Ramón Fernández-Pacheco: "Perseguiremos sin piedad a los que tengan pozos ilegales en Doñana, no vamos a perdonar a nadie"

¿Cuál es el objetivo de esta ley sobre Doñana?Aportar soluciones a cientos de familias del Condado de Huelva que actualmente se encuentran en una situación de indefensión jurídica evidente. Y ser capaces de hacerlo, además, salvaguardando los valores ecológicos de Doñana.

¿No se trata entonces de regularizar pozos ilegales?En absoluto. Lo que la proposición plantea es que los terrenos que sean capaces de acreditar derechos históricos desde el punto de vista agrícola en esa zona podrán optar a la categoría de terreno regable con agua superficial, una vez que el Gobierno de España concluya las infraestructuras comprometidas en la ley del trasvase del año 2018, y siempre que existan excedentes de agua para ser trasvasados. En absoluto supone la legalización de pozos ilegales que actualmente estén extrayendo agua de Doñana. Porque es un acuífero esquilmado y en la cabeza de la Junta de Andalucía jamás ha estado seguir esquilmándolo, sino todo lo contrario, protegerlo para el futuro.

¿Qué se consideran derechos históricos?Nos referimos a quienes sean capaces de acreditar que, de manera previa al Plan de la Corona Forestal de Doñana, que se aprobó en 2014, hubieran estado desempeñando actividad agrícola. Y eso se analizará caso a caso, no será en absoluto una medida generalista.

Hablamos por tanto de un problema que viene de lejos.La normativa actual es de 2014, y en esa regulación se quedaron fuera una serie de terrenos que no tenían que haberse quedado fuera, causando un problema económico y social en estos municipios del Condado de Huelva. De este problema se viene hablando desde ese año, porque la aplicación del Plan de la Corona Forestal no ha resuelto el problema. Y hasta ahora, todos los gobiernos han mirado hacia otro lado. Esa es la realidad. Todos reconocen que hay un problema, pero este es el primer Gobierno que aporta una solución.

¿De dónde prevé la Junta que llegue el agua superficial para los agricultores?Lo más importante de todo es que la infraestructura para trasvasar el agua no está construida porque el Gobierno, que lo aprobó por ley en 2018, no lo ha ejecutado. Hay que tener en cuenta que Huelva es la provincia con más reservas de agua de toda Andalucía. Los embalses, de media, están por encima del 50%, hasta 20 puntos más que la media andaluza. Una vez que la infraestructura esté hecha, y siempre que el esto de cuencas de la provincia de Huelva tengan excedentes suficientes, estos agricultores podrán pedir la concesión legal. Pero siempre de aguas superficiales, jamás del acuífero de Doñana.

Pero la oposición asegura que ese agua ya está repartida y no es para los regantes.La ley prevé el trasvase de agua superficial a la zona del Condado para ofrecer una alternativa a los pozos de la zona. Eso no quiere decir en absoluto que, en el caso de existir excedentes suficientes, no pudiéramos ofrecer también una alternativa a estos cientos de familias que se quedaron fuera de la ordenación del Plan Forestal de 2014. En absoluto es incompatible. Para la Junta, lo primero es perseguir sin piedad a aquellos que tienen pozos ilegales, a los que están esquilmando de manera ilegal el acuífero de Doñana, porque la solución tiene que venir vía aguas superficiales.

¿De cuántos agricultores afectados estamos hablando?Estimamos que unas 600 familias, si bien es cierto que la proposición de ley deja bien a las claras que habrá que analizar caso a caso. Y seremos escrupulosos, como no puede ser de otra manera, a la hora de proceder.

¿A cuántas hectáreas de regadío afecta y dónde están ubicadas?Jamás hablamos de terrenos que se encuentran ni en el parque nacional, ni en el parque natural, ni siquiera en el preparque. Hablamos de terrenos a 30-40 kilómetros de distancia de Doñana. La estimación, e insisto, siempre habrá que analizar caso a caso, es de una superficie de entre 600 y 800 hectáreas. Pero fíjese, en 2014, gobernando el PSOE en la Junta de Andalucía, se legalizaron 9.000 hectáreas de regadío. Y hablamos de las 600-800 que se quedaron fuera de esa ordenación. Tampoco parece lógico que si el PSOE legalizó 9.000 eso estuviera fenomenal y que ahora Doñana esté en peligro porque nosotros hablamos de 600-800, y encima con aguas superficiales. O lo que es lo mismo, recursos que vienen de fuera de Doñana.

