El Ministerio de Educación traspasa a las comunidades el desarrollo del plan de inclusión en los centros que ordena la Lomloe

La nueva ley educativa, la Lomloe, fija una orden clara: que en el plazo de diez años los centros educativos ordinarios cuenten con los recursos suficientes "para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Según mandata la norma, para alcanzar ese objetivo el Gobierno debe desarrollar un plan concreto en colaboración con las administraciones educativas, mediante el cual se vaya avanzando en la materia. 

Más de dos años después de entrar vigor, las asociaciones denuncian la ausencia de esa estrategia y exigen al Ejecutivo que lo despliegue cuanto antes. En el Gobierno, sin embargo, aseguran que ya llevan tiempo trabajando en ello, pero que no se implantará mediante un plan, sino a través de programas concretos cuyo despliegue correrá a cargo de las comunidades autónomas.

"El sector social de la discapacidad exige la adopción de este plan tras más de dos años del mandato legal sin que este se haya llevado a término", reclama el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en una nota publicada hace apenas unos días. A pesar de que la ley lo ordena, denuncia Cermi, el Ministerio de Educación "no ha materializado esta previsión legal", por lo que para el colectivo es urgente aprobar este Plan "dialogado y acordado" con la comunidad educativa —y "en especial con el movimiento social representativo de la discapacidad"— para avanzar hacia un sistema educativo "con más altas cotas de inclusión que el actual". Es decir, con más alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en centros ordinarios.

Con todo, "no habrá un plan integral específico", sino que se irá dotando de recursos —humanos y materiales— a los centros educativos ordinarios para que vayan fortaleciendo su capacidad de atender las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad. "Realmente ya lo estamos trabajando con las comunidades autónomas a través de diversos programas", detallan fuentes del Ministerio de Educación a 20minutos. Programas como el de cooperación territorial, para el que el año pasado se destinaron 38 millones, y cuyo segundo reparto saldrá "muy pronto", según las citadas fuentes. Sea como fuere, inciden, es cada comunidad autónoma la que decide y "distribuye como considera". 

"La ley ordena un plan y, por tanto, no hacerlo así significa incumplirla. Un plan integral permite desplegar una estrategia amplia y coherente. Lo que hace ahora el Ministerio son aproximaciones parciales que no responden al mandato legal", denuncian a este periódico desde Cermi. 

Un proyecto con la UE

El objetivo, según inciden desde el departamento dirigido por Pilar Alegría, es incrementar el número de personas de apoyo, e incluso poder redirigir los propios docentes de un centro de Educación Especial a uno ordinario. "Y luego, en paralelo y de forma coordinada, hemos pedido ayuda técnica a la Comisión Europea y elaboraremos con Portugal e Italia unas recomendaciones sobre la educación inclusiva", avanzan las mismas fuentes. Un proyecto que estará financiado con fondos europeos, arrancará en septiembre de 2024 y cuyos detalles no se pueden dar a conocer todavía por no estar terminado. 

El asunto es sensible. Hay una parte importante del colectivo que ve en ese objetivo a largo plazo un ataque a la Educación Especial que, alertan, corre el riesgo de desaparecer. En ese sentido, CEDD elaboró junto a la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) un manifiesto por el derecho a los padres a elegir a educación que quieren para sus hijos. Esto es, si prefieren matricularlos en un centro ordinario o en uno de Educación Especial que se adapte mejor a sus necesidades académicas, afectivas y sociales.

A este respecto se hace una mención específica en la disposición adicional de la Lomloe en la que queda recogida la obligación de elaborar un Plan de Inclusión Educativa: "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios", reza la norma. "La idea es que estén en contacto ambos centros (ordinario y especial) para que puedan coordinarse", afirman en Educación.