El Gobierno ha fijado un calendario de aplicación más flexible para ir implementando la nueva ley de paridad que obliga a que haya al menos un 40% de representación femenina en los órganos de decisión, tanto del sector público como del privado. En función del ámbito (político, económico, público, etc.), habrá unos plazos concretos, pero la fecha límite ya está marcada: junio de 2028. Esta es una de las pocas novedades que ha introducido el Consejo de Ministros a la norma anunciada en marzo por Pedro Sánchez y que este martes han enviado al Congreso para su tramitación con el resto de grupos parlamentarios. 

"Queda camino por recorrer y hoy damos un paso más hacia la igualdad efectiva, aprobando este proyecto de ley para la paridad, para la participación de las mujeres en los órganos de decisión del país, para romper el techo de cristal y consolidar a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género", ha celebrado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en cuyo departamento se ha elaborado este proyecto de ley. 

El principal cambio respecto al texto inicial, según ha señalado Calviño, es una mayor flexibilización en el calendario que marca los plazos de aplicación de esos mínimos de representación los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales, mediante listas cremallera, los colegios profesionales y los jurados de premios públicos. 

Este irá, desde junio de 2024 para las empresas del Ibex 35, hasta 2028 para las entidades de interés público. Las empresas con una menor capitalización bursátil (de menos de 500 millones de euros), por ejemplo, tendrán hasta junio de 2026 para cumplir con la nueva ley; mientras las de mayor valor (por encima de esa cifra), tendrán que garantizar esa representación de mujeres antes de junio de 2025, un año antes. 

La iniciativa sale así del Ejecutivo después de que se aprobase en primera vuelta con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, en un contexto entonces especialmente marcado por la tensión entre los socios de la coalición por sus discrepancias en torno a la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. 

Henar de Pedro

Aterriza en las cortes con un calendario de implantación más flexibilizado, pero con otra novedad: incluye ahora también, además del Gobierno, a los órganos constitucionales y otros de relevancia constitucional: el Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Tribunal de Cuentas y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que tengan una representación paritaria. 

Supone, además, una trasposición de una directiva europea de 2022, garantizando la representación efectiva de las mujeres en varios ámbitos. En el político, modifica la legislación electoral para hacer obligatorias las listas cremallera en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares. 

Traslada también la obligación de que haya un mínimo de 40% de representación femenina en el máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, y en el ámbito de la Administración General del Estado, órganos superiores y directivos (secretarías de Estado, por ejemplo), y, en general, todas las entidades del sector público estatal, hasta 2028. Aunque en este último caso establecen ahora dos fechas: hasta junio de 2026 para que alcancen el objetivo del 33% de representación femenina; y ya en junio de 2028 para garantizar un 40%.

También en el ámbito económico obligará a que haya una representación equilibrada en los consejos de administración de las sociedades cotizadas —que ahora mismo no llegan al 32%, según ha alertado Calviño este martes— y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones. En el caso de las sociedades que cotizan, de hecho, se establece como "infracción grave" que no velen por que la alta dirección también cumpla este principio de paridad, detallándolo en una memoria. 

Lo mismo deberá cumplirse en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán tener en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo. Tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para dar premios o condecoraciones públicos también tendrán que garantizar ese mínimo de representación femenina.