Las personas con discapacidad intelectual necesitan al menos 4.000 viviendas sociales: "Debe ser abordado en la Ley de Vivienda"
- Plena Inclusión reclama que se tenga en cuenta en la nueva Ley de Vivienda y en las políticas anunciadas.
La confederación Plena inclusión estima que en la actualidad la demanda de vivienda para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo exige la creación de un parque de vivienda social de, al menos, 4.000 pisos. Las dificultades de acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, hace prácticamente imposible el tránsito de las personas con más necesidades de apoyo a vivir en comunidad.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, exige al actual Gobierno una mayor sensibilidad ante esta demanda social, justo en la semana en la que el presidente del Ejecutivo ha anunciado el propósito de adjudicar 50.000 viviendas públicas para colectivos que lo necesiten, "la vivienda y los apoyos para la vida independiente son el futuro de los sistemas de servicios sociales.
La Ley de Vivienda y la revisión del Sistema de Dependencia deben articular apoyos personalizados en comunidad, flexibles y suficientes en viviendas que cuenten con las condiciones exigibles de accesibilidad cognitiva". Este avance debería completarse, dicen desde Plena inclusión, con el correspondiente desarrollo normativo para generalizar este derecho.
Acceder a una vivienda: un gran obstáculo
Desde Plena inclusión, la confederación que agrupa a 950 asociaciones de todo el país que defienden los derechos de más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, parálisis cerebral y otros) y sus familias, se recuerda que la aspiración de la mayoría de estas personas se proyecta en una vida independiente, tanto entre aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo como entre quienes no las presentan.
La vivienda y los apoyos para la vida independiente son el futuro de los sistemas de servicios sociales
El proyecto ‘Mi Casa, una vida en comunidad’, financiado por la Unión Europea y patrocinado por el Gobierno español dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia y la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, está validando nuevas soluciones de apoyo que promueven la vida independiente, la inclusión comunitaria y la contribución social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Las carteras de servicio de la dependencia no sirven para responder a las necesidades de las personas pues a veces promueven la dependencia y la institucionalización. La imposibilidad de acceder a una vivienda es otro gran obstáculo.
Para la presidenta de Plena inclusión España, "una verdadera sociedad inclusiva, donde se promueva un nuevo enfoque sobre la política de los cuidados debe hacerse posible en un espacio comunitario en el que todas las personas puedan desarrollar vidas elegidas. La exclusión residencial del colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo es un problema que debe ser abordado en la Ley de Vivienda haciendo efectivo el derecho a la vivienda y reduciendo las listas de espera".