La Ley de Vivienda ha arrancado esta semana su tramitación en el Senado con la vista puesta a su aprobación antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. 

Entre otros puntos incluidos en el proyecto, se limitan las subidas de los alquileres, se establecen medidas concretas para las zonas tensionadas, se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta o se establecen mecanismos para ampliar la oferta de vivienda social. Sin embargo, también hay otras novedades menos conocidas que plantean muchas dudas en el mercado inmobiliario.

Algunas de ellas conciernen al artículo 31 de la norma, que trata sobre la "información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda". Según recoge Idealista, que cita a agentes de la propiedad, despachos de abogados y partidos de la oposición, el apartado 1.a del citado artículo aumentará el trabajo burocrático de los agentes inmobiliarios, dificultará su labor e incluso podría provocar la desaparición de las pequeñas agencias inmobiliarias.

Cuándo se podrá echar a un inquilino con la nueva Ley de Vivienda

En concreto, el punto controvertido es el que permite a la persona interesada en comprar o alquilar una vivienda pedir la "identificación del vendedor o arrendador y, en su caso, de la persona física o jurídica que intervenga, en el marco de una actividad profesional o empresarial, para la intermediación en la operación". 

Por su parte, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha señalado que esta ley contiene "dos elementos importantes" que, a su juicio, "van en contra de la profesionalización del sector, en incluso de su viabilidad, sobre todo para algunas inmobiliarias, que se dedican solo a la intermediación de alquileres, que pueden directamente desaparecer del mercado".

El artículo 31 es uno de ellos, ya que el inquilino, al poder solicitar toda una serie de datos y documentación, como la identificación del arrendador, sortearía así la intermediación de la agencia inmobiliaria. En su opinión, "atenta contra la labor y la función de las empresas y profesionales del sector, donde el espíritu de la ley incide directamente en poner trabas a la labor profesional, para dar más peso a la relación entre particulares, poniendo trabas a la profesionalización del sector".

Otro aspecto que Zurdo ha criticado se refiere a la modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), "donde los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, suprimiéndose cuando este sea persona jurídica, y de esta forma todos los arrendadores particulares tendrán que hacerse cargo de este gasto y los profesionales que se dedican solo a la intermediación inmobiliaria, no podrán cobrar este servicio profesional al inquilino o cargar sus honorarios a los arrendadores".