La Comisión Europea ha comunicado a España su receta para la política económica y fiscal durante lo que resta de año. Bruselas recomienda al Gobierno que acometa un ajuste fiscal del 0,7% del PIB (unos 9.000 millones de euros de 2022). Una "mejora en el balance estructural primario" —es decir, en el desequilibrio en las cuentas sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda— que deberá acometerse en 2024. Además, la Comisión aconseja retirar este 2023 las medidas de apoyo energético y destinar todo el ahorro obtenido por esta vía a reducir déficit.
De igual manera, la Comisión recuerda a España que las sanciones a los países que incumplan con los límites de déficit (3% del PIB) volverán el año que viene. Algo que el Gobierno deberá tener en cuenta a la hora de ejecutar el presupuesto en lo que resta de año y para elaborar las cuentas públicas de cara a 2024, señala el organismo que preside Ursula von der Leyen.
Estas son algunas de las conclusiones más destacadas del Paquete de Primavera que ha publicado este miércoles la Comisión Europea. Una serie de documentos en los que Bruselas da pautas a los Estados miembro sobre política económica y fiscal. Los gobiernos deben tener en cuenta estas recomendaciones y plasmarlas en sus presupuestos, que luego se remiten a la Comisión en octubre de cada año.
En líneas generales, Bruselas da credibilidad a la senda fiscal que planteó el Gobierno a finales de abril, aunque es algo menos optimista. Mientras el Ejecutivo espera cerrar 2024 con un déficit del 3% sobre el PIB, la expectativa de la Comisión es que el desequilibrio se eleve al 3,3% del PIB. En lo que respecta a la trayectoria de la deuda prevista para 2024, ambos organismos coinciden en situarla en el 109,1%.
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos han señalado que el documento de Bruselas avala que la senda fiscal presentada por España "cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024". "La responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años", agregan desde el departamento que dirige la vicepresidenta Calviño.
Fin a las ayudas energéticas
Uno de los principales 'deberes' de Bruselas para el Gobierno es que retire las medidas de apoyo energético en vigor hasta finales de 2023 y dedique el ahorro obtenido enteramente a reducir el déficit. En el caso de mantener alguna de las medidas, señala la Comisión, deberá estar focalizada y ser fiscalmente sostenible. De esta manera, Bruselas insiste en un mensaje que ha trasladado ya en varias ocasiones a los Estados miembros y al que también se han sumado la OCDE, el FMI o el Banco de España.
La Airef estima que el coste de la rebaja fiscal energética este año rondará los 6.700 millones de euros —la mayoría de ellos por las rebajas fiscales a la electricidad y el gas—. Con estas cifras en la mano, bastaría con no renovar las rebajas fiscales y la subvención a los combustibles (ahora focalizada al uso profesional) para cumplir con el grueso del ajuste de 9.000 millones que plantea Bruselas.
El vigilante fiscal estima que la rebaja del IVA de la electricidad del 21 al 5% costará a las arcas públicas 2.349 millones en ingresos perdidos, mientras que reducir el IVA al gas supondrá otros 796 millones, que se suman a los 2.213 millones que se dejará de recaudar por la bajada del 5 al 0,5% del impuesto especial eléctrico. En total, 5.358 millones en 2023, a los que hay que añadir otros 1.347 de bonificación al carburante.
Deuda y paro, los grandes problemas
La Comisión ha concluido que España sigue sufriendo "desequilibrios macroeconómicos", que se plasman fundamentalmente en vulnerabilidades relacionadas con una elevada deuda privada y pública y una alta tasa de paro. Unas vulnerabilidades que, si bien se están reduciendo, "siguen presentes", señalan los técnicos bruselenses.
El análisis de Bruselas apunta a que España no cumplirá con los criterios de déficit ni en 2023 ni en 2024 y, además, añade que "es probable" que la deuda pública medida sobre el PIB sea más elevada en 2027 que en 2022, lo que supone un "riesgo elevado" a medio plazo para las finanzas del país. Esta cuestión es importante, porque uno de los requisitos que recoge el proyecto de nuevas reglas fiscales es, precisamente, que los Estados altamente endeudados presenten una trayectoria fiscal de cuatro años que garantice que la ratio de deuda será más baja al final de ese horizonte.
Para abordar el problema de la deuda, la Comisión recomendó a España el año pasado que no aumentara el gasto público corriente por encima de lo que creciera el PIB. Una demanda que no se cumplió entonces y que Bruselas ha vuelto a formular de nuevo en el Paquete de Primavera. Sin embargo, esta vez se ha fijado un objetivo más concreto: España no podrá aumentar el gasto corriente primario más de un 2,6%. No obstante, la Comisión cree que España cumplirá con creces ese límite y estima que el aumento del gasto público este año será del 1,4%, en su mayor parte impulsado por la revalorización de las pensiones con el IPC.
En cuanto al desempleo, la Comisión destaca que ha seguido reduciéndose hasta alcanzar mínimos desde 2008 y confía en que siga a la baja también en 2023 y 2024. No obstante, señalan que todavía duplica la media de la UE y supone una vulnerabilidad, especialmente por las elevadas tasas de paro juvenil y de larga duración.
En todo caso, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ha señalado que estos desequilibrios "están retrocediendo" en España, y también en Alemania, Francia y Portugal. Si se mantiene esta tendencia, ha señalado Dombrovskis, en 2024 la Comisión podría decidir sacar a España del grupo de los países que no está en esta situación.
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