"El Gobierno tiene poco más de dos años. Y en este tiempo ha habido una pandemia como el mundo no conocía hace un siglo; tormentas como pocos recordamos en nuestro país con la paralización de una gran parte de España; la erupción más grave de un volcán en décadas; una crisis de refugiados internacional en Afganistán y ahora una guerra en el suelo europeo que amenaza la estabilidad del continente". En marzo del año pasado, Pedro Sánchez hacía este balance de calamidades ante el Comité Federal del PSOE, como resumen de la primera mitad de una legislatura que siempre tuvo intención de agotar hasta el final. 

Sin embargo, los resultados del 28M han llevado a dar el -hasta ahora- el último giro de guion con el adelanto electoral para el 23 de julio a un político acostumbrado a situaciones límite y turbulencias desde que fue investido presidente por primera vez hace cinco años. No solo por desastres naturales o sanitarios fuera de su alcance, también por una frágil situación parlamentaria que en 2019 le llevó a formar una coalición con socios de Gobierno que en ocasiones han sido sus mayores adversarios y a hacer concesiones -legales o de imagen- para mantener el apoyo de ERC y Bildu.

Quizá como preludio de los años que venían, el tumulto inicial ya fue la llegada de Sánchez a la Moncloa en junio de 2018, después de que prosperara la primera moción de censura de la democracia, a Mariano Rajoy. 

Durante un año, el PSOE gobernó en solitario, con apoyo externo de socios parlamentarios como ERC, Bildu o PNV. También Unidas Podemos, que no tardó en exigir entrar en el Gobierno. Fue después de las elecciones del 28 de abril de 2019 que, en otro momento límite, Sánchez decidió convocar después de que dos meses antes, en febrero, el Congreso tumbara sus primeros Presupuestos Generales del Estado. Votaron en contra PP o Cs, pero también ERC, en su primer encontronazo con Sánchez.

En la primavera de 2019, Unidas Podemos, con 42 escaños, exigió entrar en el Gobierno con una vicepresidencia, cinco ministerios y el control de organismos como RTVE. A las elecciones del 28A se sucedieron meses de infructuosas negociaciones entre socialistas y morados en busca de un acuerdo de Gobierno que, a su vez, fueron alejando cada vez más la posibilidad de que el PSOE sumara hasta 180 diputados con Ciudadanos, que había quedado como tercera fuerza política con 57 escaños y a solo nueve del PP, que cosechó sus peores resultados. Otro elemento de los tiempos tan convulsos, este éxito llevó a Albert Rivera a acariciar la posibilidad de desbancar al PP como primera fuera del centro derecha. Unido a la preferencia declarada del PSOE por sumar con partidos a su izquierda, hicieron imposible una coalición PSOE-Cs.

Las negociaciones con Unidas Podemos se rompen en julio de 2019. A la vuelta del verano hay un nuevo fallido intento con los de Pablo Iglesias y, ya sobre la campana y sin ninguna confianza por ninguna de las dos partes, también con Cs.

Repetición electoral y coalición exprés

El 1 de octubre, Sánchez termina convocado elecciones de nuevo. Serían el 10 de noviembre de 2019. Ya desde antes del verano, el mensaje en el PSOE es que el tiempo de negociar con UP había terminado y semanas antes de convocar los comicios del 10-N Sánchez pronunció una frase que le persigue desde entonces, que “no dormiría por la noche” si hubiera aceptado una coalición con Unidas Podemos y hubiera incluido a ministros “sin experiencia de gestión pública”.

Pero las palabras se las lleva el viento. Apenas 48 horas después de cerrarse las urnas, el día 12, Sánchez anuncia un acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos. Iglesias será vicepresidente primero del Gobierno, uno de los puestos que  apenas meses antes se veían en el PSOE como ejemplo de demandas fuera de lugar. Entran otros cuatro ministros morados al Gobierno.

Empezó entonces la legislatura que terminará este martes con la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones del 23 de julio que ha estado marcada por tensiones y concesiones con los socios parlamentarios de la coalición para, eso sí, conseguir aprobar tres Presupuestos consecutivos en tiempo y forma. También, por las tiranteces dentro del propio Consejo de Ministros, entre el PSOE y Unidas Podemos, agravadas por el alineamiento de Sánchez con la iniciativa política de Yolanda Díaz al margen de Podemos y llevadas al extremo máximo en la campaña electoral del 28M.

Aunque con tanto frenesí político parezca algo lejano, la legislatura que termina este martes se topó nada más arrancar con la emergencia sanitaria mundial por la Covid, que obligó a confinar a la población durante casi tres meses y que durante año y medio estuvo marcada por restricciones horarias, de movimiento y en ciertas actividades que intensificaron el enfrentamiento entre Sánchez y los gobiernos autonómicos del PP, en particular de la Comunidad de Madrid. Para cuando se declaró la tercera ola, todavía muy mortífera porque aún no había vacuna, la capital y otras ciudades quedaron paralizadas durante días por la borrasca de nieve Filomena.

En el plano judicial tampoco ha sido una legislatura tranquila, también con giros de guion en varias ocasiones. Echando la vista atrás, podría decirse que el juicio del procés, que se estaba celebrando en el Tribunal Supremo cuando Sánchez convocó las elecciones de 2019 fueron aguas tranquilas. La polémica aquí ha estado en torno a la necesaria renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la resistencia del PP a permitirlo para no perder su mayoría en estos órganos judiciales. Aunque estuvieron cerca de cerrar un acuerdo a lo largo de la legislatura, Sánchez terminó proponiendo un cambio legal para poder renovar a los magistrados del Constitucional cuyo mandato iba a expirar. El PP lo recurrió y el propio Constitucional, en otra decisión histórica, anuló la votación que quedaba en el Senado, tras la luz verde del Congreso.

