El gasto que ha supuesto revalorizar las pensiones en 2023 se 'comerá' el balón de oxígeno fiscal que aportará el crecimiento de la economía este ejercicio. Mientras que la mejoría de la situación fiscal ligada a la recuperación económica supondrá un alivio de unos 10.600 millones de euros este año (ocho décimas de PIB), la subida de las pensiones con la inflación del año anterior —pero que se paga en 2023— empeorará el balance fiscal en 13.300 millones (un punto de PIB).
Así se desprende del Informe de Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas para 2023 publicado este miércoles por la Airef, el organismo independiente encargado de vigilar las finanzas públicas españolas. El documento de la autoridad fiscal apunta a que el déficit público —la diferencia entre lo que ingresa y gastan las administraciones españolas— se reducirá este año del 4,8% del PIB registrado en 2022 al 4,2% previsto para 2023.
La Airef señala que esta bajada de seis décimas en el déficit vendrá impulsada fundamentalmente por la buena marcha de la economía y el aumento en la recaudación fiscal asociada a ello —una vez descontado el crecimiento inercial del gasto— y al menor gasto en medidas de alivio por la crisis energética. Estos factores producirán una bajada del déficit de ocho y cinco décimas de PIB respectivamente, estima el organismo que preside Cristina Herrero.
Además, la reducción del gasto Covid y otras medidas de ingresos no vinculadas al crecimiento económico, como el aumento en las cotizaciones sociales del MEI y la ampliación de bases máximas recogidas en la reforma de las pensiones, aportarán en conjunto otras tres décimas más.
Sin embargo, pese a que estos factores supondrán una reducción en el déficit total de 1,6 puntos de PIB, su efecto se verá fuertemente mitigado por el aumento de gasto que implica la revalorización de las pensiones, que frenará la reducción del déficit en un punto de PIB. Tal y como señala el informe de la Airef, "el aumento del gasto en pensiones supera la reducción de déficit vinculada a la evolución subyacente de ingresos y resto de gastos".
De hecho, si el Gobierno no hubiese revalorizado las pensiones, el déficit que prevé la Airef para este año caería al 3,2%. Un registro prácticamente alineado con lo que exigen las reglas fiscales europeas, todavía en suspenso en 2023.
En todo caso, conviene recordar que prácticamente todos los países desarrollados de la UE han blindado a los pensionistas frente a la inflación con subidas de sus prestaciones equivalentes o muy similares al IPC. De igual manera, también es importante destacar que parte de esa subida de las pensiones repercute en el Estado en forma de recaudación por IRPF e IVA y en el crecimiento económico a través del consumo privado.
14.000 millones más en medidas energéticas
Aunque el Gobierno gastará en 2023 una cantidad algo más baja en medidas para aliviar el impacto de la crisis energética que los 22.200 desembolsados en 2022, el impacto en las finanzas públicas será todavía considerable. La Airef estima que el Ejecutivo se dejará un total de 14.014 millones de euros en sus decretos, de los cuales, 6.083 se deben a las rebajas fiscales y los 7.931 millones restantes se irán a sufragar ayudas.
Por el lado de los ingresos, la autoridad fiscal estima que el Estado dejará de recaudar 5.301 millones por la bajada de impuestos energéticos. De ellos, la mayor parte por la rebaja fiscal a la electricidad. El organismo no estima el impacto en el déficit que tendrá la supresión del impuesto a la generación, aunque estima que esta medida costará 3.099 millones en 2023. Además, la Airef calcula que la reducción en el IVA de algunos alimentos básicos costará a las arcas públicas 782 millones, un 18% más de lo que estima el Ministerio de Hacienda.
En el apartado de los gastos, las ayudas a la ciudadanía en general supondrán casi la mitad del esfuerzo presupuestario (3.596 millones). El resto se repartirá en ayudas sectoriales (2.688 millones), la bonificación a los carburantes (1.347 millones) —restringida desde enero a las actividades profesionales— y ayudas a refugiados procedentes de Ucrania (300 millones).
Si se cumplen las previsiones de la Airef para 2023, el Gobierno habrá gastado en tres años un total de 49.000 millones en medidas para apoyar a familias y empresas frente a la crisis energética (sin contar los avales del ICO por valor de 10.000 millones que, en principio, deberían recuperarse en su mayor parte). Una cifra que podría aumentar todavía más si el Ejecutivo opta por prorrogar las que caducan en junio o introducir nuevas en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
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