A cuatro días de que la ley de vivienda llegue al pleno del Congreso, el Partido Popular ya avanza que se opondrá en la votación de la norma pactada entre el Gobierno, ERC y Bildu. El rechazo viene en consonancia con las críticas que ha estado vertiendo el Partido Popular contra esta ley que presentó hace diez días el Ejecutivo y que, en su opinión, se agrava ahora con la introducción de una nueva enmienda que supondrá "un incentivo para los okupas", según la oposición. No obstante, la novedad vendría con el posible recurso de esta misma ley ante el Tribunal Constitucional.
"No descartamos nada", ha detallado el portavoz nacional, Borja Sémper, ante la pregunta de si Génova se plantea la vía judicial. La dirección nacional pide margen de tiempo para tomar esta decisión, es decir, conocer la ley antes de decidir si acude al TC. Esto pese a que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciara hace semanas que la recurrirá al interpretar que el Gobierno invade las competencias de las comunidades.
Para el Partido Popular, la ley de vivienda se basa en medidas "intervencionistas que traen un encarecimiento de los precios", ya que como advierte el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, topar los alquileres "puede reducir su oferta y subir los precios". Y a esto se suma que, según los populares, la nueva norma dará más beneficios a quienes okupan ilegalmente las viviendas.
"Pedro Sánchez es un chollo para los okupas", ha concluido Sémper tras conocer que el Gobierno y sus socios de investidura han acordado una enmienda transaccional para "dificultar y ralentizar el desalojo de los que dejan de pagar" mientras que obliga al propietario a "demostrar que los okupas usan como vivienda habitual esa casa".
Se refiere a la enmienda transaccional acordada entre PSOE yUnidas Podemos con ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT, aprobada el pasado jueves en la Comisión de Transportes. Según ha avanzado El Mundo a través de esta enmienda "se obligará a que el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá certificar si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual". Y en el caso de los grandes tenedores, "las exigencias se agudizan más porque será necesario que acrediten la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas en situación de vulnerabilidad".
Por ello, el equipo de Feijóo no solo ha reprochado a Sánchez que en cinco años de Gobierno "no haya impulsado ni una sola medida" contra la okupación "que se ha incrementado un 50% en los últimos años", sino que además lo "agrava" con este nuevo acuerdo que se votará en el Congreso.
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