Trabajo acusa a Hacienda de negarse a un acuerdo para desencallar la huelga de los inspectores del sector

El Ministerio de Trabajo ha acusado al departamento de Hacienda y Función Pública de torpedear un acuerdo para desencallar el conflicto que enfrenta a los inspectores de trabajo, que este año ha desembocado en paros parciales y una denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea. Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz han mostrado su "profundo malestar" con el ministerio que capitanea María Jesús Montero, al que acusan de negarse a cerrar la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) de la inspección. 

La RTP es una especie de organigrama que describe los puestos de trabajo y las funciones de un departamento público y su actualización era una de las principales reivindicaciones de los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo. La inspección funciona desde 2018 un organismo autónomo bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo y su RPT lleva 20 años sin actualizarse. Los sindicatos arguyen que la RPT no refleja las necesidades actuales de los inspectores, arguyen los sindicatos. El Ministerio de Trabajo ha comunicado este miércoles a los sindicatos que las negociaciones seguirán bloqueadas.

Desde Trabajo exigen "explicaciones" que justifiquen el golpe de timón que atribuyen al departamento de María Jesús Montero. Sin embargo, fuentes de función pública señalan que se sigue trabajando con normalidad con el ministerio de Díaz, de la misma forma que se hace con otros ministerios, con la mirada puesta en ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo. 

El descontento en Trabajo con la posición de Hacienda es enorme. Según trasladan fuentes de la negociación, los contactos entre los dos ministerios para cerrar la nueva RPT han sido constantes en el último año y medio y se han desarrollado en un clima de sintonía. Sin embargo, según esta versión, el martes a última hora las negociaciones descarrilaron y lo que se había negociado quedó en un cajón. 

Las fuentes citadas señalan al ala socialista del Gobierno como el único responsable de que el conflicto laboral en este organismo se mantenga y se muestran sorprendidas con la velocidad a la que se han resuelto las protestas en ministerios como el de Justicia o el de Inclusión, ambos en manos socialistas. Hasta el punto de cuestionar que el proceso haya descarrilado a solo cuatro días de las elecciones autonómicas y municipales en un contexto de marcada rivalidad política entre los dos socios de la coalición.

No obstante, fuentes sindicales señalan que la razón argüida por Hacienda para rechazar la actualización del organigrama de la Inspección de Trabajo es evitar "reivindicaciones en cadena" en otros ámbitos de la administración.

Desde el departamento de Montero se defienden y señalan que ya han autorizado un incremento de 781 efectivos entre inspectores y subinspectores de Trabajo. Además, recuerdan que se ha autorizado una productividad extraordinaria de 6 millones de euros para el cuerpo, que se suma a la subida salarial del 9,8% entre 2022 y 2024 pactada para todos los empleados públicos. 

Además, en Función Pública —el departamento encargado de la gestión de personal de los ministerios— añaden que la ley de Función Pública que se está tramitando en el Congreso actualmente atiende a las reclamaciones de desarrollo profesional de los inspectores de Trabajo.

Los sindicatos mantienen los paros

El desencuentro entre Trabajo y Función Pública coincide con la convocatoria de una nueva jornada de paros parciales en la Inspección de Trabajo prevista para el jueves. Los sindicatos convocantes mantienen la concentración convocada y celebrarán una rueda de prensa en la que trasladarán su visión sobre lo ocurrido.

Por lo pronto, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) se desvinculan del cruce de acusaciones entre los dos ministerios implicados. "No estamos dispuestos a tolerar que se utilice e instrumentalice a funcionarios y a un servicio público tan transcendente para el funcionamiento del mercado de trabajo para sus guerras políticas", señalan desde el SITSS. 

Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo llevan meses reclamando que se cumpla el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se cerraron las líneas maestras del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo en 2021. Entonces, el Gobierno se comprometió a acometer mejoras en la calidad del empleo, reforzar la capacidad de actuación de los inspectores y una modernización de la institución que incluyera refuerzos de personal y nuevos perfiles técnicos.