Han bastado tres días de huelga para que el ministerio que encabeza Pilar Llop se decida a convocar este jueves a una mesa de negociación a los funcionarios de Justicia. La ministra ha hecho coincidir el anuncio con la manifestación que ha transcurrido entre la sede de Justicia y la del Ministerio de Hacienda, a la que han acudido hasta 10.000 funcionarios, según los organizadores, 7.000 según datos de la Policía. En las últimas jornadas la huelga ha sido secundada por más del 85% del cuerpo, calculan los sindicatos, que alertan de la paralización de 700.000 actuaciones judiciales por día. 

El ministerio, que aún no ofrece datos sobre el impacto de la suspensión en los tribunales y juzgados de España, estima sin embargo que este es mucho menor y cifra el seguimiento de la huelga entre el 15 y el 28%. De todas formas, el peso de esta movilización se suma a las secuelas de la protesta de los secretarios judiciales, que se mantuvo durante dos meses seguidos, y a la obstrucción generada por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que se alarga ya más de cuatro años. De esta forma, los sindicatos convocantes de la huelga -CSIF, STAJ, UGT y CCOO- aseguran que la situación podría tardar dos años en revertirse, ya que se suspenden "decenas de miles de juicios cada día". Entre ellos se encuentra el del caso Gürtel en el que se acusa a Francisco Camps en la Audiencia Nacional, según ha comunicado CSIF. 

El paro durante dos meses de los 4.300 letrados judiciales provocó la suspensión de más de 400.000 juicios, una cifra que los 45.000 funcionarios superaron en el primer día de huelga, según sus propias estimaciones. Las organizaciones han reiterado que lamentan los inconvenientes y perjuicios que su protesta causa entre la ciudadanía, pero mantienen que "la pelota está en el tejado de Pilar Llop, tras más de dos años sin negociar estas cuestiones". "La ministra no nos deja otra opción", alegaba en este sentido Jordán entre los pitidos y el tumulto de la manifestación. 

Si bien es cierto que la protesta actual deriva directamente de las subidas salariales de entre 430 y 450 euros que la cartera de Llop concedió a los letrados, los sindicatos aseguran que el conflicto es previo y estaba "latente" desde hace años. "Estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden, queremos que se reconozcan legalmente y se retribuyan", alegó durante la protesta el presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán. 

La huelga gira básicamente alrededor de dos reivindicaciones. Por un lado, los funcionarios reclaman un aumento salarial proporcional al concedido a los letrados. Concretamente, reclaman subidas de 430 euros para los médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Para los grupos de gestión y los técnicos especialistas de laboratorio solicitan 400 euros de aumento y para los profesionales de tramitación y ayudantes de laboratorio un incremento de 375 euros. Piden además una subida de 350 euros para los funcionarios de Auxilio Judicial.

Pero más allá de los asuntos económicos, la huelga se erige para tratar de paralizar la tramitación de la ley orgánica de eficiencia organizativa y negociar una modificación de la misma abordando cambios en los destinos, los horarios y la retribución. Según los funcionarios, la ley que tramita el Ejecutivo podría generar traslados forzosos y la amortización de cantidad de puestos de trabajo. Los sindicatos están manteniendo contacto con varios grupos parlamentarios para tratar este asunto mientras la huelga continúa. 

Existe una tercera reivindicación: la eliminación de las diferencias retributivas en función de los grupos de población. Actualmente, el salario varía según el destino de cada funcionario, siendo más elevado en Madrid y Barcelona, algo menor en el resto de capitales de provincia, aún más bajo en las demás cabeceras de partido judicial e inferior a este en los juzgados de paz. 

Con estas propuestas concretas acudirán el jueves por la tarde al Ministerio de Justicia, donde les recibirá previsiblemente el secretario general Manuel Olmedo, dado que el Ministerio de Justicia no prevé la asistencia de Llop a la mesa de negociación. Según han  advertido las organizaciones sindicales durante la movilización, la huelga y las presiones se mantendrán "hasta que haya un compromiso evidente por parte del Ministerio de Justicia" para atender a sus reivindicaciones y poner sobre la mesa "una oferta razonable".

La convocatoria a la reunión no detallaba ninguna propuesta concreta, "el mail venía sin PDF", ha explicado Jordan este miércoles. Desde el ministerio tampoco aclaran si hay una predisposición clara a ofrecer medidas a los huelguistas.