¿Cuántos pozos ilegales quedan abiertos en Doñana?La Administración con mayores competencias en ese ámbito es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Yo no tengo el dato de cuántos pozos están cerrando ellos, pero estoy seguro de que están intentando cerrar todos los que pueden. Lo mismo que está haciendo la Junta de Andalucía.

¿Cuántos expedientes contra infractores hay abiertos ahora mismo y qué va a pasar con ellos?Nosotros tenemos más de 300 expedientes en materia forestal en esa zona y más de 60 en materia de agua en el ámbito de nuestras competencias, que es bastante más reducido que las que tiene el Gobierno central. Y todos esos expedientes sancionadores, sin excepción, van a culminar. Esta ley en absoluto plantea una amnistía, no se va a perdonar a nadie. Todo el que haya infringido la ley tendrá sus consecuencias. Pero es más, esta proposición de ley, una vez que se apruebe, no va a legalizar ninguna explotación de manera inmediata. Por lo tanto, el que siga extrayendo agua ilegal una vez que se apruebe esta proposición de ley seguirá cometiendo una infracción, y habrá que perseguirlo y castigarlo.

¿Cómo valora la reacción del Gobierno central?El problema que hay detrás de todo esto es que el PSOE ha entendido que la proposición de ley para arreglar este problema es una buena oportunidad para intentar desgastar a Juanma Moreno y al Gobierno de la Junta de Andalucía. Y están manipulando y mintiendo a sabiendas de que lo que dicen no es verdad, porque si tuvieran la verdad por delante ofrecerían alternativas, y hasta ahora no hemos escuchado a ningún dirigente socialista decir cuál es su alternativa para estas 600 familias. Si lo que nosotros planteamos no les gusta, ¿qué es lo que harían ellos?

La ministra Teresa Ribera ha sido especialmente crítica. ¿Qué tiene que decir?Lo que ha hecho es insultar al presidente de la Junta, le ha proferido insultos y descalificaciones que son inaceptables en democracia, y menos en boca de una vicepresidenta del Gobierno, palabras que, desde luego, la califican mucho más a ella que a quien van dirigidas. Cuando se refiere al presidente de la Junta como un "señorito desde su rinconcito", a mí me gustaría preguntarle a qué rinconcito se refiere, ¿a la comunidad autónoma más poblada de España, con 8,5 millones de andaluces?, ¿a ese rinconcito se refiere? Yo creo que los andaluces no nos merecemos ese desprecio. Cuando uno recurre a la falta de respeto y de educación, a la descalificación, lo que demuestra es que no tiene argumentos.

¿Se han reunido o no con el Gobierno para abordar Doñana?Nosotros llevamos desde el mes de diciembre solicitando la convocatoria de reuniones técnicas para poder abordar este problema. Se nos ha prometido en dos ocasiones que las reuniones se iban a convocar, las mismas dos veces que han faltado a su palabra y no las han convocado. Ahora que nosotros damos un paso al frente para solucionar un problema que ellos crearon solo saben insultar, faltar y mentir. Y luego hay otra pregunta que deberían contestar. ¿Por qué cuando esta proposición de ley, una muy parecida, se presentó en la anterior legislatura el PSOE se abstuvo en el Parlamento? No sería tan mala ni tan terrible.

¿Y cuál cree usted que es la respuesta?Aquí lo que ha cambiado es una llamada de Ferraz llamando a filas al señor Juan Espadas, a lo que por otra parte estamos muy acostumbrados. El señor Juan Espadas ha perdido ya toda autonomía al frente del PSOE de Andalucía, es el primer soldado del ejército de Pedro Sánchez y jamás toma una decisión propia. Insisto, ¿por qué hace unos meses la proposición de ley merecía la abstención del PSOE y hoy hay que atacar, insultar, mentir y descalificar como si no hubiera un mañana? Aquí lo único que ha cambiado es una llamada a filas. Y el señor Juan Espadas, que es obediente y disciplinado, está respondiendo lo que su jefe le dicta.

¿Teme que haya nuevas sanciones por parte de Bruselas?Si yo fuera el comisario y escuchara las barbaridades y los disparates que está diciendo la ministra Ribera y los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez también me preocuparía y pediría explicaciones. Doñana es una joya de la naturaleza que tenemos la obligación legal y moral de conservar y de preservar, por supuesto que sí. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lanzar un mensaje a Bruselas de tranquilidad, de sosiego, explicar las cosas de verdad y no crear esta incertidumbre que no beneficia a España ni a Andalucía, y desde luego, no beneficia a Doñana. Es lo que haremos en la reunión del 3 de mayo, a la que nos hubiera gustado ir de la mano del Gobierno.