El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros enviar a Bruselas de la adenda al plan de recuperación. Una ampliación del proyecto original que permitirá al país acceder a 94.300 millones de euros adicionales, la mayoría de ellos en préstamos que habrá que reembolsar en un plazo de 30 años, a cambio de nuevas reformas. 

De ellos, el Gobierno tiene previsto destinar 28.300 millones a reforzar los proyectos estratégicos que vertebran el plan (los Perte) y los 66.000 millones restantes a 13 fondos que canalizarán el grueso de los préstamos. En este segundo apartado tendrán un importante protagonismo las comunidades autónomas, que se llevarán 20.000 millones, y el ICO, con líneas de crédito de 32.000 millones para inversiones verdes, en vivienda social, startups o producción audiovisual.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado que el envío de la adenda supone alcanzar "el ecuador del plan de recuperación" cuando el país ya ha cumplido "prácticamente el programa de reformas estructurales" pactado con Bruselas. Asimismo, Calviño ha señalado que el Gobierno se ha decidido por aprobar la adenda ahora y no agotar el plazo —que vencía en agosto— porque considera que "no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones". La vicepresidenta ha añadido que se han incorporado "todos los proyectos serios y maduros" que han presentado las comunidades autónomas. 

Además, Calviño se ha comprometido a retomar las reformas que decayeron tras la convocatoria de elecciones si el actual Ejecutivo resulta reelegido en los comicios previstos para el próximo 23 de julio. De igual manera, ha señalado que se enviará "cuanto antes" la solicitud del cuarto desembolso de los fondos para seguir cumpliendo con el calendario. 

Siete comunidades autónomas no publican cifras de ejecución de los fondos europeos

A partir de ahora, la Comisión Europea cuenta con un plazo de dos meses para evaluar la propuesta española. Después, el texto pasará al Consejo de la UE que contará con un mes adicional de plazo para decidir. Si Bruselas apura hasta la fecha límite, la decisión llegará con el actual Ejecutivo ya disuelto y, previsiblemente, en plena negociación por formar uno nuevo.

La adenda al plan de recuperación se remite a Bruselas medio año después de que el Gobierno aprobara el proyecto el pasado diciembre. El Ejecutivo celebró entonces una serie de reuniones con grupos políticos, presidentes autonómicos y agentes sociales para negociar el contenido de esta ampliación del plan. Sin embargo, desde la oposición, el PP ha criticado en varias ocasiones al Ejecutivo por no tener en cuenta sus propuestas en la elaboración del mecanismo de recuperación.

La ampliación del plan original permitirá movilizar 94.300 millones de euros adicionales, que se suman a los 69.513 asignados a España en la primera fase. De estos casi 70.000 millones iniciales, el país ya ha recibido 37.000, algo más de la mitad. De estos últimos, el Tesoro ha movilizado ya 34.000 millones (23.400 para las comunidades autónomas), según ha señalado Calviño. Un 70% de los fondos ya están adjudicados, ha añadido la vicepresidenta. No obstante, el Ejecutivo sigue sin dar cifras de cuántos pagos se han hecho con cargo al plan de recuperación, la métrica que mejor refleja el impacto en la economía real de las inversiones.

El Ejecutivo está a la espera de solicitar a la Comisión Europea el desembolso del cuarto tramo de transferencias no reembolsables por un monto total de 10.000 millones. Un tramo de ayudas especialmente relevante porque contiene uno de los hitos más complejos del plan: la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones.

Un 90% son préstamos

De los nuevos fondos que movilizará la adenda 84.800 millones (el 90%) se articularán como préstamos en condiciones muy ventajosas, pero que España tendrá que rembolsar a la Comisión Europea transcurridos 30 años. Estos préstamos pagarán el mismo interés que los bonos UE por lo que, en principio, le resultarán más baratos a España que si el Tesoro los emitiera por su cuenta. Además, cuentan con la ventaja de que no computan como déficit, por lo que permitirán realizar inversiones sin la necesidad de añadir presión a las cuentas públicas. 

A los préstamos, se añaden otros 7.700 millones de euros adicionales en transferencias directas y 2.600 millones más para financiera el programa RepowerEU, con el que se pretende reducir la dependencia energética de Rusia y acelerar la transición ecológica.

Para que los fondos de la adenda lleguen a la economía real, el Gobierno ha planteado dos esquemas. Por un lado, destinará 28.300 millones de a reforzar los Perte ya aprobados (el 63% procedente de préstamos). Los Perte son los grandes proyectos estratégicos a través de los que se vertebran las grandes inversiones del plan. 

Pero el grueso de los préstamos se empleará para dotar una serie de fondos destinados a fines específicos hasta un total de 66.000 millones. Los más cuantiosos serán uno destinado a las comunidades autónomas, que podrán optar a 20.000 millones. Este fondo lo gestionará el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y se podrá invertir en medidas como vivienda asequible o transporte sostenible.

Además, se movilizarán 32.000 millones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La mayoría de ellos (22.500 millones) se irán a líneas de crédito para financiar inversiones verdes y crecimiento empresarial. También se destinarán 4.000 millones a créditos para promoción de vivienda social en alquiler, otros 4.000 millones para impulsar startups tecnológicas y 1.500 millones para producciones audiovisuales de empresas en España