El Govern pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que retire las medidas cautelares que se concedieron a los centros educativos que segregan por sexos, y que permiten que sigan manteniendo los conciertos con la conselleria de Educación. Según ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, desde la Generalitat se entiende que la sentencia del Tribunal Constitucional les dará la razón en su pretensión de eliminar los conciertos para los centros que segregan por sexos.
La Generalitat prevé que la sentencia "avalará jurídicamente la ley educativa española que incluye, como disposición adicional, la prohibición de destinar recursos públicos" a este tipo de centros. De momento, el ejecutivo está a la espera de la publicación de la sentencia sobre esta cuestión, ya que hasta ahora, tan solo se conoce la nota informativa que se ha publicado. Una vez el Constitucional dicte sentencia, la Generalitat la estudiará y planteará los recursos y medidas correspondientes ante el TSJC.
La conselleria de Educación, encabezada por Josep Gonzàlez Cambray, decidió el año pasado no renovar los conciertos educativos a los centros que se negasen expresamente a abandonar su política de segregación de los alumnos por sexo. Tras preguntar a los diez centros que practican esta separación del alumnado, ocho manifestaron su voluntad de dejar de segregar, y dos respondieron que seguirán con el mismo modelo que hasta entonces.
Los ocho centros que manifestaron su voluntad de modificar su modelo educativo mantuvieron el concierto, pero los dos que decidieron mantener su politica de separación de alumnos por sexo, lo perdieron, a pesar de que las medidas cautelares del TSJC fueran para todos.
La portavoz del Govern ha explicado que el Govern no comparte "este modelo educativo ni destinar dinero público a este tipo de educación. Si alguien considera que debe seguir existiendo debe financiarse con dinero privado". La Generalitat considera que la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la prohibición establecida en la Ley de prohibir financiar con recursos públicos centros que segregan por sexos, daría la razón a la Conselleria de Educación y su decisión de eliminar los conciertos.
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