El conflicto de los funcionarios de Justicia permanece enquistado a una semana de la huelga: "El ministerio está cerrado en banda"

Ha pasado un mes desde que comenzaron los paros parciales en el sector de los funcionarios de Justicia, en búsqueda de unos aumentos retributivos ligeramente inferiores a los 450 euros que el ministerio que dirige Pilar Llop ha concedido a sus compañeros los letrados judiciales. Un mes que no ha servido para iniciar una negociación seria con la cartera de Justicia, la cual, según denuncian los sindicatos convocantes de la huelga -CSIF, STAJ, UGT y CCOO-, "está cerrada en banda". El próximo lunes, 22 de mayo, los funcionarios comenzarán a hacer una huelga indefinida para aumentar la presión sobre el Ejecutivo. 

La situación es aún más hiriente dado que, tal y como recuerdan, el mismo Gobierno que rechaza cualquier contacto con estos funcionarios está ofreciendo subidas salariales por valor de 46,7 millones de euros a jueces y fiscales, lo que lleva a los sindicatos a pensar que "para el Gobierno hay funcionarios de primera y de segunda".

Así lo denunció el miércoles el responsable del sector en el sindicato CSIF, Javier Jordán, que durante una concentración frente a la sede de Justicia acusó al ministerio de estar "sordo" ante "el grave perjuicio" que se está causando en la Administración de Justicia. "Se están aplazando miles de juicios a dos años vista, causando un perjuicio tremendo para los ciudadanos, y el Gobierno es el único responsable", aseveró Jordán entre los cientos de huelguistas que habían acudido a la calle San Bernardo. 

Según las organizaciones sindicales, se han paralizado casi 20 millones de expedientes administrativos y "decenas de miles de juicios" en toda España a causa de los paros que, a partir del próximo lunes, se convertirán en jornadas de huelga indefinida. De todas formas, los datos sobre el impacto de la protesta son poco exactos, pues los sindicatos llevan varias semanas sin concretar una cifra más allá de "decenas de miles" de juicios. Por otro lado, ni el Ministerio de Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrecen ninguna cifra en este sentido.  

En lo referido al seguimiento de la protesta, según los sindicatos es superior al 90% y según el Gobierno no ha sido en ningún momento mayor al 30%. De todas formas, en ningún caso la protesta ha llevado al Gobierno a hacer una oferta. Fuentes cercanas a Llop aseguran a 20minutos que los funcionarios tuvieron una subida salarial en diciembre de 2021 y que dicho acuerdo permanece vigente, y más allá de eso no hay a la vista ningún plan para sentarse con los funcionarios.

La postura indigna completamente a los protestantes, seguros de que "cada día que pasa se añaden meses de atraso en la tramitación de procedimientos judiciales y se aplazan miles de juicios y vistas en España". A su juicio, "si ha habido dinero para letrados y para jueces, es hora de que el Ejecutivo actúe con responsabilidad y demuestre que es socialista y progresista". 

"En 2021 también se llegó a un acuerdo con los jueces y los letrados, pero a ellos se les ha ofrecido una subida. Con nosotros, que representamos el 93% de la Administración de Justicia, el ministerio se ha cerrado en banda", señalan fuentes sindicales a este periódico. Y precisamente ahí está una de las claves: los letrados judiciales no llegan a 5.000, los jueces y fiscales son menos de 8.000, pero hay 45.000 funcionarios de Justicia. Por ende, la subida que se les ofrezca será muchísimo más costosa que las pactadas con el resto de cuerpos de la Administración. 

El aumento retributivo que el Gobierno ofrece a jueces y fiscales implica un desembolso de 46,7 millones de euros. La subida que exigen los funcionarios -entre 350 y 430 euros mensuales- costaría cerca de 200 millones de euros anuales. La respuesta del Gobierno es la pasividad absoluta. El ministerio de Llop, que lleva desde enero lidiando con conflictos en la plantilla de la Administración de Justicia, por ahora se concentra en evitar que las asociaciones de jueces y fiscales se sumen a la huelga. 

Los sindicatos, por otro lado, han convocado una concentración este jueves a las 12.00 horas frente al Congreso de los Diputados. El próximo martes, según han informado, se concentrarán frente a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. Y el jueves de la próxima semana habrá una "gran manifestación" que recorrerá el trayecto que separa al Ministerio de Justicia de la Secretaría de Estado de Función Pública, según anunciaron los sindicatos la semana pasada. 

Además de todas estas concentraciones, los protestantes han buscado otras medidas de presión y han decidido dirigir una carta a La Moncloa emplazando al presidente del Gobierno a autorizar la oferta económica que persiguen. La misiva insta también a Pedro Sánchez a "negociar el contenido de los proyectos de la ley de eficiencia organizativa", una de las principales reivindicaciones del sector. Y en cuanto a Pilar Llop, a quien acusan de desentenderse, los funcionarios llevan semanas pidiendo su dimisión o su cese.