Adiós a Laura Borràs

La presidencia del Parlamento de Cataluña lleva ocho meses vacante, en situación de interinidad desde que Laura Borràs fue apartada al abrírsele juicio oral por corrupción, en virtud del reglamento de la cámara. Pero ni su partido, Junts, ni ERC han tenido el coraje de cesarla y elegir a otra persona. Pese a la reciente condena del TSJC por prevaricación y falsedad documental, Borràs no solo se ha negado a dimitir, sino que Junts ha presentado un escrito pidiendo levantar esa suspensión del cargo alegando que la sentencia reconoce la falta de lucro personal, lo cual es una forma torticera de entender la corrupción. Poco importa ya. La Junta Electoral Central determinará muy pronto, tal vez hoy mismo, su inelegibilidad como diputada por causa sobrevenida, concretamente por condena de inhabilitación, aunque todavía no sea firme, ya que así lo estipula la ley electoral. Poco importa que Borràs recurra ante el Supremo o que pueda ser indultada para que no entre en la cárcel.

Poco importa lo que digan desde Junts, ERC o lo que suceda con la propuesta exprés que ha presentado el PSC para reformar el reglamento de la cámara con el fin de cesar a un miembro de la mesa. Cuando Borràs deje de ser diputada, que será muy pronto, la cámara catalana no tendrá más remedio que elegir a otro presidente o presidenta para salir de la bochornosa situación de interinidad que afecta al segundo cargo institucional de Cataluña. Recordemos que Quim Torra dejó de ser presidente de la Generalitat desde el mismo instante en que perdió su condición de diputado tras ser condenado por desobediencia.

En paralelo, hay dos interesantes cuestiones sobre la mesa. El debate sobre la retirada de la pensión vitalicia que cobran los presidentes del Parlamento catalán a partir de los 65 años. Sí, en efecto, lo han leído bien, el esfuerzo patriótico se recompensa para algunos cargos con un sueldo para toda la vida. El esfuerzo patriótico genera monstruos para el contribuyente catalán, aunque luego se sigue repitiendo la cantinela sobre la falta de financiación. 

Laura Borràs rechaza dejar la presidencia del Parlament y reclama la restitución de sus derechos

Y, en segundo lugar, el intento de ERC y CUP por limitar la libertad de expresión bajo la coartada de perseguir los delitos de odio. En lugar de replicar determinados discursos o hilos argumentales de Vox, que sin duda han de ser combatidos, se pretende prohibir que los parlamentarios puedan "incitar a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o discapacidad". Un disparate. Es entrar en un terreno resbaladizo, en el que una mayoría puede acabar cercenando los derechos de las minorías por pensar diferente. Hoy no hay nada más fácil que acusar al discrepante de propagar el discurso del odio.