Almeida plantea convertir edificios en ruinas en vivienda pública o impedir que los okupas se empadronen

El acceso a la vivienda ha copado en esta última semana el debate  nacional y este viernes también ha impregnado la política madrileña. De cara a las elecciones municipales que se celebran en apenas un mes, el alcalde de la capital y candidato del Partido Popular a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha expuesto sus recetas para tratar de solucionar el problema que acusa especialmente la capital, proponiendo construir 12.000 hogares, de las que el 50% reservaría a los jóvenes.

Según ha explicado el jefe de los populares en la capital durante un acto en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la construcción de los miles de viviendas empleará fórmulas de colaboración público-privada, como la cesión del derecho de superficie. De ellas, 500 se levantarán en parcelas dotacionales para ser dedicas a nuevas fórmulas como el cohousing o el coliving, dicho de otra forma, comunidades compuestas de casas agrupadas con espacios comunitarios.

Si logra revalidar la Alcaldía, Almeida también ha anunciado que una de sus primeras acciones será pedir una modificación legislativa al Gobierno de la Nación para luchar contra la ‘okupación’ de viviendas y otro tipo de inmuebles. Con ello, espera poder llevar a cabo medidas como el desalojo en el plazo de 24 horas o que los ‘okupas’ no tengan derecho a ser incluidos en el padrón municipal y que los propietarios víctimas de esa ocupación, por su parte, estén eximidos del pago del IBI durante el tiempo que dure la misma.

En su encuentro con representantes de las juntas de compensación de los nuevos desarrollos urbanísticos, del sector de la construcción y de cooperativas de viviendas, el candidato popular ha planteado, por otro lado, actuar en edificios en ruina o en malas condiciones de conservación, especialmente en barrios del centro de la ciudad, para proceder a su rehabilitación y destinarlos a vivienda protegida. 

Por lo demás, Almeida se ha comprometido a gestionar el 10% de las viviendas municipales a través del área competente de Servicios Sociales, destinándose, exclusivamente y con atención social profesionalizada, a los colectivos más vulnerables. "Esta medida mejorará el acceso a la vivienda de los más necesitados y la atención que reciben" ha valorado, al tiempo que ha asegurado que en los próximos cuatro años garantizará la gestión de bolsas de vivienda destinadas a familias en situación de emergencia o desahuciadas por una necesidad extraordinaria. También ha se ha comprometido a establecer fórmulas para continuar con los programas de alquiler. Entre otras, la adquisición de viviendas en el mercado secundario privado, de segunda mano.