La ley de vivienda es "un paso histórico". Así la ha definido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ha celebrado la luz verde al articulado con un aviso a las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular y que anunciaron, antes de su aprobación, que no la aplicarían e, incluso, la llevarían al Tribunal Constitucional. A juicio de la titular de Transportes, habrá un "reproche social" si finalmente no lo hacen. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado que el nuevo texto, pactado con ERC y EH Bildu, constituye "el quinto pilar del Estado de Bienestar".

"Hoy gana la política del diálogo y del consenso, que hace posible blindar derechos", ha lanzado Sánchez desde Barcelona. En declaraciones a los medios nada más dar a conocer los socios del Gobierno que había acuerdo, la ministra se ha mostrado "orgullosa" tras un tiempo de "inmenso trabajo" en el que se ha implicado "hasta el último momento" para que la ley tenga "ADN socialista". Cabe recordar que el articulado fue aprobado por el Gobierno en octubre de 2021 y ha sido ahora cuando se ha desbloqueado.

La nueva ley permitirá regular el precio de los alquileres, pero la competencia recaerá en las comunidades autónomas. Es por ello que, ante la negativa del PP a aplicarla en las autonomías que gobierna, Sánchez les ha advertido de que habrá "reproche social" si no lo hacen. "Ninguna administración pública podrá abstraerse de dar soluciones efectivas" para garantizar un derecho "nuclear", ha lanzado la titular de Transportes. Así, no cabe duda de que este será uno de los temas recurrentes de PSOE y Unidas Podemos en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu pactan por fin la ley de vivienda que permitirá regular los precios del alquiler

"Es una gran noticia, una de las más importantes", ha resumido por su parte López. Desde Marbella, ha asegurado que los beneficiarios "más inmediatos" de una ley "global, que actúa sobre todos los elementos", serán "las familias con bajos ingresos, los jóvenes y las personas con más edad". El portavoz parlamentario socialista ha recordado que, una vez que la ley se registró en el Congreso, diferentes grupos registraron hasta 800 enmiendas, de las que se han transaccionado -aceptado con condiciones- "más de 400".

Entre otros acuerdos, se eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, al considerar los grupos parlamentarios que la inflación "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes". También se limitará la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, con el objetivo de que sea más estable e inferior a la evolución del IPC y que tope los aumentos de la renta por la renovación anual. 

"Es una ley de consenso, que incluye aportaciones de todos los grupos que han querido resolver uno de los mayores problemas de la sociedad", ha resumido López, que ha aventurado que la vivienda "dejará de ser un lujo inalcanzable".