El TSJC concluye que los errores que Borràs detectó en su sentencia no existen

  • Junts pide al Parlament restituir a Borràs porque el fallo "descarta explícitamente la corrupción".
  • Albiach (comuns) insta a Junts a "proponer soluciones y pedirle la dimisión" a Borràs.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
El TSJC ha condenado a Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha concluido que los errores que la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, detectó en la sentencia que la condenó a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación no existen, por lo que ha rechazado su petición de aclaración.

Borràs presentó el pasado 31 de marzo, un día después de que se le notificara la sentencia, un escrito ante la sala del TSJC que la condenó alegando que había detectado "errores manifiestos" en la resolución, por lo que pidió una aclaración.

En concreto, Borràs apuntó que la sentencia que se le notificó no especificaba el número del procedimiento ni la fecha y que además no se hacían constar la petición de penas definitivas que la Fiscalía solicitó finalmente a los otros dos acusados, que la incriminaron, Isaías H. y Andreu P., y que el ministerio público anunció en el trámite final del juicio.

Sin embargo, en un auto, los tres magistrados que juzgaron a Borràs, entre ellos el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, concluyen que no se observa "ninguna discordancia ni error" con la petición de la Fiscalía, ya que sí se detallaba en la sentencia su acusación definitiva para Isaías H. y Andreu P, por lo que consideran que no se debe aclarar la resolución.

Asimismo, sobre el número de la sentencia, la sala remarca que el letrado de la Administración de Justicia informó de ello en una diligencia de ordenación el 31 de marzo pasado.

Por este motivo, la sala, en una decisión que no se puede recurrir, desestima la petición de aclaración formulada por Borràs.

La defensa de Borràs esperaba la respuesta de su petición de aclaraciones antes de presentar el recurso contra la condena, en la que el TSJC le impuso 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero a la vez propuso su indulto parcial para que pueda evitar la prisión.

Junts pide al Parlament restituir a Borràs

La secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, ha registrado este miércoles un documento para adoptar un nuevo acuerdo que deje sin efecto la suspensión de derechos y deberes de Laura Borràs como presidenta del Parlament en julio de 2022, en aplicación del artículo 25.4 del reglamento, porque la sentencia "descarta explícitamente la corrupción".

Así lo ha explicado en rueda de prensa acompañada por el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenara a Borràs.

El artículo 25.4 del reglamento de la Cámara, por el que se suspendió a Borràs, prevé la suspensión inmediata de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción.

Tras concretar que el ordenamiento jurídico español no contempla un delito específico de corrupción, Cuevillas ha asegurado que, en el Código Penal español, el equivalente sería el cohecho y que existen diversas resoluciones internacionales que enfatizan que "para que haya corrupción debe haber lucro personal, del propio corrupto".

"Siempre que hay corrupción hay un perjuicio para las arcas públicas y se pide una indemnización, al margen de la condena penal", ha precisado el también abogado.

Por ello, Madaula ha defendido que, ante la sentencia de Borràs, se le debería revocar la suspensión de derechos y deberes porque "ha quedado claro que no ha habido perjuicio para la administración ni lucro personal".

Pese a todo, ha reiterado que no dan credibilidad al fallo porque consideran que es consecuencia "de una persecución política y de 'lawfare'". 

Tras acusar a la Mesa de aplicar el artículo 25.4 del reglamento a Borràs en base a "criterios políticos y no jurídicos", Cuevillas no alberga esperanza de que su posición cambie ante la propuesta registrada por Junts, y ha avisado de que la decisión que tomen puede ser objeto de recurso.

"La esperanza en este tipo de procesos no debería entrar. Debería entrar la legalidad y la defensa de los derechos, no la trituradora de los derechos", ha sostenido Madaula, que junto a Cuevillas ha expresado su esperanza de que la sentencia sea anulada. 

Sobre la proposición de ley del PSC para introducir en el reglamento del Parlament un mecanismo de destitución del cargo a los miembros de la Mesa y de las mesas de las comisiones, la secretaria segunda de la Mesa sospecha que, con ella, se hace "una persecución 'ad personam' para eliminar a Borràs de la presidencia del Parlament".

Además de acusar a los socialistas de haber provocado la interinidad en el Parlament al haber apoyado la aplicación del artículo 25.4, les ha reprochado que se acojan a la necesidad de acabar con esta situación "cuando no defendieron las instituciones catalanas aprobando el 155".

Madaula, que dos semanas atrás planteó la posibilidad de dejar vacante la presidencia del Parlament, ha evitado este miércoles reiterarlo, y ha asegurado que se remite a lo expresado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, de que "solo" reconocen a Borràs como presidenta del Parlament y del partido y que seguirán defendiendo sus derechos e inocencia hasta lograr su absolución.

Al preguntársele si el documento registrado tiene el aval de la dirección del partido, no lo ha concretado pero sí ha asegurado que cuenta con el aval de Turull, de Borràs y del presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet.

"Turull reiteró que, a todos los efectos, la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs y no hubo ninguna voz discrepante", ha zanjado Cuevillas.

Albiach insta a Junts a "pedirle la dimisión" a Borràs

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado a Junts a "proponer soluciones y pedirle la dimisión" a la presidenta de su partido y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs.

"La agenda del Parlament no puede depender de la agenda de Laura Borràs", ha defendido en una entrevista de Europa Press, en la que ha vuelto a pedir que Borràs dimita y ha calificado de muy buena noticia que el resto de grupos también pidan su dimisión.

Ha insistido en que, si Borràs no está dispuesta a dejar la Presidencia, "la responsabilidad también es de su grupo parlamentario, de Junts, donde además parece que ya comienza a haber voces discrepantes".

Albiach, que reclamó la semana pasada una reunión con los grupos para estudiar la situación, ha explicado que por ahora se han puesto en contacto con representantes de ERC y PSC y que ambos les han pedido "unos días, un tiempo" para decidir cómo proceder. 

Para los Comuns, debe resolverse cuanto antes con el máximo consenso, y quien ocupe su cargo debe ser de una formación progresista --PSC, ERC, CUP o los propios Comuns: "En ningún sitio está escrito que el próximo presidente o presidenta del Parlament sea de Junts".

Preguntada por qué fórmula o qué grupo debe presidir la Cámara, ha respondido que "esto no va de colgarse ninguna medalla" sino de devolver la dignidad a la segunda institución de Catalunya, ha dicho textualmente.

"Es importante escuchar a todas las voces y que la solución no necesariamente venga de un partido o de otro, sino que entre todas decidamos qué queremos hacer", y ha insistido en que también es importante escuchar a Junts, tras lo cual ha reiterado que dentro de ese partido hay voces discrepantes con Borràs. 

Albiach ha defendido su proposición de ley para modificar el estatuto de los expresidentes y que quienes hayan sido condenados por corrupción no puedan beneficiarse de pensiones vitalicias, y ha instado a Borràs a renunciar voluntariamente a eso si finalmente deja de ser presidenta.

Ha criticado que "alguien quiere poner en el mismo saco" los casos de las exconselleras Meritxell Serret y Clara Ponsatí, investigadas por su implicación en el 1-O, con el de Borràs, y ha advertido textualmente de que esa comparación hace un flaco favor a quienes han sufrido judicialización.

"Ya no es que solamente lo diga yo desde mi convencimiento; es que también hemos escuchado cómo otras voces de otras formaciones independentistas así lo han reconocido: que cada vez que la señora Borràs equiparaba unos casos con otros estaba banalizando la represión", ha defendido. 

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