El Gobierno cifra en un 18% el seguimiento de la huelga de funcionarios de Justicia, que los sindicatos elevan al 85%

Este lunes ha comenzado la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia convocada por los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CC OO para tratar de forzar una oferta económica del Gobierno. Los convocantes aseguran que ha secundado la jornada el 85% de los 45.000 funcionarios, si bien el Gobierno rebaja la cifra hasta el 18,33% (unos 8.250 trabajadores). La huelga comienza después de más de un mes de paros parciales que han llevado (según los sindicatos) a la suspensión de medio millón de juicios y 30 millones de actuaciones judiciales, pero el diálogo con el Ejecutivo se mantiene completamente roto desde el pasado 24 de abril. 

Este lunes se han concentrado un centenar de funcionarios frente al Ministerio de Hacienda para reiterar sus reivindicaciones: una subida salarial de entre 350 y 430 euros mensuales, la inclusión de los sindicatos en la negociación de la ley de eficiencia organizativa, la implantación de la carrera profesional y la eliminación de los grupos de población. Reclamaciones que, de no atenderse, convertirán al Gobierno en el "único responsable del perjuicio que la huelga ocasione al servicio público y a los ciudadanos", según defienden los sindicatos convocantes. 

Los sindicatos acusan al Gobierno de "clasista"

Durante la concentración de este lunes, la primera de varias que se sucederán a lo largo de la semana, los portavoces sindicales han pedido a los ministerios de Justicia y Hacienda que pongan fin a su rechazo a la negociación, que consideran una "tomadura de pelo". Aunque el ministerio que dirige Pilar Llop permanece callado, los huelguistas consideran que "ya no hay más excusas posibles" para evitar las conversaciones con los funcionarios de Justicia. 

A lo largo del último mes, el Ejecutivo ha negociado en la Mesa de Retribuciones una subida retributiva para jueces y fiscales. El pasado jueves, Justicia y Hacienda llegaron a un acuerdo con seis de las siete asociaciones allí personadas para desembolsar un total de 46,7 millones de euros. Durante todo este tiempo, la negociación con jueces y fiscales ha servido de pretexto al Gobierno para dejar de lado las conversaciones con los funcionarios, pero este martes se firmará oficialmente el acuerdo con las carreras judicial y fiscal. 

De forma que, a juicio de los sindicatos convocantes de la huelga, "ya no quedan más excusas para no convocar al comité de huelga con una propuesta económica y un compromiso sobre el contenido de la ley de eficiencia organizativa (LOEO) que permita avanzar en una salida negociada al conflicto".

Los sindicatos aseguran que el Ejecutivo ha demostrado durante el último mes su falta de "reconocimiento" y "respeto" hacia los funcionarios de Justicia, una situación "intolerable" que muestra un comportamiento "clasista" por parte del Gobierno. 

"Confiamos en que el Ministerio de Justicia sea democrático en el sentido estricto de la palabra (...) No es tolerable en absoluto que dé un trato de favor a los cuerpos de élite de la Administración de Justicia con unas negociaciones que son impropias de un Gobierno progresista", ha señalado en este sentido el representante de Comisiones Obreras, Javier Hernández, durante la concentración de este lunes.

Hernández ha asegurado que las movilizaciones no cesarán hasta que el Ejecutivo presente una propuesta sólida que incluya una subida salarial y la inclusión de los sindicatos en la elaboración de la ley de eficiencia organizativa que se está tramitando en el Parlamento. A su parecer, el contenido de la norma, tal y como se ha planteado, supondrá "un recorte de puestos de trabajo, una reestructuración que va a dificultar la movilidad y la promoción profesional y un recorte de retribuciones". 

Para reclamar su parte en la negociación de la ley, los funcionarios esgrimen que son un 93% de la plantilla de la Administración de Justicia, y como tal deben verse representados en la elaboración de la norma. 

Una semana plagada de protestas

Esta semana, que ha comenzado con una concentración en Madrid y varias movilizaciones convocadas por CSIF en diferentes comunidades autónomas, estará marcada por varias manifestaciones del sector de los funcionarios. La misma organización sindical llamará a los funcionarios a protestar frente al Congreso de los Diputados este martes. El miércoles habrá una asamblea de trabajadores de Justicia en los Juzgados de Plaza de Castillas y el jueves una manifestación recorrerá el camino entre la sede del Ministerio de Justicia y la de Función Pública en la calle Santa Engracia. 

En un principio se iban a celebrar otras dos protestas, una frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz y otra en el Ministerio de Justicia, pero ambas se han suspendido por el periodo electoral. Los convocantes han alegado que se trata de una "excusa" para "restringir el derecho a manifestación".