Un nuevo frente para Justicia tras los letrados judiciales: los funcionarios del ministerio van a la huelga en busca de subidas salariales

Dos meses le costó al Ministerio de Justicia poner fin a la huelga de los letrados judiciales, pero no ha tardado ni dos semanas en encontrarse con otro anuncio de paro en su sector, esta vez impulsada por los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del departamento de Pilar Llop, que reclaman subidas salariales semejantes a las concedidas a los letrados. 

La huelga de los llamados secretarios judiciales, que se zanjó con un aumento retributivo de hasta 450 euros al mes tras provocar cerca de 400.000 suspensiones de juicios, deja al ministerio de Llop en una situación complicada. No sólo por el reto que supone compensar los perjuicios causados por la misma, también por el efecto dominó que ha provocado la protesta. 

La cartera de Justicia se reunió la semana pasada con diversas organizaciones sindicales -CCOO, CSIF, STAJ y UGT- para comunicar el acuerdo cerrado con las asociaciones de letrados judiciales: una subida de entre 430 y 450 euros mensuales a cada uno de ellos y la promesa de una reforma estatutaria. 

"Entonces les advertimos de que la subida suponía una discriminación para los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del ministerio", señala Luis Casal, secretario general del sector de Justicia en Comisiones Obreras. El ministerio, asegura, "se limitó a decir que comprendía el disgusto en cierto sentido pero que no era el momento". 

Los representantes sindicales del sector consideran que, precisamente en este momento, se hace imprescindible presentar sus reclamaciones, dado que el pacto con los secretarios judiciales "deja fuera al 93% del personal de la Administración de Justicia". Así lo reprocharon al ministerio, amenazando con convocar una huelga indefinida si no se rectificaba. Y desde entonces, relata Casal, no han tenido "ningún contacto". 

La ministra Pilar Llop, por otro lado, afirma que su cartera dialoga "con todas las fuerzas políticas y con los colectivos", destacando las 30 reuniones que han mantenido con los letrados "hasta la extenuación". Asimismo, apunta que seguirán dialogando para "ver qué es lo que quieren ahora los funcionarios", si bien advierte de que una huelga nacional afectará también "a las comunidades autónomas con competencias transferidas".  

Esta huelga, que según los sindicatos puede tener un impacto "aún mayor" que su predecesora, persigue unos objetivos claros y acotados. Tal y como recoge Comisiones Obreras en el comunicado de anuncio de la huelga, se busca con ella "la paralización de la ley de eficiencia organizativa", que a juicio del comité "pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal de la Administración de Justicia". 

En segundo lugar, al hilo de lo acordado con los letrados judiciales, los sindicatos solicitan una subida salarial a través de un incremento en el complemento general del puesto, "el único aplicable a todos los cuerpos en todos los ámbitos territoriales". 

Concretamente, reclaman subidas de 430 euros para los médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Para los grupos de gestión y los técnicos especialistas de laboratorio solicitan 400 euros de aumento y para los profesionales de tramitación y ayudantes de laboratorio un incremento de 375 euros. Piden además una subida de 350 euros para los funcionarios de Auxilio Judicial. 

El comité de huelga mantiene además una última exigencia, la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población. Es decir, buscan acabar con las diferencias salariales según el lugar en el que se trabaje, de forma que todos los salarios se equiparen a los establecidos en Madrid y Barcelona. 

Si el ministerio y los sindicatos no entran a negociar, el 12 de abril se celebrará la primera manifestación frente a la sede del ministerio, y cinco días después comenzarán los paros indefinidos que se celebrarán en toda España entre las 10.00 y las 13.00 horas. El 19 de abril habrá una segunda manifestación y la huelga se extenderá a toda la jornada laboral. 

De todas maneras, fuentes sindicales aseguran que los servicios mínimos se respetarán "para asegurar los derechos fundamentales a toda la ciudadanía".  Advierten, sin embargo, de que no participarán de los grupos de trabajo que el ministerio de Llop pondrá en marcha para tratar de desatascar los tribunales después de los dos meses de huelga de letrados.