El Senado aprobará hoy definitivamente la reforma del 'solo sí es sí', tan solo medio año después de que entrase en vigor. ¿Esperaban cuando elaboraron la ley que acabase dando este giro?
No lo esperábamos, porque el objetivo con el que se trabajó esta ley fue precisamente para acabar con la impunidad. Hay una cifra muy representativa del problema y es que solo llega a denunciarse el 8% de las agresiones sexuales. Eso significa que hay un 92% de agresores que no pisan un juzgado. También sabemos que de ese 8% de casos que llegan a manos de la justicia, muchos terminan en absolución porque la norma que teníamos hasta ahora dificultaba muchísimo el hecho de que la mujer pudiera probar que no había consentido. Así que cuando dimos este paso de regular qué entendíamos por consentimiento, con un cambio de paradigma, en ningún momento nos hubiéramos podido imaginar que volveríamos al modelo antiguo. Que la interpretación de la ley por parte de la justicia haya acarreado consecuencias que no se esperaban en ningún caso justifica tocar el núcleo duro de la norma, el modelo del consentimiento.

¿No se contemplaba tampoco la posibilidad de que se produjeran algunas rebajas de condenas?No solo no se planteó, sino que lo que se dijo eran principalmente bulos infundados tratando de generar una animadversión hacia la norma. Se hablaba de que los hombres no podrían decir más piropos a las mujeres. Se dijo que los hombres tendrían que firmar contratos con las mujeres para mantener relaciones sexuales. Se dijeron tantas cosas con el objetivo de ridiculizar la norma, que la verdad es que esta cuestión no se planteó. Lo que sí se planteó es que la aprobación de una norma que cambia por completo el paradigma tenía que venir acompañada de formación a la justicia. Porque pasamos de un modelo en el que el juez le preguntaba a la víctima si se resistió y cómo puede demostrarlo a un modelo en el que pregunta al agresor si tenía el consentimiento de la otra persona.

¿Quiere decir entonces que si se hubiese fortalecido previamente esa formación en el ámbito de la justicia, la cifra de revisiones de penas hubiese sido mucho menor?
Eso ayudaría. Porque el espíritu de la norma no era en ningún caso rebajar las penas. Y en la interpretación de la ley hay que tener en cuenta la norma entera, y el espíritu que persigue, que es no dejar impunes ese 92% de agresiones sexuales. Seguramente con más sensibilización y más formación especializada, no estaríamos en el estadio en el que estamos. Y de hecho nosotras seguimos defendiendo la formación en nuestras enmiendas. 

El PSOE defiende su reforma hablando de cambios técnicos y no ideológicos. ¿Lo son?
No. En ningún caso. Los políticos hacemos política, y todo aquello que llevamos a cabo está estrictamente marcado por nuestra ideología. Entonces, el Código Penal, que define aquellas conductas que comportan la privación de libertad, que es uno de los valores más importantes a proteger… evidentemente que está marcado por la ideología. No se puede calificar de reforma técnica una modificación de la norma que lo que hace es cambiar su núcleo principal. Esa es una cuestión que entra en lo político, porque viene a contradecir el paradigma ideológico que sustenta esta norma.

Realmente, la reforma del PSOE no modifica específicamente la definición del consentimiento. ¿En qué sentido desplaza entonces ese concepto del centro de la ley?
Al incluir la violencia como un nuevo subtipo, las víctimas tendrán que volver a probar que ante una agresión sexual se han resistido, que ha habido violencia. Y la realidad es que cuando una mujer es violada, su reacción muchas veces pasa por la parálisis. Que yo no me mueva o que yo no grite no significa que esté teniendo una relación sexual consentida. Entonces, cuando la mujer se sienta frente al juez, tiene que demostrar que ha sufrido heridas tratando de resistirse… y eso lo que termina provocando es que muchas violaciones no se puedan demostrar.

Sí que estaban dispuestos, no obstante, a introducir la violencia y la intimidación como agravantes, como pedía UP. Pero ahí también tendrá que demostrarse en algún punto del proceso judicial que concurrieron…
Sí. Pero de entrada, ese hecho será una agresión sexual. Porque yo, como víctima, manifiesto que no tiene mi consentimiento. Y si además de no explicitar que esto es una relación consentida, sufro violencia por ello, o he tenido que resistirme porque no ha sido suficiente con decir que no… ahí es donde se puede agravar. Pero el hecho en sí de que yo he sido víctima no va a estar condicionado a otros elementos.

