El príncipe Harry, criticado por querer usar policías armados como "guardaespaldas privados para los ricos"

El príncipe Harry, en su más reciente visita a Reino Unido por la coronación de su padre, Carlos III de Inglaterra, no pudo utilizar el mismo tipo de seguridad que tiene en Estados Unidos. Es decir, guardaespaldas armados. Y está intentando legalmente que se lo permitan, algo contra lo que están en contra los propios agentes británicos.

Los duques de Sussex fueron despojados de la protección de 24 horas al día de la Policía Metropolitana, quienes van armados, cuando dejaron de ser miembros de la realeza en el año 2020, durante el Sussexit. Pero el príncipe ha decidido apelar contra ello, sobre todo porque tampoco tiene permitido pagar dicha seguridad armada.

La Policía Metropolitana ha respondido al marido de Meghan Markle en el Tribunal Superior que el hecho de no poder contratar policías armados como guardaespaldas en sus visitas a Reino Unido —desde su casa en Montecito, California— se debe a que no se puede permitir el cuerpo policial se convierta en la "seguridad privada los ricos", como han explicado desde el diario The Sun.

Según ha añadido la policía, la idea de que le fuera permitido al príncipe Harry podría provocar un efecto llamada, lo que conduciría a un sistema de dos niveles en el que arriba estarían las personas ricas y famosas que pueden financiar su propia fuerza privada y, abajo, la mayoría de ciudadanos para la que trabajarían los agentes restantes.

Si bien el royal, de 38 años, ha alegado que cada vez se siente más inseguro cuando viaja a su país natal, por el continuado acoso mediático a él y a su esposa, la policía ha respondido que permitir que Harry pagase por su protección las 24 horas del día significaría desviar recursos vitales de aquellos que realmente los necesitan.

La Policía Metropolitana ha añadido ante el Tribunal Superior que sería "injusto" permitir que los millonarios y celebrities obtuvieran un trato preferencial sobre otros casos en que las personas que necesitan protección tuviesen menos dinero.

El cuerpo policial lo ha explicado así en su exposición ante la justicia: "Dejar que alguien pague por su seguridad y su protección crearía un precedente en el que otras personas ricas podrían argumentar que también se les debería permitir a ellos pagar por dichos servicios".

El príncipe Harry no está en absoluto de acuerdo con las decisiones que ha tomado para con él y su familia el Ministerio del Interior y el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas, conocido como Ravec, que asigna policías armados como seguridad en función del interés público, el riesgo para el individuo y la cantidad de recursos disponibles, pero no a voluntad de una financiación privada.

La Policía Metropolitana ha concluido explicando que, si se considera que existe una amenaza real e inmediata para la vida de alguen, sí se despliegan una seguridad armada. Ahora bien, hasta ahora no ha habido razones ni un interés público excepcional para que el príncipe Harry obtuviera una protección total a pesar de su sentimiento de inseguridad.

Por ello, la abogada de Harry, Fatima Shaheed, ha declarado que no tiene sentido que la audiencia rechace su apelación, puesto que, según ha argumentado, Ravec habría operado más allá de su competencia, no solo al no haberse comunicado con el príncipe Harry antes de rechazar su solicitud de seguridad, sino porque dicha decisión pertenecía desde el principio al Comisionado de la Policía Metropolitana.

Matthew Butt, consejero delegado de la policía, ha puntualizado ante el tribunal que "los oficiales que actúan como guardaespaldas se exponen a riesgos únicos" para los cuales no hace falta "usar demasiada imaginación". "No puede ser correcto esperar que los agentes se presenten y se expongan a ese nivel de peligro no por el interés público sino porque el cuerpo policial deba recibir una compensación financiera. Eso solo se puede justificar cuando el interés público requiere una operación policial única", ha finalizado.

Por ahora no hay fecha prevista para que el juez Chamberlain, que lleva el caso, emita un fallo.