Feijóo tumbará la ley de vivienda si llega a la Moncloa, pero mantendrá las ayudas fiscales

El Partido Popular ha sido una de las voces más críticas contra la futura ley de vivienda que han acordado el PSOE y Unidas Podemos con los partidos independentistas ERC y Bildu. No obstante, cuatro días después de conocer la propuesta del Gobierno, el principal grupo de la oposición admite que existen aspectos que le convencen. Así, fuentes de la dirección aseguran a 20minutos que si el actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, llega a la Moncloa reformará de arriba a abajo la ley, pero que respetará aquellas medidas que impliquen deducciones fiscales.

Aunque el equipo de Feijóo aún no tenga decidido cuánto de a fondo reformará la norma, lo que tiene claro es que eliminará las medidas "intervencionistas" al mercado inmobiliario. Es decir, el tope de precios del alquiler al 2% en 2023 y en 3% en 2024 y que a partir del siguiente tendrá un porcentaje menor a la cifra de subida del IPC. Por lo que si el PP gobierna en la próxima legislatura, acabará con este tope de precios, una de las medidas estrellas pactadas por el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo mismo ocurre con los grandes tenedores que tras la reforma del PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu incluirán a personas físicas a partir de cinco o más inmuebles en una misma zona tensionada. El PP rechaza esta nueva fórmula al entender que perjudica tanto a fondos como al ahorrador que vive de rentas. Tampoco le convence que los honorarios de las inmobiliarias sean finalmente asumidos por los propietarios en lugar de por los inquilinos, aunque en esta ocasión pide tiempo para estudiar sus efectos.

En contrapunto, el PP mantendrá aquellas medidas que el Gobierno ha diseñado para ofrecer una serie de incentivos y beneficios fiscales para posibilitar que los pequeños propietarios mantengan o bajen los precios del alquiler. El PP defiende las ayudas directas y estudiadas según renta y edad frente a las ayudas universales como el bono cultural. 

Así, el Gobierno mantendrá las ayudas a propietarios que bajen el precio de sus pisos en zonas tensionadas: la desgravación fiscal seguirá siendo de hasta el 90% si el propietario rebaja el precio del alquiler al menos un 5% con respecto al contrato anterior y hasta el 70% si se saca una nueva vivienda al mercado y se la alquila a un joven de entre 18 y 35 años o si la alquila a la administración pública para que esta, a su vez, la arriende en régimen de alquiler social.

"No voy a hacer demagogia con un tema complejo, no hay soluciones fáciles, pero no planteo medidas intervencionistas que trae un encarecimiento de los precios", aseguraba este martes el presidente popular al tiempo que presentaba su modelo de vivienda, que pasa por otras ayudas directas como dar un total de 1.000 euros para costear los gastos objetivos a los jóvenes que se emancipen por primera vez en función de su renta -sin detallar aún-, ampliar el bono de alquiler joven e incrementar las cesiones de suelo público para construir viviendas y cederlas con un precio de alquiler tasado un 40% menor al precio del mercado para que los jóvenes puedan alquilar.

Las comunidades del PP solo aplicarán lo obligatorio

Por el momento, solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá la ley estatal al Tribunal Constitucional por entender que hay una invasión de competencias. En Génova descartan por ahora hacer lo propio y dan libertad a los territorios para seguir los pasos de Ayuso en caso de que así lo consideren. "No hay vocación de combatir leyes", señalan fuentes de la dirección nacional. 

No obstante, tanto estas como diferentes comunidades lideradas por el PP o candidatas a gobernarlas tras el 28M, avanzan su intención de aplicar únicamente las medidas obligadas por el Estado. Por el momento, las únicas obligatorias son las deducciones fiscales en las que están de acuerdo y el tope de los precios. No obstante, si las comunidades entienden que el Estado está invadiendo sus competencias, pueden recurrirlo al Constitucional, librándose así de aplicar la futura ley de Vivienda, como ya consiguió el PP con la ley catalana.