Los inspectores de trabajo rechazan una oferta de Hacienda para cerrar el conflicto y señalan a Montero como responsable

El conflicto entre los inspectores de trabajo y el Gobierno ha dado un nuevo giro este jueves. Los principales sindicatos del sector se han reunido esta tarde con representantes del Ministerio de Trabajo, que les han trasladado una nueva oferta del Ministerio de Hacienda Pública para dar carpetazo al conflicto laboral que se prolonga ya varios meses. Los sindicatos han rechazado por unanimidad la propuesta, que contemplaba la incorporación de 781 efectivos más en los próximos tres años, una productividad extraordinaria de 6 millones de euros, pero que no prevé una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para el cuerpo, una de las principales reivindicaciones de las protestas.

Desde Comisiones Obreras señalan que la oferta de Función Pública —el departamento dependiente de Hacienda que gestiona el empleo público— es un "parche inservible" que cuenta con el rechazo unánime de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo. Hasta el punto de que se ha planteado trasladar a Hacienda la negativa a esta oferta en conjunto con el Ministerio de Trabajo, añaden.

Precisamente, desde el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz mostraron el miércoles su "malestar profundo" con el ministerio en manos de María Jesús Montero. Trabajo acusa a Montero de haber resuelto en tiempo récord los conflictos laborales en los ministerios socialistas (Justicia y Seguridad Social han sido los más sonados) y, en cambio, bloquear el que existe en Trabajo, en manos de Unidas Podemos.

Por su parte, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) han criticado que se ofrezca un refuerzo de personal que ya se incluye en la oferta de empleo público y señalan que los seis millones en productividad extraordinaria que plantea Hacienda "ya forman parte del presupuesto asignado a la inspección". "No queremos algo temporal, queremos una estructura", añaden.

Pero el punto que más descontento ha generado es la decisión de no incluir en la oferta la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT). La RPT funciona como una especie de organigrama que describe los puestos de trabajo, las funciones y las retribuciones de los empleados públicos. 

La RPT de la Inspección de Trabajo lleva 20 años sin actualizarse y los sindicatos arguyen que hace tiempo que no refleja las necesidades actuales de los inspectores. La propuesta de Hacienda se limita a vincular la promoción profesional de los inspectores de trabajo a la futura ley de función pública. Algo que, para el SITSS supone incumplir con el acuerdo firmado con el Ejecutivo en 2021 y recogido en el BOE.

Según la versión del Ministerio de Trabajo, la reforma de la RPT de la inspección estaba prácticamente cerrada tras año y medio de negociaciones, pero Función Pública se echó atrás en el último momento sin dar explicaciones. Algo que desde el departamento que dirige Montero no han confirmado en ningún momento. Fuentes sindicales señalaban el miércoles que la negativa de Hacienda se produjo para evitar "reivindicaciones en cadena" en otros ámbitos de la administración.

"No entendemos por qué, de la noche a la mañana, lo que se había trabajado en un año y medio se retira. No entendemos que, estando ya el trabajo hecho de tantas personas y horas se haya decidido ahora que no sale adelante", agregan desde el SITSS en referencia a la RPT.

Los sindicatos se plantean ahora incrementar las movilizaciones, aunque no han precisado en qué forma. Desde CC OO señalan que están valorando la posibilidad de "intensificar el proceso de denuncia". Conviene recordar que los sindicatos ya denunciaron al Ejecutivo ante la Comisión Europea acusándole de incumplir con los compromisos del plan de recuperación que atañen a la reforma de la Inspección de Trabajo.