El enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta de Andalucía a cuenta de la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz para ampliar los regadíos en Doñana ha experimentado este lunes una nueva escaramuza, nada menos que dentro del despacho del comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, que ha recibido al consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, y con él y en representación del Gobierno central, un miembro de la Representación española ante la UE y un abogado del Estado. Al término del encuentro, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha exigido desde Madrid la retirada de la proposición de ley mientras que Fernández Pacheco afirmaba en Bruselas que Sinkevicius se había comprometido a "analizar" sus argumentos. Solo han coincidido en la "preocupación" por parte de la Comisión por el ritmo en el cumplimiento de la sentencia que en 2021 ya condenó a España por Doñana, aunque por motivos que, según quien hable, son competencia de uno o de otro.

Las reacciones al término de la reunión con el comisario han sido todo lo contrario a la -frustrada- discreción que la Junta quería imprimir a una "importantísima reunión" y un encuentro "serio", según ha dicho Fernández Pacheco, que Ribera ha afirmado no se trata de ningún modo de una "visita de cortesía" ni para que la Junta "explique" a la Comisión algo que no haya entendido porque "conoce perfectamente la situación y ha dejado claro desde el principio su profunda preocupación por este asunto".

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Desde Madrid y desde Bruselas, el Gobierno y la Junta han dado dos versiones prácticamente antitéticas del propósito y los comentarios que se han hecho en ella. Lo que para Sevilla ha sido la contestación a su petición para analizar la proposición de ley, para Madrid es un paso más dentro de un procedimiento de infracción por el que España puede ser multada una vez más y que solo se cerrará con la retirada total de la iniciativa legislativa.

Retirar la ley

"El Gobierno exige al gobierno andaluz, al Parlamento, la retirada de esta proposición de ley. Le pido a [Juan Manuel] Moreno Bonilla y a [Alberto]  Núñez Feijóo que dejen de poner en riesgo la credibilidad de España, el futuro del sector agrícola y en particular de frutos rojos de la provincia d Huelva y eviten el riesgo de que España sea condenada una vez más", ha exhortado Ribera en una rueda de prensa convocada de urgencia al término de la reunión en Bruselas.

Según ha dicho, muestra de la "gravedad del asunto" es que, a su pesar, han acompañado, a Fernández Pacheco no solo el consejero de Medio Ambiente de la Representación Permanente -el equivalente ante la UE de una embajada- y un abogado del Estado. "Es normal", ha explicado la vicepresidenta, que ha añadido que "el comisario no ha gestionado esta reunión como una visita de cortesía, sino como un proceso de infracción contra España que podría tener aparejada una multa coercitiva contra el presupuesto de todos los españoles".

Ribera ha rechazado la oferta de Moreno de enmendar la futura ley y para ella "solo cabe la retirada" y su "devolución entera al sitio de donde no debió salir jamás en beneficio de los españoles que es la papelera". Si la Junta insiste en sus planes, ha reiterado que el Gobierno planteará un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y estudiará la manera de que si finalmente hay una sanción contra España, la pague la Junta. 

"En ese supuesto, que espero no se materialice, nosotros acudiríamos al Tribunal Constitucional y habría que pensar en el supuesto de multas coercitivas cómo se puede trasladar", ha advertido Ribera.

Estudiar sus comentarios

Casi al mismo tiempo, el consejero andaluz hacía declaraciones en Bruselas tras su reunión con Sinkevicius y pintaba un panorama totalmente diferente. Según ha dicho, el comisario "se ha comprometido a evaluar todos los argumentos" que le ha presentado en nombre de la Junta, aunque no ha querido desvelar si el comisario ya le ha hecho algún comentario o ha pedido alguna modificación al texto legislativo.

Según ha enumerado, que la proposición de ley "en absoluto perjudica al acuífero de Doñana" porque prevé solo utilizar aguas de superficie cuando estén disponibles de un trasvase que se acordó en 2018 y cuyas obras "todavía ni siquiera han comenzado".

Fernández Pacheco ha asegurado también que "en absoluto es una amnistía" para los regantes ilegales. "Desde que Juanma Moreno es presidente, en el ámbito de nuestras competencias se han multiplicado por cuatro los expedientes". "Todo el que inflija la ley tendrá siempre en frente de manera categórica a la Junta", ha dicho.

También, aunque con menos contundencia que hizo el jueves pasado por carta, el consejero ha querido dejar claro al comisario que la tramitación de la proposición de ley apenas ha echado a andar en el Parlamento y que podrá ser enmendada. También, que se escuchará a todas las partes implicadas, un procedimiento que habría suprimido de forma previa al decidir el PP -y Vox- la tramitación de urgencia.

"Apenas ha empezando a andar en tramite parlamentario", ha incidido Fernández Pacheco, que ha recordado que la Junta lleva pidiendo una reunión con el Gobierno desde noviembre para hablar de Doñana. "Si no estuviéramos dispuestos a cambiar, estas conversaciones no tendrían sentido", ha dicho y ha afirmado que el gobierno andaluz está dispuesto a "escuchar" y "hablar con quien quiera dialogar con nosotros".

De momento, no parece que vaya a ser con Ribera, que este lunes ha vuelto a dejar claro que no hay discusión posible si la base de la conversación es algo "ilegal". "No es posible dialogar sobre la base de la ilegalidad y basta ya de reclamar algo sobre la ilegalidad de esta proposición. Salvar Doñana depende de todos pero cada cual debe asumir su responsabilidad", ha afirmado. 

Bruselas pide más rapidez para cumplir la sentencia

El único punto en común en la reacción del Gobierno y la Junta a la reunión con Sinkevicius, aunque también con diferencias claves, tiene que ver con la reclamación que ha hecho para que España se dé más prisa para cumplir la sentencia condenatoria de 2021 y imprima un mayor ritmo al plan de mejora de Doñana que entonces evitó una multa como la que ahora por el plan de regadíos.

"La Comisión Europea insiste en que le gustaría ver reforzada la ejecución de la sentencia y considera que esta proposición de ley en tramitación va en sentido diametralmente opuesto a lo necesario para la protección de Doñana", ha dicho la vicepresidenta, que ha culpado a la Junta del deficiente cumplimiento porque no se están tomando medidas que son de su competencia.

"Con la Comisión habíamos llegado a fijar un calendario para la ejecución de todos los planes del Plan Hidrológico del Guadalquivir y el Marco de Actuaciones de Doñana. Al comisario le gustaría lógicamente que fuéramos más deprisa y le preocupa la falta de concreción de las medidas para la protección de la directiva  Hábitats, es decir, las competencias medioambientales de la Junta", ha explicado Ribera.

Para el consejero, la mayor parte de las competencias las tiene el Gobierno y la Junta está cumpliendo con su parte. "Apenas el 10% le corresponde a la Junta, estamos siendo extremadamente diligentes para cumplir y notificarlo al Gobierno de España y a la Comisión".