El Gobierno quiere condicionar el reparto de 200 millones de euros de fondos europeos para el PERTE de Digitalización del Agua a que los municipios o grupos de municipios que suman más de 20.000 habitantes tengan un plan de emergencia ante situaciones de sequía, con medidas que van desde la concienciación a la ciudadanía sobre el consumo de agua hasta "restricciones" ante una situación de desabastecimiento. Es algo a lo que están obligados por ley pero en estos momentos hasta un 40% de los territorios urbanos de estas características no los tiene y que ahora deberán elaborar si quieren solicitar ayudas europeas de entre uno y 10 millones de euros.
La vía que ha tomado el Ministerio de Transición Ecológica para ello es la modificación de los criterios para recibir subvenciones del PERTE de Digitalización del Agua. El departamento que dirige Teresa Ribera ha abierto este jueves el trámite de audiencia pública previa a la elaboración de la Orden Ministerial que repartirá otros 200 millones, que se suman a otros 200 del año pasado, cuando los criterios eran más genéricos. Ahora, se hace mucho más hincapié en que los municipios deben comprometerse a tener un plan ante la carestía de agua o incluso situaciones de abastecimiento y también para la reutilización de agua para usos urbanos.
Las ayudas serán de un máximo de 10 millones y una cantidad mínima de un millón y se aumenta la "intensidad" de las subvenciones, que en lugar del 90% podrán cubrir hasta el 100% del importe requerido para llevar a cabo las distintas actuaciones en municipios de 20.000 habitantes.
Sequía y reutilización
Para ello, Transición Ecológica ha modificado -o más bien, ampliado- las actuaciones que tendrán que cubrir los proyectos que quieran ser seleccionados. Se mantienen los tres tipos originales -de planificación, para mejorar la eficiencia y digitalización y de gestión de la información- pero se precisan, de modo que municipios o empresas que den servicio en materia de agua a núcleos urbanos de más de 20.000 habitantes tendrán que presentar, entre otros, "planes de emergencia ante situaciones de sequía" según figuran en ley del Plan Hidrológico Nacional, protocolos sobre calidad de aguas de consumo humano y "planes para el fomento del uso del agua regenerada" de uso urbano. Este último punto obedece al decreto ley de medidas urgentes contra la sequía que el Gobierno aprobó hace dos semanas, con 1.200 millones en ayudas al campo y otros 1.400 para obras hidráulicas urgentes y prioritarias y en el que figura un impulso a la reutilización del agua para uso urbano, que Ribera dijo que quiere elevar del 10% actual al 20% en 2027.
El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua contaba con un presupuesto total de 400 millones en ayudas destinadas a proyectos de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, para mejorar el conocimiento del uso que se le da, reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de los sistemas urbanos, así como la comunicación con la ciudadanía. Como novedad, ahora buscan apoyar la preparación y elaboración de planes de emergencia frente a sequías o protocolos de vigilancia.
Incluyendo de forma específica los planes contra la sequía en los proyectos a financiera Transición Ecológica trata de impulsar que los elaboren el 40% de los núcleos urbanos -donde viven unos 2,6 millones de personas- que todavía no los tienen. Hace unas semanas, el subdirector general de Planificación Hidrológica del Ministerio, Víctor Arqued, admitía que, aunque cubren una parte minoritaria de la población, "no es aceptable" que casi la mitad de los sistemas de abastecimiento urbano no tengan todavía un protocolo sobre qué hacer si empieza a faltar el agua. En un encuentro con el sector, admitía también que el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que avancen en el diseño de esto planes estaba siendo "discreto".
"Esperamos dar un nuevo impulso a la tendencia en esta obligación, que ha de redundar en la seguridad de los abastecimientos urbanos", dijo entonces Arqued, semanas antes de que el Ministerio plantee este jueves condicionar a ello subvenciones por un total de 200 millones de euros.
De la concienciación a las restricciones
De acuerdo a la ley, estos planes especiales son para hacer frente a situaciones puntuales de sequía, con distintas fases dependiendo de los valores de agua e indicadores sobre la cantidad de agua y el tipo de consumo sobre los que habría que actuar en caso de ser necesario.
En función de las distintas circunstancias en un escenario de sequía puntual, las acciones que se plantean van desde medidas incentivadoras para recudir el consumo de agua hasta las restricciones. La guía del Ministerio para elaborarlos propone establecer cuatro fases de actuación: de alerta para la preparación administrativa ante una declaración de sequía operacional; de reducciones voluntarias de consumo mediante incentivos, disuadiendo de uso o priorizando un uso del agua sobre otro; de restricciones del consumo con "medidas coercitivas de mayor impacto socioeconómico", y, en el estadio más grave, fase de emergencia, para "escenarios de gran severidad" y con "afecciones económicas y sociales de gran alcance", incluido el "racionamiento" de agua.
Las autoridades deben estar preparadas para hacer llamamientos al ahorro de agua, poder suministrar volúmenes muertos de los embalses a las conducciones de agua, perforar nuevos pozos o tomar medidas como la prohibición de usar agua potable para regar parques, limpiar calles o llenar piscinas, suministrada con camiones cisterna si es necesario.
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