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La Fiscalía Europea asume la investigación del 'caso Mediador' sobre el ex general Espinosa y los contratos de la UE en el Sahel

Antonio Navarro Tacoronte 'Mediador'
EUROPA PRESS

La Fiscalía Europea ha asumido la investigación del 'caso Mediador' relativa al ahora general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único imputado en prisión provisional, y a los contratos vinculados a un proyecto de la UE en el Sahel. 

A pesar de esto, las pesquisa del resto de la trama presuntamente liderada por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', seguirán en el Juzgado de Instrucción Número 4 Santa Cruz de Tenerife.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres ha enviado esa parte de la causa a la Fiscalía Europea después de que ésta reclamara la competencia sobre la misma por tratarse de un proyecto, el GARSI-Sahel, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de la que era máximo responsable el ex general.

La instructora, en una providencia del pasado 22 de marzo, había enviado las diligencias practicadas hasta la fecha en el 'caso Mediador' a la Fiscalía Europea para que determinara si entre los hechos investigados había alguno de su competencia.

Contratos de suministros

En concreto, Lorenzo-Cáceres ha acordado en el decreto emitido este lunes "poner a disposición" de la Fiscalía Europea las pesquisas realizadas sobre este asunto, así como al propio general, por lo que será ahora la institución comunitaria la que decida si continúa o no en prisión provisional.

Las fuentes jurídicas señalan que las actuaciones enviadas a la Fiscalía Europea se refieren también a la participación del empresario José Suárez Estévez, conocido como 'El Drones' por la trama.

Según el sumario del caso, este empresario se habría hecho con hasta tres contratos de suministro de equipamiento para GARSI-Sahel: Uno de 2020 para Mauritania y Níger, y otro de 2021 para Malí.

Este proyecto de la Comisión Europea de cooperación en seguridad con varios países africanos administra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Tratos de favor y sobornos

Esta última es un organismo público español regido por un patronato que encabeza en la actualidad la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ordenó abrir una investigación sobre el uso de los fondos por parte del general Espinosa tras conocer que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil relataba en el sumario del 'caso Mediador' un presunto trato de favor a determinados empresarios a cambio de sobornos.

La jueza de Santa Cruz de Tenerife le pidió, en concreto, detalles de cuatro contratos que suman 2.352.278 euros, se remontan a 2020 y 2021 y tienen en común que responden suministros de equipamientos para proyectos de seguridad en África (tres para el proyecto GAR-SI Sahel y uno para el proyecto CT Public Spaces).

Sobre los cuatro planea la duda de si fueron amañados por el general Espinosa, el único de los imputados en el caso Mediador que está en prisión y que guardaba en su casa más de 61.000 euros en una caja de zapatos y en fajos de billetes enrollados en ropas.

Los investigadores de la Policía Nacional detallan en el sumario del caso que se adjudicaron a la empresa Asesoramiento y Servicios de Drones SL, de Suárez Esteve, cuatro suministros por valor de 137.569 euros. La Guardia Civil eleva el montante total a 232.101 euros.

'Caso Mediador'

Salvo esta parte, el juzgado canario seguirá investigando esta presunta trama encabezada por Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes; el general Espinosa; y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el 'mediador'.

De acuerdo con el sumario, se habrían dedicado a cobrar dinero --aunque también viajes y fiestas-- a cambio de favores políticos, con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción".

Las pesquisas apuntan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".

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