Ni la ayuda de 100 euros para las familias con hijos a cargo, ni los permisos retribuidos, ni el 40% de mujeres en puestos de decisión, ni el límite de los tiempos de espera telefónica para clientes. Tampoco la equiparación de las enseñanzas artísticas a las universitarias, la regulación de la salud mental o las multas a puteros. El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abocado por el sumidero de la legislatura a decenas de iniciativas que estaban pendientes de tramitar en las Cortes. 

Normas que ya no verán la luz, pues la decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio ha forzado la disolución de las Cámaras y la tramitación de todas las iniciativas en marcha. Así, el Pleno del Congreso de los Diputados ya no podrá reunirse hasta la sesión en la que se constituya la próxima legislatura. Esto es, para mediados de agosto. 

Entre proyectos de ley del Gobierno e iniciativas impulsadas por los grupos parlamentarios, decaen más de medio centenar de normas, muchas de ellas sociales y otras para cuya tramitación se requirió el esfuerzo y sudor de algunos grupos a la hora de llegar a acuerdos. No habrá servido para nada, no obstante, pues el contador partirá otra vez de cero después de la llamada a las urnas de este verano. 

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Familias 

Una de las más sonadas, por el reclamo social y lo que costó a los socios de la coalición encontrar un punto de acuerdo, es la ley de familias. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, incluía tres nuevos permisos por cuidado de personas dependientes, contemplaba una renta por cuidado de hijos de 0 a 3 años de 100 euros al mes para un mayor número de familias y reconocía nuevos tipos de familias, como las monomarentales, a quien extendía los beneficios de las familias numerosas. 

La iniciativa aterrizó en el Congreso en abril, cuatro meses después de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto en primera vuelta en diciembre. Estaba en fase de enmiendas en la Cámara Baja, y precisamente vencía el plazo este mismo miércoles. Pero la disolución de las Cortes la hace decaer, por lo que, al menos a corto plazo, no habrá un permiso parental de 8 semanas para padres con hijos menores de 8 años, ni tampoco el permiso remunerado de cinco días al año para el cuidado de familiares o convivientes, o un tercero "por causa da fuerza mayor" que contemplaba repartir por horas y acumularlas en hasta cuatro días al año por motivos urgentes e imprevisibles. 

Paridad

De las más recientes en salir del seno el Gobierno fue la anunciada por Sánchez en plena polémica por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' apenas un día antes del 8-M: la ley de paridad. La iniciativa —que salió del Consejo de Ministros el pasado martes— pretendía obligar por ley a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales, "para romper el techo de cristal y consolidar a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género", según destacó la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en cuyo departamento se elaboró el proyecto de ley. 

Enseñanzas artísticas

Tampoco saldrá la que aspiraba a ser la primera regulación de las enseñanzas artísticas de los últimos treinta años. La ley, de hecho, se iba a dictaminar este mismo lunes en la Comisión de Educación, que ha sido cancelada tras el anuncio del presidente del Gobierno. Era, además, la guinda que le quedaba al Ministerio de Educación, encabezado por Pilar Alegría, para completar la amplia reforma educativa impulsada desde el principio de la legislatura. La ley de enseñanzas artísticas planteaba un nuevo marco normativo en el que, entre otras cosas, se equiparasen este tipo de enseñanzas superiores con las universitarias, y las profesionales al nuevo sistema de Formación Profesional. Pero el adelanto electoral hace decaer una iniciativa que, según estimaba el departamento de Pilar Alegría, iba a afectar a unos 140.000 estudiantes, 14.000 docentes y 690 centros. 

Salud mental y ELA

Hay varias iniciativas en materia sanitaria que también quedarán en el tintero. La de salud mental, por ejemplo, impulsada en 2021 por Unidas Podemos y la cual estaba ahora en fase de enmiendas en el Congreso. La ley, que pretendía regular unos mínimos en el acceso a la atención sanitaria y social en el ámbito de la salud mental, contemplaba novedades como la implantación de una ratio mínima de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes en un máximo de cuatro años. También recogía una formación especializada para la prevención del suicidio para el personal sanitario. , entre otras cosas.

