La tercera reunión de la Mesa de Retribuciones ha fracasado en su intento de acordar una subida retributiva para jueces y fiscales, con lo que el Gobierno y las asociaciones han decidido emplazarse a una nueva reunión el próximo 16 de mayo. Precisamente ese día -el próximo martes- está fechado el comienzo de la huelga convocada por cinco de las siete asociaciones, si bien tres de ellas acontemplan aplazar la protesta en pos de la negociación, según ha informado el Gobierno.
Tras la última oferta del Ejecutivo de desembolsar 46,7 millones de euros para las subidas de sueldo que reclama el sector, las distintas asociaciones se han dividido: mientras que los colectivos considerados conservadores lo ven "inaceptable", los progresistas, y por tanto más afines al Ejecutivo, la aceptarían. Según la Asociación Profesional de Magistrados, conservadora y mayoritaria, "se está hablando de la posibilidad de retrasar la huelga", una petición que ha trasladado el Gobierno, pero la decisión la deben tomar las ejecutivas de las diferentes asociaciones, por lo que no está clara de momento.
La división de progresistas y conservadores se ha extendido al diagnóstico sobre el encuentro que ha tenido lugar esta tarde a lo largo de más de cinco horas. La APM considera que "no se ha visto ningún avance", pero las asociaciones progresistas han confían en el rumbo de la negociación y aseguran que son "la palanca necesaria para que la oferta que hay sobre la mesa se mantenga".
Las reuniones comenzaron el pasado 3 de mayo, con una primera oferta del ministerio que se comprometió a incrementos salariales que sumaban 44,5 millones de euros. Tras el rechazo de las asociaciones, el pasado lunes se celebró una segunda reunión en la que el Gobierno subió la cifra a 46,7 millones, lo que podría implicar una subida de 500 euros mensuales en cada nómina.
Pese a que la huelga de jueces y fiscales es la tercera a la que se enfrenta este año el ministerio de Pilar Llop, las asociaciones evitan relacionar su protesta a la de los letrados judiciales y los funcionarios de la Justicia. Por el contrario, hablan de una "reivindicación histórica" cuyos orígenes se remontan a 2003.
En aquel año se aprobó la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, una norma pensada para asegurar la independencia económica de los mismos. Quedó establecida la Mesa de Retribuciones, el mecanismo oficial a través del cual se revisan las condiciones económicas de jueces y fiscales cada cinco años. Y sin embargo, ninguna de las cinco mesas previas ha concluido con aumentos salariales.
A esto se suma la rebaja del sueldo a la función pública, que en 2010 redujo las retribuciones de jueces y fiscales en un 10%. Según denuncian las asociaciones convocantes de la huelga, esa rebaja no se ha visto compensada en ningún momento, por lo que los jueces y fiscales han sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo que ahora pretenden compensar de una vez por todas.
Esta misma mañana, los funcionarios de Justicia que mantienen desde hace diez días paros parciales se han concentrado frente a la sede de la calle San Bernardo y han anunciado que a partir del día 22 pasarán a hacer una huelga indefinida.
Representados por los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CCOO, estos funcionarios reclaman subidas salariales de entre 350 y 430 euros, ligeramente menores que las concedidas a los letrados judiciales tras dos meses de huelga. De aceptar esa exigencia, el Gobierno se vería obligado a desembolsar cerca de 200 millones de euros. El cuerpo de letrados mantuvo la protesta desde enero hasta marzo y paralizó más de 400.000 juicios.
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