El Gobierno aprueba un plan para jubilación anticipada de personas con discapacidad y un nuevo incentivo para demorar el retiro

El Gobierno ha dado luz verde este martes a un paquete de medidas para facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a la jubilación anticipada y en el que también se añade un nuevo incentivo para que los trabajadores en general retrasen su entrada en el sistema de pensiones. 

Así lo ha comunicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la medida. De esta forma, el Ejecutivo pone negro sobre blanco el compromiso anunciado por el presidente Pedro Sánchez el domingo y da por cumplidas las recomendaciones planteadas por el Pacto de Toledo en materia de pensiones en 2020.

En primer lugar, el Ejecutivo ha aprobado un decreto que modifica la regulación de la jubilación anticipada en personas con más de un 45% de discapacidad para reducir los tiempos de cotización obligatoria para poder acceder a ella. A partir de ahora bastará con que las personas con discapacidad que quieran jubilarse a partir de los 56 años hayan cotizado cinco años con su discapacidad acreditada y no los 15 actuales. 

En segundo lugar, la nueva norma permitirá sumar varias patologías discapacitantes a la hora de demostrar un grado de discapacidad superior al 45%. Además, se suprime la exigencia de contar con un certificado del Imserso o del organismo competente de la comunidad autónoma para acreditar la discapacidad. A partir de ahora bastará con un informe médico que detalle la patología y la fecha de inicio de la misma. 

Según estima el Gobierno, los cambios en la normativa actual permitirán duplicar el número de personas con discapacidad igual o superior al 45% que podrán jubilarse anticipadamente. En 10 años la cifra alcanzará las 6.000 personas, sostiene Inclusión.

De igual modo, el decreto del Gobierno facilita que el listado de patologías que dan derecho a la jubilación anticipada se pueda modificar mediante orden ministerial, lo que agilizará el procedimiento, según el Ejecutivo. En este sentido, la normativa actual prevé nueve categorías de patologías que dan derecho a jubilación anticipada. Actualmente, la discapacidad intelectual, la parálisis cerebral, las anomalías genéticas, los trastornos del espectro autista, las anomalías congénitas secundarias a la Talidomida, las secuelas de polio o síndrome postpolio, el daño cerebral adquirido y determinadas enfermedades mentales y neurológicas permiten acceder a la jubilación a partir de los 56 años.

Nuevo incentivo a la jubilación demorada

Además, el Gobierno ha aprobado un segundo decreto en el que introduce un nuevo incentivo a la jubilación demorada y da por cerrada la reforma de esta figura, que es clave en la reforma del sistema de pensiones acometida por el Ejecutivo. No en vano, el Ejecutivo fía a esta medida más de la mitad del ajuste en pensiones que habrá que acometer para que el gasto del sistema no se desvíe de las previsiones a largo plazo.

Con el sistema actual, los trabajadores que decidan jubilarse más tarde pueden elegir entre dos complementos económicos para su pensión futura: un cheque con una cuantía fija o un complemento del 4% adicional al importe inicial de su pensión.

Sin embargo, el nuevo decreto introduce una tercera opción que permite combinar estos dos formatos. De tal forma que quienes retrasen su jubilación entre 2 y 10 años podrán recibir simultáneamente un incremento de su pensión del 2% por cada año que demoren el acceso a la jubilación y un pago único equivalente a la mitad del que le correspondería si optaran por la fórmula actual del pago único. Si el retraso en la jubilación es de 11 años o más, el incentivo será de un pago único aplicado a 5 años del periodo demorado y un incremento del 2% de la pensión por cada año de demora.

Con el sistema actual, un trabajador con 35 años cotizados y una pensión inicial de 1.500 euros al mes que retrase dos años su jubilación podría optar o bien a un pago extraordinario de 15.414 euros o a un recargo de 120 euros al mes en su pensión. Sin embargo, con la tercera opción que introduce la reforma podría optar a recibir un pago único de 7.707 euros y a la vez un incremento de 60 euros al mes en su pensión.

Los datos en poder de la Seguridad Social apuntan a que el 17% de quienes retrasan su jubilación optan por el cheque único y el 83% restante por el complemento mensual, aunque la tasa de solicitantes del cheque directo se ha duplicado en solo un año. Por ahora, la mitad de los trabajadores que retrasan voluntariamente su jubilación lo hacen por un año, mientras que uno de cada cuatro la posterga más de tres.

El ministro Escrivá ha defendido que la reforma de las pensiones ha disparado el porcentaje de jubilaciones demoradas, que ha pasado de un promedio del 4,7% sobre las nuevas altas registradas entre 2014 y 2021 al 7,8% durante el primer trimestre de 2023.