigo

El desenlace del juicio a a la presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, se hizo público ayer, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio a conocer su sentencia, que la condena a cuatro años y medio de cárcel, 13 de inhabilitación y una multa de 36.000 euros. Esta es la pena que le impone por cometer los delitos de prevaricación y falsedad documental, al adjudicar presuntamente 18 contratos a dedo a un amigo, el informático Isaías Herrero, por un valor de 335.700 euros, cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). 

Sin embargo, la sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, contempla una petición de indulto al Gobierno para rebajar la condena de prisión a dos años, mecanismo que prevé la justicia cuando se entiende que se debe imponer una pena determinada, pero, a la vez, se considera excesiva por la especificidad del caso. La aceptación por parte del Ejecutivo permitiría a Borràs librarse de la cárcel, pues la ley lo permite si la condena no excede los 24 meses y no se tienen antecedentes penales.

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«La sentencia no es firme ni justa y no me impedirá seguir trabajando por la independencia de Catalunya», afirmó la líder de Junts, que dijo que no parará en su «lucha por defender su honradez y reclamar una absolución que con toda seguridad algún otro tribunal proclamará». 

Sin lucro personal

Para argumentar la petición de indulto, el fallo –con un voto particular que propone como máximo 21 meses de prisión por falsedad documental, al apreciar dilaciones indebidas– destaca que la pena de cuatro años y medio de cárcel «resulta desproporcionada y excesiva». Precisa que las «actividades falsarias» que llevó a cabo Borràs no estaban orientadas a obtener un «lucro personal», sino que tenían como única «razón de ser» el «enmascaramiento» de la conducta prevaricadora. Asimismo, subraya que no es «necesario» ejecutar la pena de prisión para «evitar la comisión futura de nuevos delitos», debido a la «efectividad» de la condena de inhabilitación impuesta.

Por otro lado, la sentencia impone dos años de cárcel a Isaías Herrero, y un año y dos meses a Andreu P., quien se prestó a facturar trabajos para ocultar la supuesta adjudicación irregular de contratos. A ambos les absuelve del delito de prevaricación, pero les considera cooperadores necesarios del delito de falsedad documental. Herrero también tendrá que pagar una multa de 2.100 euros y se le  inhabilita para tener contratos con las administraciones públicas durante un año y diez meses. A Andreu P., se le impone, asimismo, un año de inhabilitación para contratar con administraciones y 2.250 euros de multa.

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En el juicio, que finalizó el 1 de marzo, la Fiscalía pidió seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs, así como 144.000 euros de multa. Los otros dos acusados llegaron a un pacto con el ministerio público para confesar, lo que hizo que las fiscales rebajaran la petición de penas para ellos. Para Isaías Herrero, se pasó de seis a dos años de prisión, y para Andreu P., de tres años a 14 meses. 

Apoyo de Junts

Tras conocerse la sentencia del TSJC, alrededor de un centenar de personas se concentraron a las puertas del Parlament para expresar su apoyo a la líder de Junts y corearon consignas a su favor y contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Borràs se acercó hasta allí y compareció arropada por el expresidente del Govern Quim Torra y la plana mayor de JxCat. No estaba el alcaldable Xavier Trias. 

Fue entonces cuando Borràs calificó la sentencia de injusta y dijo que seguirá reclamando una «absolución». Lamentó que ha «podido demostrar» su «inocencia», pero al Estado no le ha sido suficiente «para impedir esta aberración judicial». Además, se calificó como una «persona íntegra» que no ha cometido «ningún delito» y arremetió contra quienes la quieren «apartada de la política» –en una alusión velada a ERC–, a quienes preguntó si están dispuestos a «aprovecharse» de la «represión española» para usarla «con fines partidistas». 

Aragonès desvinculó de la «represión» independentista la sentencia condenatoria del TSJC e instó a los grupos parlamentarios del Parlament a «encontrar lo antes posible las fórmulas» para renovar la presidencia de la cámara. Preguntado por si Borràs tendría que dar un paso al lado, deseó que «tome la decisión más adecuada» para preservar la dignidad de la institución.