Se acaba la legislatura, el tiempo apremia y hay leyes que parecen estar quedándose atrás en su tramitación. El Partido Socialista, fiel abanderado de la lucha contra la prostitución y partido que prometió acabar con ella durante este mandato, aún tiene que dar el último impulso en el Congreso a una ley que promovió en solitario para perseguir el proxenetismo en España. La norma —que, entre otras cosas, impone penas de hasta seis años a proxenetas y multas a puteros— fue defendida por la ex vicesecretaria general socialista Adriana Lastra como un "paso histórico". Aunque pocos pasos se han dado desde que la ley superase sus primeros exámenes parlamentarios y quedase parada en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja hace ya cinco meses.
Más tiempo ha pasado todavía desde que los socialistas anunciasen la intención de impulsarla. La proposición de ley nació de una enmienda que el PSOE no logró introducir en la ley del 'solo sí es sí', en mayo de 2022. Convencidos de que su iniciativa era vital —el "paso previo" para abolir la prostitución, dijo Lastra—, los de Ferraz registraron su propia ley, lo cual fue criticado por algunos grupos parlamentarios, que tacharon el movimiento de "pataleta".
Con todo, la ley que reforma el Código Penal para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas" sorteó primero, en junio, la toma en consideración con una mayoría de 232 votos a favor (PSOE, PP y Unidas Podemos), 38 en contra (ERC, CUP, Cs y los siete diputados de los comunes) y 69 abstenciones (Vox, Bildu y PNV). Superó después la enmienda a la totalidad de la CUP a final de septiembre y ya pasó a manos de los portavoces parlamentarios para su trabajo a puerta cerrada en la Comisión de Justicia. Venció el plazo de enmiendas el pasado 19 de octubre y la norma está a la espera del dictamen que debería enviarse al Pleno para su debate y aprobación. Pero desde ese día no se ha vuelto a avanzar en el asunto.
"Estamos hablando con los grupos", cuentan fuentes socialistas del Congreso a 20minutos. El trabajo que están haciendo no puede siquiera catalogarse como negociación, según precisan, sino que simplemente están manteniendo conversaciones con los distintos grupos parlamentarios de cara a la ponencia. Justifican el retraso que lleva la ley asegurando que ahora mismo hay cinco leyes tramitándose en la misma Comisión de Justicia que requieren ser atendidas porque algunas llevan incluso más tiempo que la ley contra el proxenetismo, y aseguran que el objetivo es sacarla adelante antes de que termine esta legislatura.
Los populares, por su parte, acusan al Grupo Socialista de estar atascando su propia norma. "No ha habido ningún paso. Ellos fueron los que se comprometieron a dar pasos para la abolición, y son los que ahora están paralizando los trabajos", subrayan fuentes parlamentarias del PP. Con ellos, afirman las citadas fuentes, los socialistas "no están negociando nada".
¿Qué dice la ley?
La iniciativa contempla una modificación del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación", y condenar con penas de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación o abusando de una situación de necesidad o vulnerabilidad, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.
Además, recupera la tercería locativa que persigue a quienes cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución; y propone multar a los clientes de la prostitución con multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.
La ley de trata, también pendiente
En paralelo hay otra iniciativa pendiente. Es la ley de trata, que, aunque aborda muchas formas de trata de seres humanos, contempla una serie de medidas para perseguir la explotación sexual y asistir a las víctimas que la sufren en España.
La ley, que nació primero en el Ministerio de Igualdad, pero luego fue redactada prácticamente desde cero en el de Justicia, estuvo negociándose durante más de un año entre los socios de la coalición. Finalmente llegó un primer anteproyecto al Consejo de Ministros de noviembre, pero, de nuevo, la iniciativa no ha avanzado desde entonces. El Gobierno asegura que están a la espera de los informes preceptivos (el CGPJ emitió el suyo la semana pasada), y que seguramente en las próximas semanas podrán enviar el texto al Congreso de los Diputados para que arranque su tramitación.
Sea como fuere, será en sede parlamentaria donde volverán a aflorar las diferencias entre los grupos sobre un asunto tan espinoso y polémico como es el de la prostitución. En el seno de Unidas Podemos, sin ir más lejos, están divididos. La parte de los comunes es más partidaria de regular lo que denominan el "trabajo sexual" que de penalizar su prostitución, mientras la otra parte de Podemos sí que se decanta por penalizar el proxenetismo, pero poniendo especial énfasis en la asistencia a las víctimas y en su posterior reinserción sociolaboral.
También Ciudadanos, ERC o la CUP son partidarios de regular la prostitución en España, aunque con enfoques distintos, mientras que el PP y Vox son abolicionistas.
Pero hay otro asunto que, sin duda, volverá al foco si se reactiva finalmente el debate sobre la prostitución en las Cortes, y es el de la ley de extranjería. La mayoría de grupos de la izquierda ya ha demandado en más de ocasión que se reforme la norma para poder atender mejor a las víctimas de trata y explotación en España, teniendo en cuenta que la gran mayoría provienen de otros países y están, por tanto, en una situación de mayor vulnerabilidad.
Varios grupos presentaron enmiendas en ese sentido, y aprovecharon esta vía también para registrar sus propuestas de modificación. Así lo hicieron los morados al priorizar las "medidas educativas y de concienciación" a la "criminalización o sanción del cliente" para desincentivar la demanda de la prostitución.
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