El PP defiende este martes en el Congreso un cambio en el modelo de elección de los vocales del CGPJ

Recién empezada la campaña de las municipales y autonómicas, a mes y medio de que España asuma la presidencia del Consejo de la UE y coincidiendo con el cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado, el PP lleva este martes al Congreso su propuesta para reformar el modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es la estrategia de los populares de cara a un debate que se reavivó la semana pasada tras la última visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a Madrid. El pasado 8 de mayo, Reynders se trasladó de nuevo a la capital para instar a PSOE y PP a que alcancen un acuerdo en dos fases: la primera, renovar el Consejo, caduco desde 2018, la segunda, cambiar el modelo de elección de vocales.

"Recomendamos proceder a la renovación del CGPJ. Es una prioridad e, iniciar inmediatamente después de la renovación, un proceso con el fin de adaptar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos", incidió el comisario. Y sin embargo, el PP de Feijóo reaccionó a aquella recomendación proponiendo exactamente lo contrario, es decir, que se reformara el modelo de elección de vocales y luego se procediese a la renovación, evitando de esta forma que la mayoría progresista del Parlamento se traslade al órgano de gobierno de los jueces. En lo que se refiere a este asunto, el orden de los factores sí altera el producto. 

¿En qué consiste la reforma que propone el PP?

La proposición de ley orgánica que se debate este martes fue registrada en la Cámara Baja en enero y refleja la postura que el PP ha defendido desde tiempos de Pablo Casado. Se trata de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo referido al sistema de elección de vocales del CGPJ. Este órgano, encargado de gobernar a los jueces, tiene un papel relevante en la elección de los magistrados que ocupan determinados puestos en tribunales como el Constitucional, el Supremo o los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. 

Lo componen 20 vocales, doce de ellos jueces y magistrados y los ocho restantes juristas de reconocido prestigio. Desde 1985, la renovación de este órgano -que se ha de llevar a cabo cada cinco años- es responsabilidad del Parlamento. Por mayoría de tres quintos, cada Cámara nombra diez de los miembros del Consejo. Los doce que corresponden al turno judicial los han de escoger entre las propuestas que previamente acuerdan las asociaciones judiciales. Así debió ocurrir a finales de 2018, pero PP y PSOE no han conseguido llegar a un pacto desde entonces, de forma que (casi todos) los vocales escogidos en 2013 siguen ocupando los asientos del Pleno. 

Para acabar con esa anomalía, el Partido Popular propone ahora en el Congreso que sean los propios jueces los que nombren a los 12 vocales del turno judicial y las cámaras se repartan la elección de los ocho vocales restantes, aquellos que deben ser juristas de reconocido prestigio. A lo largo de estos años, la postura de los populares ha ido virando en lo referido a los tiempos. El PP ha defendido en ocasiones que esta reforma se haga "de forma paralela" a la renovación, otras veces ha pedido que se lleve a cabo "inmediatamente después", y en otros momentos, como ahora, ha exigido que la reforma se haga antes de renovar el Consejo. 

Así lo hizo Alberto Núñez Feijóo el pasado miércoles, cuando declaró que está a favor de "una reforma inmediata de la ley orgánica del Poder Judicial" y una renovación "inmediatamente después". Según relatan en Génova, el partido adoptó este cambio de postura tras una reunión de Feijóo con su equipo en la que se concluyó que en el PP "no se fían" de Sánchez y deben marcar claramente las condiciones para proceder a la renovación del CGPJ. Además, en el PP defienden que su propuesta es acorde a los que exigen desde la Unión Europea. 

Una afirmación que es parcialmente correcta. Es cierto que la Comisión Europea viene exigiendo desde hace tiempo una reforma como la que proponen los populares. Así lo recogió el último informe sobre el Estado de Derecho en los países de la Unión. Y sin embargo, cada vez que Bruselas se ha pronunciado sobre este tema en el último año ha dejado clara la "prioridad" de renovar el CGPJ y reformar la ley "inmediatamente después". 

Entre septiembre y octubre de 2022, el debate sobre la renovación del Consejo se intensificó a raíz de una visita de Reynders y, aún más, tras la dimisión del entonces presidente del órgano, Carlos Lesmes. Ambos hechos propiciaron un acercamiento entre Feijóo (que antes de suceder a Casado aseguraba que iba a proceder a renovar el CGPJ) y Sánchez. Pero la negociación para la reforma de la sedición se metió de por medio y el líder popular echó el pacto para atrás en el último momento. 

Las conversaciones han estado prácticamente muertas desde entonces y las posturas acabaron alejándose aún más cuando el Gobierno consiguió renovar el Tribunal Constitucional y aupó a su Pleno al exministro socialista Juan Carlos Campo y a Laura Díez. Pero la inminente llegada de la presidencia española del Consejo de la UE ha reavivado el debate de nuevo. Bruselas ha vuelto a presionar a los dirigentes para que haya un acuerdo antes del 1 de julio, cuando España asumirá la presidencia. Y los populares han reaccionado con esta proposición de ley, que solicitarán tramitar por la vía de urgencia, pese a que no tiene muchas posibilidades de prosperar.