La Junta Electoral Central (JEC) ha dado este jueves 10 días hábiles al Parlament para que le comunique si retira el escaño a su presidenta suspendida, Laura Borràs. En concreto, ha emplazado a la presidenta en funciones de la cámara catalana, Alba Vergès, a que en ese plazo informe de qué decisión va a adoptar.
La JEC se ha pronunciado así tras reunirse al mediodía para analizar las peticiones de PP, Vox y Ciutadans de retirarle el escaño, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la condenara a cuatro años y medio de cárcel, 13 de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por adjudicar contratos a dedo a un amigo durante su mandato al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Sin embargo, la sentencia, que no es firme, propuso al Gobierno el indulto parcial para que pueda evitar la prisión, al no haber actuado Borràs movida por un "lucro personal".
La Junta Electoral Central ha recordado que el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que son inelegibles los condenados por delitos contra la administración pública o contra las instituciones del Estado. Este principio, ha indicado, rige aunque la sentencia no sea firme.
El apartado 4 del artículo 6.2 de la LOREG señala que las causas de inelegibilidad "lo son también de incompatibilidad". Recalca, además, que el delito de prevaricación administrativa por el que ha sido condenada Borràs está incluido en el título IX del Código Penal dedicado a los delitos contra la Administración Pública. "El supuesto de inelegibilidad es un efecto extrapenal de una sentencia condenatoria, una medida vinculada por la ley electoral necesariamente a la condena penal a pena de inhabilitación, incluso cuando la sentencia no sea firme por delito contra la administración pública", ha apuntado la JEC.
Asimismo, ha insistido en que la inelegibilidad sobrevenida "no es una competencia exclusiva" del Parlament de Catalunya, sino que la Administración electoral puede actuar en aplicación directa de la LOREG.
La JEC, además, ha pedido a la presidenta en funciones de la cámara catalana que también en el plazo de diez días hábiles comunique las alegaciones que, en su caso, desee formular, en orden a poder adoptar alguna decisión sobre esta cuestión.
El mismo procedimiento que con Juvillà y Torra
El organismo ha indicado que ha seguido el mismo procedimiento que utilizó antes de retirarle el escaño al exdiputado de la CUP Pau Juvillà, después de que el TSJC le condenara a seis meses de inhabilitación por no retirar lazos amarillos de la Paeria. Finalmente, la Junta Electoral Central ordenó quitárselo, tal como ya había hecho con el expresidente de la Generalitat Quim Torra.
La JEC ha recordado que el 22 de diciembre de 2021 ya pidió a Borràs, cuando todavía no estaba suspendida como presidenta del Parlament, que comunicara si se le retiraba o no el escaño a Juvillà, y le dio diez días para responder. La cámara catalana hizo un intento de evitar que lo perdiera, para lo que llevó la orden de la Junta Electoral Central al Tribunal Supremo (TS). No obstante, lo acabó dando de baja como diputado antes de que este dictara sentencia firme, después de que la JEC hiciera diversas advertencias a Borràs sobre las responsabilidades que podía comportar no hacerlo. El alto tribunal avaló la decisión de la Junta Electoral Central, como también hizo en el caso de Torra.
El expresidente del Govern perdió el escaño en enero de 2020 por la condena del TSJC a un año y medio de inhabilitación por desobediencia, también por no haber retirado lazos amarillos, esta vez del Palau de la Generalitat. El Parlament de Catalunya, entonces presidido por el republicano Roger Torrent, acabó retirándole el acta después de las advertencias de la JEC.
Borràs recurrirá
El abogado de Borràs anunció el miércoles ante el Tribunal Supremo (TS) que recurrirá la condena del TSJC y presentó un escrito alegando que se le han vulnerado una decena de derechos constitucionales, entre ellos los de intimidad, secreto de comunicaciones y representación política. El TSJC emplazó entonces a la defensa de Borràs a comparecer ante el TS en un máximo de 15 días para presentar el recurso.
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