Finalmente, el CGPJ terminó proponiendo nuevos nombres al Constitucional para que junto a los magistrados que proponía el Gobierno pudiera renovables. Donde no ha habido sorpresas, giros inesperados ni ningún movimiento es en el CGPJ, que de nuevo termina la legislatura con el mandato de sus vocales expirado desde hace cuatro años y medio y sin acuerdo entre PSOE y PP para renovarlo.

ERC y Bildu

Para la aprobación de los tres Presupuestos -de 2020, 2022 y 2023-, Sánchez ha necesitado inevitablemente a ERC y a Bildu, con concesiones legales y de imagen, para escándalo no solo del centro derecha, también de buena parte del PSOE. 

En el primer caso, el precio por amarrar el apoyo de ERC ha pasado por conceder sucesivos beneficios para los responsables políticos del procés. En junio de 2021, el Gobierno aprobó los indultos parciales para Oriol Junqueras y el resto de presos independentistas. A finales de 2022 terminó reformando -más bien, eliminando- el delito de sedición, para sustituirlo por un delito agravado de desórdenes públicos, que facilitaría el regreso de los huidos, como Carles Puigdemont. 

Así quedó plasmado en la reforma del Código Penal que entró en vigor en enero de 2023 y a la que todavía le quedaba un detalle más del traje hecho a medida para los independentistas catalanes: la reforma del delito de malversación, para hacer más laxa la pena en el caso en que no haya "ánimo de lucro", es decir que la distracción de caudales públicos para fines distintos a los establecidos no fuera para enriquecimiento personal sino o a una función pública distinta al que estuviera destinado. Esta formulación abre la puerta a un menor reproche penal por usar dinero público, por ejemplo, para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, aunque de momento los tribunales no han seguido los preceptos del Gobierno y han mantenido las penas en el caso del procés y en otros.

Por lo que respecta a Bildu, Sánchez ha mantenido las distancias de cara a la galería pero ha ido dando un espacio cada vez mayor a la formación abertzale, que a su vez adquirió un carácter cada vez más social para intentar disputar la hegemonía política al PNV en el País Vasco, algo que empezó a conseguir en las municipales de este domingo. Por ejemplo, el PSOE erigió una tribuna privilegiada para que, semanas antes del 28M, ERC y Bildu pudieran anunciar y pormenorizar en el Congreso el acuerdo sobre la ley de vivienda, que durante años ha sido una piedra en el zapato dentro de la coalición.

La normalización de Bildu tuvo un serio sobresalto al comienzo de la campaña electoral del 28M, cuando Covite denunció que la formación abertzale había incluido en sus listas a 44 condenados de ETA. Sánchez tuvo que emplear unas declaraciones ante la prensa tras reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca para alejarse de ese movimiento y advertir de que podría ser legal pero no era "decente". Cuatro días después, Bildu anunció que no tomarían posesión de sus actas en caso de resultar elegidos pero desde el PP y Vox ya había prendido la mecha de los tratos de Sánchez con los herederos de ETA, una de las principales claves de una campaña que este domingo desembocó en una victoria aplastante del PP.

La coalición, una montaña rusa

Dentro del Gobierno, la legislatura también se ha parecido a una montaña rusa, con más curvas y caídas en picado que plácidos tramos en llano. Los dos socios de la coalición han chocado por la subida del salario mínimo, por la ley de vivienda o la ley de bienestar familiar -por la caza- en un tira y afloja en el que Unidas Podemos siempre adoptó las posiciones más maximalistas y no dudó en airear las diferencias como modo de presionar al PSOE.

En estos años se han vivido situaciones tan a límite como que una de las dos partes del Gobierno -Unidas Podemos- condicionara su apoyo a los Presupuestos a que se aprobara la ley de vivienda -en 2021, y no terminó aprobándose hasta 2023-. También fueron muy sonados los enfrentamientos dentro de la coalición a cuenta de las medidas durante la pandemia, para forjar el 'escudo social' para trabajadores y personas más vulnerables y, tras la crisis sanitaria, por el alcance de la ley trans y la autodeterminación de género o por el apoyo que España debía prestar a Ucrania contra la invasión rusa.

No obstante, nada parecido a la batalla final en torno a la Ley de Libertad Sexual, la llamada ley del 'solo sí es sí, que incluyó una rebaja de penas que hasta abril llevó a los tribunales a dictar 978 reducciones de pena a otro tantos delincuentes sexuales. La norma terminó provocando una sima insalvable entre PSOE y Unidas Podemos -que, como ERC o Bildu no consintió modificar las penas- y una inverosímil votación para volver a reformarla en la que socialistas tuvieron que sumar sus votos con el PP.

Para entonces, las relaciones entre los dos socios de la coalición estaban rotas. Todo empezó a torcerse con la salida del Gobierno de Pablo Iglesias y el salto a la arena Díaz, con la plataforma Sumar. Sánchez eligió bando por su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en la pugna más a la izquierda del PSOE y Podemos se vio más libre todavía para confrontar con él. El resultado del 28M fue un hundimiento de los socios del PSOE. Las dudas para el 23J, si el espacio a su izquierda puede reconstituirse.