De la Constitución a la ley Zerolo: las normas españolas que castigan el racismo

En España no hay una ley particular contra el racismo. Hace menos de un año se aprobó una norma contra todas las formas de discriminación, pero hasta ahora no se ha impulsado todavía ninguna legislación integral que recoja de forma exclusiva este tipo de conductas. Ello no significa que no se trate de algo que no esté castigado en nuestro ordenamiento jurídico. Desde la Constitución, hasta el Código Penal, pasando por trasposiciones de directivas europeas, convenciones internacionales y leyes de empleo y deporte, los delitos de odio que implican la discriminación de otra persona por su origen o raza son algo ya contemplado de forma transversal en la legislación española. 

Ya en el primer capítulo de la Carta Magna, en el artículo 13, se establece que "los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas" que garantiza la Constitución, como el derecho a la vida y a la integridad física y moral. La ley de extranjería —del año 2000 aunque reformada en varias ocasiones— es la norma que regula la entrada y estancia de los extranjeros extracomunitarios en el territorio español, así como sus derechos y libertades. Pero también contempla un artículo específico sobre "actos discriminatorios". 

Define así la discriminación, en su artículo 23, como "todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural". 

Ser un funcionario público y omitir la atención a un extranjero por el hecho de serlo, imponer normas más duras a una persona por pertenecer a una determinada raza o religión o endurecer el acceso a la vivienda aumentando las condiciones de arrendamiento, entre otras, son conductas clasificadas en la ley de extranjería como "infracciones muy graves" que, siempre que no constituyan delito, pueden acarrear multas de entre 10.000 y 100.000 euros. 

Delitos de odio y discriminación en el Código Penal

Dentro del Código Penal de 1995, aparece como agravante en el artículo 22 cualquier delito que se cometa por "motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca".

Además, establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 12 meses (castigo que se subió, pues antes el máximo era de tres años) a quien promueva o incite el odio por esos mismos motivos (racistas, antisemitas u otra clase de discriminación). Contempla también la misma pena por difundir informaciones falsas sobre grupos "en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía". 

Si las acciones implican un ataque a la dignidad (ya sea por humillación, menosprecio o descrédito de alguno de estos grupos), la pena a imponer será de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a 12 meses. Por otro lado, las amenazas dirigidas a "atemorizar" a cualquiera de estos grupos están igualmente tipificadas con un delito castigado con hasta seis años de cárcel.

La ley penal contempla también consecuencias para los casos de discriminación en el ámbito laboral, con penas de hasta dos años para quien produzca una "grave discriminación en el empleo", ya sea público o privado. 

El racismo en el deporte 

Lo cierto es que sí que hay una ley concreta de 2007 para castigar actos racistas y xenófobos, pero está limitada al ámbito del deporte. Concretamente, la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte recoge una serie de medidas de prevención y sanción de los comportamientos violentos (tanto de los organizadores como del público) que se cometan en competiciones y espectáculos deportivos. 

Prohíbe, por ejemplo, la entrada al recinto a cualquier persona que exhiba o elabore pancartas o cualquier otro mensaje que incite a la violencia de otra persona por su origen racial o étnico (también por su religión o convicciones, discapacidad, edad, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales). Contempla también la expulsión de cualquier asistente que entone cánticos o consignas racistas o xenófobos. 

Además de establecer la posibilidad de que inhabilitar a los organizadores deportivos o clausurar temporalmente el recinto (de dos meses a dos años), la ley castiga estas conductas, por un lado, con multas de 3.000 a 60.000 euros para las infracciones graves, y de hasta 650.000 para las consideradas como muy graves.

Ley zerolo

En junio de 2022 se aprobó en las Cortes de forma definitiva la ley de igualdad de trato y no discriminación, conocida como ley Zerolo, que incluyó la aporofobia y el antigitanismo como delitos de odio. 

La norma, impulsada por el PSOE, introdujo sanciones para evitar y castigar las infracciones con multas de 300 a 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.000 a 40.000 para las graves y de 40.000 a 500.000 euros para las muy graves, y perseguir comportamientos como la discriminación en el trabajo, en el ámbito sanitario, en el acceso a la vivienda o en el ámbito educativo de personas por los motivos raciales étnicos, de sexo, religión, de orientación sexual, de situación socioeconómica, etc.

Directiva europea

Más allá de estas legislaciones principales, España ha ido ratificando convenios y tratados internacionales y trasponiendo directivas europeas a lo largo de los años. En 2003 se aprobó una ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que transpone la Directiva 2000/43 de la Comisión Europea y recoge un capítulo entero con diversas medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato. 

"Medidas que vienen a reforzar y complementar las numerosas normas que ya conforman nuestro ordenamiento jurídico en todos los ámbitos en materia de no discriminación por todas las causas amparadas por el artículo 14 de la Constitución", según precisa el texto. Se estableció así un marco legal para combatir la discriminación por el origen racial o étnico de las personas en todos los ámbitos, pero en especial en el laboral.

Hay, además, muchas más iniciativas que abordan el asunto. En el Estatuto de los Trabajadores varios artículos contemplan la prohibición de discriminar a un empleado por su origen racial. Un real decreto reguló en 2007 la creación de un Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico. Las sucesivas leyes de educación que se han ido aprobando en los últimos años también contemplan preceptos concretos, y hay todavía vigente un Plan de Acción de la Unión Europea contra el racismo (2020-2025). 

Igualdad quiere una ley integral

Sin embargo, para el Ministerio de Igualdad es urgente aglutinar todas las normas y reforzar la defensa de los derechos de las personas extranjeras o racializadas mediante una ley concreta y exclusiva contra el racismo. A raíz de los ataques sufridos por el jugador de fútbol del Valencia, Vinícius Jr., la titular de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado en más de ocasión la necesidad de impulsar "ya" una norma antirracista. "Solo con más educación, formación y cambiando la política de extranjería avanzaremos hacia un país mejor", sostuvo Montero este lunes. 

Para Igualdad, la norma —de la que en realidad ya se habló hace más de un año cuando el Gobierno sacó una consulta pública— debería establecer protocolos contra el acoso racista en los centros educativos; que las empresas de más de 250 trabajadores tengan planes contra el racismo y la discriminación racial; y que los poderes públicos promuevan la erradicación de cualquier posible manifestación de racismo en el deporte. 

Pero lo más probable es que no de tiempo a impulsarla durante esta legislatura, pues hasta ahora solo se han barajado varios borradores, pero ningún texto definitivo que llevar a Consejo de Ministros. Eso sí, recientemente se puso en funcionamiento el teléfono 021 para atender a las personas que sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación racial.