También estaba en proceso de enmiendas una iniciativa para garantizar el derecho de una vida digna de las personas con ELA, presentada por Ciudadanos, aunque llevaba más de un año en el cajón.  La norma aspiraba a garantizar el cuidado domiciliario o residencial de los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa las 24 horas y 365 días del año. Del Gobierno queda otra pendiente: la ley de equidad sanitaria, conocida como 'ley Darias', aprobada en junio de 2022 por el Consejo de Ministros con el objetivo de "blindar" la sanidad pública en España mediante la ampliación del acceso universal al SNS y la creación de una sola cartera de prestaciones.

Atención al cliente y olvido oncológico

En el Senado había otra ley pendiente de ser ratificada en breve. Era la ley de atención al cliente, redactada por el Ministerio de Consumo con el objetivo de, entre otras novedades, limitar a tres minutos la espera telefónica de un cliente y regular la atención robótica. Pero, además, la caída de esta ley se lleva consigo también otra anunciada por Sánchez durante la campaña electoral: la del derecho al olvido oncológico. La iniciativa se quería aprobar en la Cámara Baja a través de una enmienda a la ley de Garzón, la cual declaraba "nulas" las cláusulas que excluyan a una de las partes por haber padecido un cáncer y prohibía a las aseguradoras sanitarias discriminar en la contratación. La intención, de hecho, era que la norma estuviera definitivamente aprobada antes de julio. 

Prostitución 

Acabar con la prostitución fue una de las grandes promesas que el PSOE tampoco podrá cumplir. Aunque lo de su iniciativa contra el proxenetismo era crónica de una muerte anunciada. La ley —que imponía penas de hasta seis años a proxenetas y multas a puteros— llevaba varada medio año en el Congreso, y su desbloqueo no ha sido tampoco una prioridad para los de Ferraz, que han ido centrando sus esfuerzos en la tramitación de otras iniciativas. 

Justicia

El Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, impulsó el plan Justicia 2030, que pretendía impulsar un "cambio organizativo" en la justicia a través de tres leyes de eficiencia: la ley de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia digital. Las tres estaban en trámite parlamentario, por lo que tampoco saldrán adelante durante esta legislatura. 

Eliminar el término 'disminuidos' de la Constitución

Por segunda vez en cinco años, el término 'disminuido' seguirá constando en el artículo 49 de la Constitución. La reforma pretendía sustituirlo por "personas con discapacidad", pero la iniciativa, que era un reclamo histórico del colectivo, quedará, de nuevo en el aire por la disolución de las cortes. Ocurrirá así lo mismo que ya sucedió en 2019, cuando un texto que ya se había conseguido consensuar en la Cámara Baja nunca llegó a aprobarse por la convocatoria de las primeras elecciones generales de 2019. 

Desperdicio alimentario

A la ley de desperdicio alimentario le quedaba apenas su paso por el Senado para quedar definitivamente aprobada. Era la primera que se iba a promulgar en España para reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir (en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 kilos de alimentos) y favorecer mejor su aprovechamiento. De haberse tramitado, España habría sido el tercer país europeo (junto con Francia e Italia) en legislar sobre la materia. 

Mecenazgo

Había otra ley que pretendía equiparar la fiscalidad de todas las confesiones religiosas, y que también caerá en saco roto. Propuesta por el PdeCat, la norma pretendía conceder los mismos beneficios que la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica a los testigos de Jehová, la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista y los mormones. 

Más de 60 iniciativas

Y la lista sigue. Entre proyectos de ley, proposiciones de los grupos parlamentarios y reales decretos, el adelanto electoral impedirá que vean la luz en torno a 60 iniciativas. Entre ellas, la ley de función pública, el proyecto de ley de la reforma de las pensiones, la norma de defensa del cliente financiera, la del paro de las empleadas del hogar, la ley de cine o la de bomberos forestales.