La negociación entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Gobierno ha llegado oficialmente a su fin este martes con la firma de un acuerdo que el Ejecutivo ha calificado de "histórico" y que incluye mejoras retributivas por valor de 46,7 millones de euros y una ampliación de plantilla de 200 plazas. El pacto lo han firmado seis de las siete asociaciones y, por parte del Ejecutivo, los secretarios de Estado de Justicia y Función Pública, Tontxu Rodríguez y Lidia Sánchez, respectivamente. 

La foto de este acuerdo contrasta con la huelga indefinida que los funcionarios de Justicia comenzaron este lunes tras un mes de paros parciales, un último incendio que el Ejecutivo debe apagar para zanjar de una vez los conflictos en la Administración de Justicia. 

De las 200 plazas que se abren "para reforzar el servicio público de Justicia", la mitad se implantarán este año y las restantes en 2024, según ha comunicado el Gobierno. A ellas se suman las 200 aprobadas previamente para cada uno de estos ejercicios, de forma que al finalizar el año que viene se habrán sumado 600 nuevos efectivos. El acuerdo se sienta además sobre una tercera pata, de especial relevancia para convencer a las asociaciones conservadoras, las menos satisfechas con el estado último de las negociaciones. 

Jueces y fiscales desconvocan la huelga tras cerrarse un acuerdo entre el Gobierno y la mayoría de las asociaciones

Se trata de un nuevo marco de relaciones entre ambas partes, que hasta el momento estaban llamadas a reunirse quinquenalmente y a partir de ahora lo harán todos los años.  "La Comisión de Retribuciones se convocará con carácter anual para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos", ha subrayado el Ejecutivo en este sentido. 

Además, se constituirán grupos de trabajo permanentes que aseguren "el diálogo continuado", así como una comisión de seguimiento del acuerdo en la que participarán las asociaciones firmantes y en cuyo seno se resolverán "cuantas dudas e interpretaciones puedan derivarse de la aplicación práctica del acuerdo", ha señalado el Gobierno. 

Con estos compromisos sobre la mesa queda zanjado el conflicto del Gobierno con jueces y fiscales, que hace apenas una semana contemplaban aún la posibilidad de iniciar una huelga como la que celebran a día de hoy los funcionarios de Justicia. Solo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en el sector, ha rechazado el acuerdo alegando que es "insuficiente, indigno e inaceptable". Como ya avanzó el pasado jueves a la salida de la última reunión de negociación, la APM no se ha sentado con el resto de asociaciones para firmar un acuerdo que, a ojos del Ministerio de Justicia, "va en beneficio del servicio público de Justicia" y es "más que razonable". 

Por el contrario, la asociación conservadora considera que la subida de salario ofrecida es "raquítica" (un 6,5% del total) y queda muy alejada del 13 o 14% al que aspiraba en un principio. Lo que el resto de la carrera ha acabado por aceptar es, al parecer de la APM, "humillante y un insulto después de 20 años esperando a la convocatoria de la Mesa de Retribuciones". Así lo expresó su comité ejecutivo a lo largo de un comunicado de once folios, a pesar de que, de todas formas, la subida retributiva afectará a toda la carrera judicial y fiscal. 

Paralelamente, se produce un conflicto entre el Gobierno y los funcionarios de Justicia, que representan el 93% de la plantilla de esta administración. 45.000 trabajadores están convocados desde este lunes a una huelga indefinida ante un Ejecutivo que permanece pasivo por el momento. Durante la primera jornada, la huelga tuvo un seguimiento del 85% según los convocantes, si bien el Gobierno rebaja la cifra al 18,33%. 

La huelga comienza después de más de un mes de paros parciales que han llevado (según los sindicatos) a la suspensión de medio millón de juicios y 30 millones de actuaciones judiciales, pero el diálogo con el Ejecutivo se mantiene completamente roto desde el pasado 24 de abril. Las dos exigencias principales del sector son un aumento retributivo de entre 350 y 430 euros mensuales y un papel relevante de los sindicatos en la negociación de la ley de eficiencia organizativa que se tramita a día de hoy en el Parlamento.