El Parlamento de Navarra aprueba la ley contra el racismo: estos son los mecanismos para luchar contra la discriminación

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral de lucha contra el racismo y la xenofobia, un texto que alinea el actual marco regulatorio con lo dispuesto en el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-25, de manera que se haga efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación por nacionalidad u origen étnico o racial.

El proyecto, presentado por el Gobierno foral, ha contado con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que Navarra Suma se ha abstenido, señalando que la norma es "una auténtica chapuza".

Un Consejo para luchar contra el racismo

Para procurar sustento legal y social a las personas "racializadas", es decir, a todas aquellas que son "potenciales víctimas del racismo y la xenofobia", la ley instituye una serie de mecanismos de prevención entre los que se incluye la creación del Consejo Navarro para la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, en el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta ley.

Se trata de un órgano consultivo y de participación que, bajo la presidencia del consejero competente en la materia, estará integrado por representantes de la Administración foral, la Oficina del Defensor del Pueblo, las entidades locales, asociaciones especializadas y otras con presencia significativa de personas racializadas o de minorías étnicas.

Mecanismos en diferentes sectores

El Gobierno de Navarra asumirá la elaboración de un plan de lucha contra el racismo y la xenofobia que será renovado cada 5 años. A su vez, facilitará el "apoyo técnico y económico" necesario para que las entidades locales puedan elaborar sus propios planes, con el fin de dar respuesta a las manifestaciones específicas de discriminación localizadas en su ámbito territorial.

En la esfera educativa, el departamento se encargará de difundir los contenidos de esta norma y asumirá la implantación de las medidas necesarias para "eliminar la segregación escolar y asegurar una distribución equitativa del alumnado en todos los niveles educativos".

El proyecto de ley se ocupa también de los medios de comunicación (públicos y privados) y las redes sociales, realidades ambas donde, "sin ánimo de interferir en su independencia funcional", se fomentará la adopción de "códigos deontológicos y acuerdos de autorregulación" tendentes a promover el uso de un "lenguaje respetuoso", también en la órbita "comercial y publicitaria".

En lo que a la vivienda concierne, se arbitrarán las medidas precisas para combatir la "segregación residencial", para lo cual se difundirá (en diversos idiomas) la información necesaria sobre las medidas de protección y sanción previstas para neutralizar las prácticas discriminatorias e ilegales.

Respuesta integral a la discriminación

Además, se instituye el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia para garantizar una respuesta integral a través de medidas de detección, amparo y reparación, también en los planos jurídico y psicosocial.

En caso de que una persona alegue y aporte indicios fundados de discriminación, se aplicarán las reglas relativas a la carga de la prueba previstas en la legislación estatal y comunitaria sobre igualdad de trato. La salvaguarda frente a posibles represalias alcanzará, además de a demandantes, víctimas y testigos, a cualquier persona que pudiera verse afectada por la reacción de la parte denunciada.