El Govern expropiará las viviendas que lleven vacías dos años para destinarlas a alquiler

El Govern expropiará las viviendas que llevan vacías más de dos años. La medida se encuadra dentro del objetivo del ejecutivo de Pere Aragonès de incrementar en 10.000 viviendas el parque público destinado a alquiler. Estas actuaciones se podrán llevar a cabo gracias a la aprobación en el Consell Executiu de este martes de la activación de una herramienta legislativa que permite la expropiación de inmuebles residenciales de grandes propietarios que estén incluidos en el registro de viviendas vacías y se pueda acreditar que no reside nadie desde hace más de dos meses.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el conseller de Territorio, Juli Fernández, ha señalado que las viviendas que potencialmente se expropiarán provienen de ejecuciones hipotecarias y daciones en pago. Los titulares han de ser entidades jurídicas, por lo que “la norma deja fuera a propietarios particulares”, ha confirmado el conseller.

En principio, estas medidas se implementarán en 14 municipios que han firmado convenios con la Agencia Catalana de la Vivienda. Gracias a la adhesión a estos acuerdos, se han podido llevar a cabo inspecciones en estas localidades y se ha podido determinar la cantidad de pisos que se encuentran vacíos. En estos municipios, son zonas de alta demanda y, además, está acreditado que hay situaciones de emergencia habitacional sin solucionar.

El conseller de Territorio ha detallado que la herramienta que se ha aprobado en el Consell Executiu para expropiar viviendas vacías se inicia con el envío al titular de un requerimiento en el que se informa de la posibilidad de expropiar el inmueble en caso de que siga sin habitar. A partir de ese momento, el propietario tiene un mes para acreditar que hay residentes para poder evitar el proceso.

Plazo de siete meses

Si no se puede verificar la residencia, se abre un periodo de tres meses en los que se negocia con el propietario un precio de compra por parte de la administración, o bien, el establecimiento de un alquiler social. En caso de que no se llegue a un acuerdo ni para la compra ni para el alquiler, se inicia otro plazo de tres meses en el que se tramita la retirada de la titularidad.

Según ha anunciado el conseller de Territorio, Juli Fernández, todo el trámite, desde el primer aviso al propietario hasta la ejecución de la expropiación, “pueden pasar unos siete meses”. El objetivo final de todo este proceso es “poner viviendas vacías a disposición de los ciudadanos con necesidades habitacionales en situación de vulnerabilidad”.

Los propios cálculos de la conselleria no son demasiado optimistas respecto al alcance de la medida ya que la cifra de viviendas que se pueden poner en alquiler este año estarán limitadas a entre 50 y 70. Juli Fernández ha destacado también que esta herramienta no se había puesto antes en marcha “porque no estaba desarrollada. Hace 7 meses entré en conselleria y hemos estado desarrollando la normativa”.

Amplio consenso

Esta herramienta que permite la expropiación de viviendas surge del articulado de la Ley 1/2022 que se aprobó en el Parlament por “una amplia mayoría”, según el conseller de Territorio. Juli Fernández ha destacado que esta ley tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos de Ciudadanos y PP, que no participaron, y el voto contrario de Vox.

Juli Fernández ha señalado que la activación de esta herramienta forma parte del objetivo de utilizar todas las herramientas que tiene el Govern, “y que algunas de ellas no se usaban”, para incrementar el parque público de vivienda de la Generalitat en 10.000 unidades. Para llegar a esta cifra, Juli Fernández ha explicado que para lograr una solución estructural al problema de la vivienda, se han puesto en marcha iniciativas como la promoción delegada, la compra directa a través del Incasol, y el incremento de las acciones de tanteo y retracto.

Sobre la medida que el gobierno ha anunciado sobre el aval que se otorgará a jóvenes para la adquisición de vivienda, el conseller de Territorio ha manifestado que “el objetivo del Govern va encaminado a incrementar el parque de vivienda pública destinado a alquiler permanente. Nos gustaría que todas las administraciones dirigiesen sus esfuerzos en este sentido”. Juli Fernández ha insistido en que “las políticas de alquiler público son las que mejor solucionan los problemas estructurales de vivienda”.