El Ministerio de Justicia y el PSOE rechazaban esta propuesta porque decían que incluyéndolo en las circunstancias agravantes, se disparaban las penas. Ustedes han asegurado en varias ocasiones que una mayor dureza del Código Penal no tiene por qué implicar una mayor protección de las víctimas…
El PSOE tampoco puede justificar que su propuesta de reforma acabe con la revisión de sentencias. Es decir, yo creo que esa acusación no se sustenta. Es verdad que mantenemos, como los movimientos feministas, que no por tener penas más largas las mujeres estamos más protegidas. Porque precisamente el origen del problema es que las mujeres identifiquen y denuncien estas situaciones de agresión sexual. Nuestro principal problema es abordar la impunidad de los agresores que ni siquiera pisan un juzgado ni llegan a rendir cuentas de la violencia que han ejercido. 

¿Qué implica, además, que se haya impulsado sin el respaldo del grupo que la impulsó, Unidas Podemos, y sin los socios de la investidura?
La oportunidad de que gobiernen las izquierdas tiene que servirnos para avanzar en derechos. Y avanzar en derechos, sobre todo en derechos feministas, despierta la reacción de la derecha que quiere hacernos retroceder. Frente a ello, las izquierdas tienen que mantener la posición e incluso seguir avanzando, porque a la mínima afrenta tenemos mucho riesgo de retroceder. Lo que ha hecho el PSOE es ni más ni menos que ceder a la presión mediática y política con una reforma exprés a golpe de titular que en el Senado la hemos tramitado en seis días, dos de ellos no laborables. Eso nos demuestra que el PSOE ha querido modificar esta norma por arañar cuatro votos en las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina; más por la emergencia electoral que por la emergencia social.  

Y luego está el porqué el PSOE decide modificar esta norma de la mano del PP, en lugar de llegar a un acuerdo con sus socios de Gobierno. Es inconcebible que deje a un lado a su socio de Gobierno y busque a la derecha a la que lleva criticando desde hace tres años de ser antifeminista. Solo se explica porque ha cedido a la presión y decidido retroceder en derechos. 

Pero ¿defienden que había que tomar cartas en el asunto cuanto antes ante el goteo de rebajas?La velocidad con la que se ha abordado la reforma ha venido por la necesidad de dar una respuesta a la situación de rebaja de algunas penas, pero también por el calendario electoral. Nosotras hubiéramos entendido que entre socios de Gobierno se hubieran puesto de acuerdo, y a partir de ahí valorar los siguientes pasos a seguir y analizar cuáles son todos los datos encima de la mesa que justifican esa decisión. Ha existido mucha opacidad respecto a los datos de revisiones de sentencias. Los datos que conocemos son parciales, en gran parte facilitados por los medios... 

Ustedes han votado muchas propuestas con PSOE y UP esta legislatura. ¿Cómo ven la situación ahora en el Gobierno de coalición, con una fricción tan grande por la reforma de esta norma?
Todas aquellas cuestiones que hemos apoyado ha sido porque permitían avanzar en derechos, y, por tanto, nos permitían ser útiles a la ciudadanía de Cataluña. Y, por otro lado, porque podíamos continuar trabajando en el marco de nuestro autogobierno. A partir de ahora, y ante esta situación que vive ahora el Gobierno de tener posiciones diferentes, nuestro papel sigue siendo el de presionar para que se avance en derechos, porque esto claramente marca un precedente de retroceso, y nos preocupa que pueda empezar a ser una tendencia.

No se introdujeron ninguna de la veintena de enmiendas que presentó ERC, y que han mantenido vivas en el Senado. ¿Cuál de todas lamenta más que no se haya aceptado?
Hemos vuelto a presentar 18 enmiendas en el Senado, y yo destacaría dos grandes ideas. Varias enmiendas pretenden blindar el modelo del consentimiento y acotar qué se entiende por ello, y por eso proponemos volver al redactado que teníamos, y especificar que, que alguien se quede en silencio, o paralizado, no significa que consienta. Acotarlo para limitar el margen de interpretación. Y otra cuestión es la de la formación de los jueces, clave para acompañar el proceso de cambio de paradigma y que las víctimas se encuentren con una justicia preparada para entender la dimensión de las agresiones sexuales. 

¿Llegaron a hablar con UP o incluso con el PSOE para negociar esas enmiendas?
Nosotros lo que dijimos es que el PSOE y UP nos plantearan una propuesta conjuntamente. Eso ya vimos que no. Con quien hemos trabajado las enmiendas es con Bildu, con quien coincidimos en muchas ocasiones. 

