Sara Lendínez, facilitadora judicial: "Nuestra función es garantizar que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos"

Un facilitador de la justicia es un profesional que promueve la accesibilidad cognitiva en juicios y otros ámbitos de la justicia. Da apoyo a personas con dificultades de comprensión para asegurar que se cumpla su derecho a la justicia. "Ponemos en marcha ajustes de procedimiento que son necesarios para facilitar la comprensión y la comunicación de una persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, en mi caso", explica Sara Lendínez coordinadora del programa de acceso a la justicia y ámbito penitenciario de Plena Inclusión Madrid, y también facilitadora judicial o procesal.

Los ajustes de procedimiento son los cambios que hay que hacer para cubrir las necesidades de apoyo que tiene una persona. Por ejemplo, si alguien con dificultad de comprensión que necesita lectura fácil, el facilitador pide que todos los documentos estén en dicho formato. Puede suceder también que haya que solicitar que no se hagan preguntas cerradas. "Esto se hace porque es necesario que se le dé la oportunidad de que tenga un relato libre. Hay personas a las que si les haces preguntas de sí o no pueden contestar en función de lo que creen que le va a gustar más a quien está preguntando. También pasa cuando se dan opciones: ¿sucedió el lunes, el martes o el miércoles? Hay personas que, como la pregunta empieza por lunes, van a dar siempre esa primera opción: lunes. Otro apunte de procedimiento que se puede solicitar es que se hagan varios descansos cortitos durante una vista. Imagina que se trata de una persona que tiene dificultad de atención u otra que con tal de terminar va a contestar rápido", explica Sara.

Un facilitador de la justicia es una figura neutra, no forma parte del procedimiento ni tiene relación previa con la persona. "Nuestra función es identificar las necesidades de apoyo que va a tener esa persona. Le hago una entrevista, y de ahí se hace un informe para pedir las modificaciones y adaptaciones que requiera con el fin de garantizar que pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones".

En la discapacidad intelectual y del desarrollo hay un abanico muy amplio de realidades, desde una inteligencia límite a grandes necesidades de apoyo y de lo que se trata siempre es de garantizar las necesidades de apoyo personalizadas.

El papel de la facilitadora termina cuando finaliza el procedimiento. En caso de que haya una sentencia, por ejemplo, entonces ahí se da por terminado su trabajo, salvo que la persona con discapacidad quiera recurrir.

Los obstáculos que no facilitan

"La ley recoge el derecho a tener un facilitador y también a llevar una persona de confianza: un profesional de referencia, un familiar, etc.", explica Sara. El problema es que no hay un desarrollo legislativo de la figura, "tan solo se nombra, no dice qué competencias tiene ni nada". Lo que es claro es que cualquier persona con discapacidad tiene derecho a tener un facilitador judicial en cualquier rol que desempeñe: víctima, testigo, investigado, etc. Además, tienen derecho para cualquier actividad relacionada con la justicia, no son solo juicios y denuncias: puede ser un procedimiento notarial, que a la persona con discapacidad la citen para una rueda de reconocimiento o una persona que está en prisión y quiera revisar su condena, por ejemplo.

Todo el mundo que solicita un facilitador lo tiene, pero hay muchas personas que desconocen su existencia y no se les está dando ese apoyo

El ideal es que el facilitador conozca a la persona con discapacidad lo antes posible. En caso de que quiera poner una denuncia, pues antes de ponerla. Si se trata de una persona que utiliza un panel de pictogramas para comunicarse, por ejemplo, lo óptimo es que el facilitador tenga tiempo de saber cómo se comunica para poder explicárselo a la sala o al lugar al que se dirija. Este ideal de trabajo previo debería ser así, "pero con lo rápido que va todo, a veces no da tiempo", cuenta Sara. Cuando esto sucede y están en un juicio, por ejemplo, Sara transmite a la sala lo que quiere decir la persona con discapacidad.

En la Comunidad de Madrid se prepara un decreto para regularizar la figura del facilitador para que un mayor número de personas tengan acceso a él. A día de hoy "todo el mundo que lo solicita, lo tiene, pero hay muchas personas que desconocen su existencia y no se les está dando ese apoyo". El desconocimiento es tan generalizado que va desde las personas con discapacidad, pasando por los familiares, hasta los propios trabajadores de la administración de justicia.

Así pues, todo el mundo que solicita un facilitador lo tiene, pero todavía muchas personas con discapacidad no lo hacen. "Se nos escapan muchos y tampoco hay suficientes facilitadores", explica Sara.

Sara anima a dar a conocer la figura del facilitador de justicia y a formar a personas, no solo para convertirse en facilitadoras, sino también a los trabajadores del ámbito de la justicia para que sepan que existen, lo que hacen y que puedan ofrecérselo a la persona con discapacidad que tengan delante. "Es importante que se incluya una formación para que sepan detectar una discapacidad intelectual porque en muchos casos las personas que la tienen no dicen nada y algunas acaban pasando por el procedimiento como si no la tuvieran, con lo que su participación eficaz no está asegurada", se queja Sara.

El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog) parece que la ha oído y ha dado un primer paso destinando medio millón de euros para impulsar la figura del facilitador judicial.

En el ejercicio de su trabajo Sara se ha encontrado con que tiene más facilidad de actuación cuando la persona con discapacidad es víctima que cuando es investigado. "Hay más barreras que dificultan poner en marcha los ajustes de procedimiento y creo que se debe al estigma y al desconocimiento que se tiene de estas personas".

El deseo de Sara es simple: "Que la figura del facilitador judicial llegue a todas las personas que lo precisen".