El 60,5% de los españoles cree que el Gobierno trata de influir en las decisiones de las grandes empresas

Seis de cada diez españoles considera que el Gobierno trata de influir en las decisiones de las grandes empresas. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, que recaba la opinión de la población acerca de la libertad de las grandes empresas en la toma de decisiones a raíz del choque frontal entre el Ejecutivo y Ferrovial a cuenta del traslado de la constructora a Países Bajos. El sondeo mide además el impacto de la maniobra sobre la reputación y el prestigio de España y del propio Gobierno, ambos perjudicados por la salida de la compañía presidida por Rafael del Pino, según la mayoría de los encuestados.

El 21,8% de los entrevistados cree que el Gobierno de Pedro Sánchez respeta la libertad de las grandes empresas para tomar decisiones, frente a un mayoritario 60,5% que opina lo contrario y considera que el Ejecutivo trata de influir en las decisiones de las compañías de mayor peso. Esta segunda postura es defendida en mayor medida por los votantes de PP, Vox y Ciudadanos, entre cuyos electorados más del 80% defiende la existencia de influencias por parte del Ejecutivo. El porcentaje cae por debajo del 50% entre los simpatizantes de PSOE y Unidas Podemos.

En cambio, en el caso concreto de Ferrovial, los encuestados se encuentran divididos a la hora de valorar las presiones del Gobierno para evitar el cambio de sede de la constructora. El 39% aprueba las tentativas del Ejecutivo, un porcentaje similar al que las rechaza. Esta división se explica por la percepción contraria entre electorados. Más del 55% de los votantes de PSOE (57,9%) y Unidas Podemos (61,9%) defienden que el Gobierno haya tratado de evitar la 'mudanza' de Ferrovial, frente al 27,6%, el 25% y el 8% de los electores de Ciudadanos, PP y Vox que comparten esa posición. 

De hecho, el 63,7% y el 73,8% respectivamente de los votantes de las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal desaprueban el comportamiento del Gobierno. En la misma línea, más del 80% de estos electores reprocha al Ejecutivo descalificaciones tanto hacia Ferrovial como hacia su presidente Rafael del Pino. La proporción de encuestados que comparten esa opinión desciende hasta el 36,1% y el 26,9% entre los votantes de PSOE y Unidas Podemos respectivamente.

Los accionistas de Ferrovial desoyen al Gobierno y el 93% aprueba el traslado de su sede a Países Bajos

Desde que Ferrovial anunciara a finales de febrero su intención de trasladar su sede social a Países Bajos, el Gobierno y la empresa privada mantuvieron durante semanas un choque frontal que no evitó que los accionistas respaldaran finalmente la decisión de la constructora. Los inversores aprobaron por mayoría absoluta el pasado 13 de abril -una semana antes de la elaboración de la encuesta- la fusión de Ferrovial con su filial neerlandesa. La constructora alega que este es un paso previo para cotizar en la Bolsa de Estados Unidos y aumentar su competitividad en los mercados internacionales, si bien el Gobierno ha puesto en duda la inexistencia de una motivación fiscal.

Perjudicial para España

El 62,7% de los encuestados considera que la reputación del Gobierno se ha visto debilitada tras el respaldo de los accionistas de Ferrovial al cambio de sede, una opinión compartida de forma transversal y mayoritaria a lo largo de todo el espectro ideológico. No obstante, entre el electorado de PP, Ciudadanos y Vox la proporción de entrevistados que perciben un coste reputacional para el Gobierno se eleva hasta el 80,5%, el 81% y el 87% respectivamente.

El traslado es también perjudicial para el país, según piensan la mayoría de entrevistados. El 66,1% cree que el prestigio de España ha quedado debilitado tras la salida de Ferrovial, frente a un 10,9% que opina que se ha visto reforzado y un 23,1% que no sabe o no contesta. Nuevamente los votantes de Vox, Ciudadanos y PP son los que defienden más firmemente el impacto negativo de la maniobra. Aproximadamente el 55% de los electores de PSOE y Unidas Podemos comparte ese parecer, mientras que el 18% considera que el país ha salido reforzado.

Más allá de su impacto, los accionistas de Ferrovial ya han tomado una decisión y la constructora dejará de ser española previsiblemente a lo largo de la segunda mitad de 2023, aunque seguirá operando en España a través de una filial creada exprofeso. La Agencia Tributaria supervisará la 'mudanza' y, en caso de que confirme la existencia de razones económicas, Ferrovial podrá acogerse a las deducciones fiscales para fusiones transfronterizas.