¿Qué mensaje da al movimiento que la ley feminista más importante de esta legislatura haya acabado envuelta de tanta polémica?
El mensaje de esta reforma exprés es que ha existido un retroceso. Y si la izquierda no defiende los derechos de las mujeres y le tiemblan las piernas ante la presión mediática y política, retrocedemos. No podemos dar por garantizados nuestros derechos por más que tengamos un gobierno progresista. Además, esta ley surgió precisamente por la movilización de los feminismos, a partir de la sentencia de La Manada, donde se les decía a las mujeres que esa situación no era un abuso, que era una violación. Y respecto al PSOE, demuestra que gobiernan a base de encuestas y que dicen defender los derechos de las mujeres, excepto cuando encuentran otro motivo de más peso para echarse atrás. 

Hay dos iniciativas pendientes de tramitación en las Cortes que atajan el tema de la prostitución. Una impulsada por el propio Gobierno, la ley de trata, que todavía no ha salido del Consejo de Ministros, y la otra es una iniciativa del PSOE contra el proxenetismo, varada en el Congreso desde hace meses. ¿Llegarán a algún lado?
Creo que ha existido una dinámica en esta legislatura de intentar introducir elementos que no generan consensos en los feminismos en leyes que eran necesarias. Un ejemplo de eso es cuando se introdujo una pseudoprohibición de la prostitución en la ley de libertad sexual. Nuestra gran lucha en el trámite de la ley del 'solo sí es sí' en su momento fue apartar la cuestión de la tercería locativa, por defender los derechos y la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución. No sé cómo va a seguir el trámite, pero me parece un ejemplo de reacción apresurada por parte del PSOE.

Respecto a la ley de vivienda.. Junts no la apoya porque asegura que invade competencias autonómicas. Sin embargo, ustedes la respaldan y son uno de los artífices del acuerdo con el Gobierno…
Nosotras hemos trabajado la ley de vivienda en dos líneas. Por un lado, avanzar en derechos porque tenemos claro que queremos ser útiles a la ciudadanía de Cataluña y poder garantizar esos derechos que corresponden a la normativa de ámbito estatal. Y, por otro lado, proteger el margen de autogobierno que tenemos en Cataluña, porque de hecho nosotros no reunimos ninguna responsabilidad. Por eso decimos que querríamos tener todas las herramientas de un estado independiente para poder ponerlo al servicio de la ciudadanía y avanzar en derechos. No hay duda de que la ley de vivienda ha sido un antes y un después; de la propuesta que trabajaba el Gobierno, a la propuesta que sale a partir de nuestra intervención, incluso haciéndoles mover en aquellos puntos que habían asegurado que no iban a regular.

La mayoría de fuerzas políticas catalanas no apoyan el acuerdo de claridad que propone Pere Aragonés para buscar un referéndum pactado. ¿Cómo encaran la negociación ante esta situación?
Lo que plantea el president de la Generalitat es imprescindible. Llevamos mucho tiempo diciendo que queremos llegar a la independencia de Cataluña dando la voz a la ciudadanía, y que existe el derecho reconocido internacionalmente de la autodeterminación. Nuestra apuesta para ejercer ese derecho es a través de un referéndum, que es un consenso que aglutina al 80% de la población de Cataluña. Ahora estamos dando un paso más, intentando concretar las diferentes sensibilidades que existen en la sociedad catalana para concretar cuáles son esos elementos con los que debe cumplir el referéndum. Lo que esperaría del resto de formaciones políticas es que dejen de un lado las prácticas electorales y busquen trabajar por este elemento que de algún modo nos pone a todos de acuerdo, que es ese ejercicio del derecho de autodeterminación.

¿Apoyan la estrategia judicial de Clara Ponsatí, que el lunes no se presentó en el Supremo a pesar de estar citada?
Desde ERC respetamos todas las decisiones que tengan que ver con confrontar a la represión, y al final entendemos que es una decisión personal. Lo que sí nos alegra es que la consellera pueda volver a Cataluña gracias a los cambios que ERC ha impulsado en el Código Penal. 

¿Mantienen la opinión de que Junts debería forzar la dimisión de Laura Borràs para poder elegir a un nuevo presidente del Parlament?
Quiero hacer una observación. Un caso como el de Laura Borràs no hubiera podido pasar en ERC, porque ya se le hubiera pedido la dimisión, y de hecho no haciéndolo, le está haciendo un flaco favor al independentismo. Junts, su partido, es quien tiene que tomar la decisión. 

Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido muy crítico con Yolanda Díaz por las negociaciones para conformar su plataforma Sumar. ¿Cómo cree que debería reorientarlas?Permítame que no entre a valorar las negociaciones de otras formaciones. Sí que espero que al final encuentren la mejor fórmula posible para afrontar las próximas elecciones. Si ganan las derechas será un drama.